Corrientes después del sitio II
La victoria del alzamiento no fue bien recibida por las autoridades nacionales y tampoco por los gobiernos de las otras provincias. Importaba una grave ruptura del orden que se intentaba establecer, imponiendo las formas legales por sobre el tradicional empleo de las armas, buscando que prevaleciera el imperio de la ley por sobre el predominio de la fuerza. Quien con mayores acciones se pronunció contra los sublevados fue el gobierno de Entre Ríos, que autorizó a Derqui a instalarse en La Paz, desde donde continuó fungiendo como gobernante, al menos en las comunicaciones sostenidas con Buenos Aires. Del mismo modo, el gobierno del territorio nacional del Chaco propiciaba desde Resistencia, por entonces una colonia, el accionar de los partidarios del gobierno depuesto, mientras diversas voces se alzaban en el Congreso reclamando que se interviniera la provincia de Corrientes, una exigencia de la cual se hacían eco distintos medios de prensa. Es que los rebeldes, circunstanciales triunfadores, descontados sus partidarios a nivel nacional, que también los tenían, estaban relativamente aislados frente a la realidad de conjunto que vivía el país durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, que alcanzaría alturas verdaderamente históricas. Es así que buscando neutralizar las voces que se alzaban en contra suya, a fines de julio, el vencedor circulaba una nota a todos sus parciales donde planteaba un "olvido generoso" afirmando, muy sofísticamente, que "las diferencias pacíficas que han llevado a los hijos de Corrientes al combate, no han roto ni romperán jamás los vínculos que nos hacen hermanos". Poco después, según Mantilla se expidió un decreto "de amplia amnistía 'para borrar los odios y rencores…'", sin embargo en la práctica, más allá de los papeles como quien dice, Hernán Gómez nos habla de la apertura de "un período de persecuciones y venganzas".
¿A quién creerle? ¿A Mantilla, que habla de una "política noble" para completar el triunfo "sobre un enemigo, cuya divisa había sido el exterminio"? ¿O a Gómez? Que narra cómo las elecciones celebradas poco después, dejaron en definitiva todo el poder en manos de los vencedores porque se había tratado de un acto comicial sin participación de los vencidos. Si nos dejamos llevar por lo que dicen las proclamas y los manifiestos oficiales, resulta abonada la primera versión, pero si analizamos los resultados fríos, más allá de las palabras, lo sucedido aparece mucho menos prístino. El gobierno de facto instalado por los revolucionarios, se organizó además militarmente para estar en condiciones de enfrentar cualquier intento de restauración que pudiera producirse. "…se puso a la Provincia en condiciones de defensa para burlar las enmarañadas combinaciones de sus enemigos exteriores..." dice Mantilla, y así entregaron armas a sus parciales y los encuadraron de modo tal de tener "…listo, para cualquier momento, lo que vale más que un ejército: Un pueblo armado…dispuesto a no ceder de su derecho, conquistado a caro precio, bien fuera la Nación entera la que sobre él cayese". Gómez también objeta ese accionar, hablando de la "prepotencia" de los vencedores, que en realidad buscaron explicar las medidas de fuerza que tomaban, "…como si la provincia necesitase de un ejército". Como hace notar este historiador, la Memoria de Mantilla para el año 1878, afirma que "las guardias se hacen como si se estuviese frente al enemigo", habiéndose suprimido el Cuerpo de Serenos para reemplazarlos por Gendarmes, y creándose numerosas unidades y subunidades menores en diferentes puntos de la provincia. Gómez se pregunta entonces "¿para qué organizaba la provincia esta fuerza poderosa, que gravaba sus finanzas y restaba sus hombres a las faenas del trabajo? A su juicio, lo que se buscaba era prepararse para repeler cualquier amago de intervención nacional. En definitiva, por el resto de aquel año - 1878 -, la situación se mantuvo estable porque el pedido de intervención a la provincia no llegó a aprobarse y Derqui abandonó La Paz con destino a Buenos Aires, desde donde marchó a Concepción del Uruguay, designado como miembro del Superior Tribunal de Justicia, lo que necesariamente implicaba que su mandato quedaba extinguido. Mientras tanto, según venimos reseñando, los alzados primeramente armaron una estructura provisoria, con Gregorio Pampín como gobernador, el mismo Mantilla como ministro general, Miguel Morel en Hacienda. Plácido Martínez a cargo de las Milicias y Basiliano Ramírez al frente de la Policía. El resto de los "empleos", los cubrieron con sus parciales. Para dar continuidad a lo logrado, se les hizo entonces necesidad cubrir con un manto de legalidad al poder conquistado con las armas. Para ello buscaron reconstruir la Legislatura, en base a los 7 diputados que habían quedado suspensos, algunos de los cuales eran sus partidarios, dejando subsistir a una minoría federal pero llamando a elecciones, que se descontaban triunfadoras, e incorporar una mayoría propia formada simplemente a partir de la incorporación de los nuevos legisladores por lo que "…nada tendrían que decir… los aliados del usurpador, (Derqui), ya que "continuaba el mismo poder que declararon legítimo". La maniobra resultó exitosa. Los legisladores supérstites aceptaron sumarse y se decidió hacer otro tanto con el Poder Judicial, pero en el Superior Tribunal los rebeldes fracasaron porque de los tres miembros sólo uno aceptó continuar. El doctor Ramón Contreras abandonó la provincia y Cavia se negó a participar. Lo mismo sucedió con los juzgados de primera instancia, en los que sólo un magistrado aceptó continuar. "El 27 de Agosto se instaló el Poder Legislativo" y resultó electo presidente un partidario del golpe, Nicolás Ferré, quien ya integrara la legislatura anterior. Esta apariencia de legalidad, para legitimarse requería "el reconocimiento oficial…por el Gobierno de la Nación", que Avellaneda otorgó el 10 de octubre. A partir de allí, se eligieron el gobernador y vice "propietarios", resultando "…nombrados los mismos distinguidos ciudadanos que lo fueron en 1877, doctor Felipe J. Cabral y Juan E. Martínez". Mantilla realiza una encendida apología de aquel período, afirmando que "la resistencia del pueblo de Corrientes al usurpador… es una de las más bellas páginas de su historia política", un suceso que "…fue grandioso y será el único de su especie en la historia patria". Abunda, diciendo que ese pueblo, "…obligado a empuñar las armas, porque todas las vías legales le fueron cerradas, las coronó con la victoria y, vencedor, las depuso al llamado de orden de la autoridad nacional cuyo jefe era, no obstante, su primer enemigo, pero que, ante todo, era también el presidente de la república…", al que caracteriza como cabeza del "…reinado de la opresión y del escándalo que se llamará en la historia Presidencia de Avellaneda… una segunda presidencia hereditaria, levantada por gobernadores impuestos a los pueblos por el Remington…", contra el cual "El levantamiento de Corrientes… abrió la campaña de la regeneración del país, cabiéndole, una vez más, a dicha provincia, la gloria de ser la vanguardia de las libertades argentinas". Lamenta que "…desgraciadamente, ninguna provincia imitó a Corrientes, y al favor del abandono en que todas quedaron, pudo Avellaneda imponer la presidencia de Roca… la supresión de toda libertad y de toda justicia. El martirio actual de Corrientes, en castigo de su iniciativa de 1878, será el sistema de Gobierno de Roca y cuantos le deban el poder. El año 1880 marca el principio de una época que terminará a balazos o con un nuevo año XX". Un párrafo que transcribimos completo porque, precisamente, aquel año 1880 culminó a sangre y fuego.