Hacia una legislación tendiente a afianzar la justicia
Casi a diario nos encontramos con informes periodísticos respecto a las versiones dadas por imputados en los diversos procesos penales de resonancia pública donde involucran a personas conocidas algunas, otras no tantas, en hechos delictivos tal vez falsamente. Ante este cuadro de situación debemos preguntarnos ¿el imputado puede mentir libremente e involucrar a quien le parezca y de la forma que quiera sin ninguna consecuencia? ¿Y en casi de dar datos valiosos para el descubrimiento de la verdad puede recibir como recompensa la disminución de la sanción penal?
Debemos primero evidenciar lo que dispone nuestra Constitución Nacional. Esta es muy clara disponer prohibición de auto incriminación forzada en el Art. 18 dice. "Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo".
Puede declarar a su favor o no, lo que debe garantizarse es que declare libremente, no en forma obligada.
Esto es regulado y precisado por los códigos procesales en materia penal de la Nación y las Provincias, estas últimas en uso de las facultades reservadas y no delegadas al Congreso de la Nación.
La primera y principal garantía que tiene una persona imputada es saber de qué se lo acusa de las pruebas que existen en su contra que no debe prestar juramento de decir verdad, ni ejercerse coacción o amenazas que tiene derecho a guardar silencio sin que su silencio implique presunción en su contra.
El Artículo 293 del Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes y de las respectivas legislaciones procesales de las provincia y la Nación dispone "el imputado podrá abstenerse de declarar en ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza, ni medio alguno para obligarlo inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos ni reconvenciones tendientes a obtener su confesión. La inobservancia de este precepto hará nulo el acto sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria o penal que corresponda".
Pero el primer supuesto que planteamos es diferente ¿puede mentir? Para ello tenemos distintos abordajes.
I) Si miente sobre los hechos y en esa mentira sólo despliega su fantasía, pero no involucra a nadie más ello es irrelevante porque que de última será o no desacreditada por las pruebas que las debe reunir el acusador o investigador.
II) Pero si miente y en su mentira involucra a terceras personas, atribuyéndole conductas di valiosas o delitos, (por ejemplo, en su relato manifiesta haber sido apremiado por autoridades de las fuerzas de seguridad, o que fue obligado a realizar determinadas conductas y recibió amenazas para hacer o no hacer determinados actos), acciones que constituyen delitos. Esto si resulta relevante.
III) Que en su relato brinde datos verídicos sobre el hecho e involucre a terceras en el hecho que se le atribuye o que su en relato dé cuenta de datos de otros hechos delictivos e involucre a terceras personas. Esto también resulta relevante.
Sobre estas cuestiones queremos exponer sintéticamente a la luz del tratamiento de proyectos de leyes en el Congreso de la Nación (Ley del arrepentido y de la extinción de dominio).
[quote]En líneas centrales la esencia de la figura del imputado arrepentido es la de denunciante o testigo privilegiado con recompensa en la disminución de pena.[/quote]
En la actividad cotidiana el Tribunal que recibe una información de esta naturaleza habitualmente fotocopian las constancias de estas declaraciones para que se investigue si hay delitos, (cumpliendo de lo previsto en el Art. 397 del C.P.P. que obliga a los funcionarios públicos a denunciar cuando en ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de un delito). Con esta investigación abierta se perjudica a las personas involucradas en caso de no verídicas (en el caso de los apremios atribuidos a personal policial estas personas quedan bajo sospecha se abre sumario o se instruye una causa penal a veces si lo detiene y por estar involucrados, mientras no se resuelva en definitiva, no asciende al grado inmediato superior por esa causa y además repercute en su prontuario). Esta situación es la más común y la mayoría de las veces es una mentira usada como estrategia defensiva.
Es acá donde debemos comenzar a cambiar, cuando en su declaración el imputado involucra con conductas delictivas a terceros, eso lo convierte en denunciante y como denunciante debe decir la verdad bajo juramento y en acto separado.
En consecuencia al fotocopiar esas actuaciones y antes de realizar cualquier acto de persecución, el imputado que dio la versión del presunto hecho delictivo debe ratificar sus dichos como denunciante y consecuentemente asumir luego las responsabilidades penales si la denuncia es falsa.
Entonces no es que el imputado pueda mentir a su arbitrio. El imputado tiene el derecho constitucional al silencio y no puede ser obligado a declarar. Eso es algo estricto pero no puede involucrar a terceras personas a su arbitrio. Para corregir esta situación la legislación penal procesal comenzó una evolución con el proyecto de ley del arrepentido y testigo protegido.
En líneas centrales la esencia de la figura del imputado arrepentido es la de denunciante o testigo privilegiado con recompensa en la disminución de pena.
El testigo protegido estricto sensus, o testigo de identidad reservada no está involucrado en ningún hecho delictivo, si lo conoce por percepción directa de su sentidos inteligencia o razonamiento, pero no es cómplice. La diferencia con el testigo común es la protección a su persona respecto de presiones o ataques que pudiere recibir de otras interesadas en que no evidencie ese conocimiento ante autoridades judiciales.
La situación del imputado arrepentido tiene en su génesis que el conocimiento del hecho o dato del hecho delictivo o de otro hecho diferente al que está imputado, fue cuando desarrollaba una función en una organización delictiva que le permitió conocerlo.
a) Si está imputado en un hecho delictivo del que brinda datos, es un delincuente arrepentido (delator). Esta actitud produce una muestra de readaptación, por ello la ley penal en su aplicación reduce su rigor en la escala penal como reconocimiento a esa actitud.
Esto es lo que debemos tener presente al momento de analizar su naturaleza, no es un premio a la delación, es un reconocimiento a su arrepentimiento. Está muy bien, es una confesión voluntaria, admitida desde siempre en el proceso penal y dentro de respecto a la garantía constitucional de la prohibición de ser obligado a declarar contra sí mismo (art. 18 C.N.).
b) Estar imputado por un hecho delictivo y dar datos de otros hechos delictivos respecto de terceras personas o circunstancias fácticas, no vinculadas al hecho o hechos que se le imputan, esto es lisa y llanamente ser testigo de hechos delictivos que tomó conocimiento por sus sentidos por su inteligencia o razonamiento, hace saber es una denuncia y debe asumir las responsabilidades penales si es falsa pero si no lo es puede recibir protección como testigo privilegiado
Son situaciones que analizamos en concreto con el texto de la ley que eventualmente se sancione.
Pero volvamos al planteo inicial, este progreso en el sistema penal-procesal constituye un avance respecto de la eficacia del proceso penal y fundamentalmente en la moralización de este. El imputado no puede tener valores morales diferentes a los valores morales necesarios para la convivencia pacífica y ordenada de la sociedad a la que pertenece. El imputado no debe mentir en el proceso penal, la constitución es clara, la garantía es su silencio; de ninguna manera puede ser la protección a sus mentiras o falsas hipótesis. Admitir eso es ir contra el mandato constitucional expresado claramente en su preámbulo de necesario cumplimiento para el pleno funcionamiento del orden jurídico que propone como estructura central "Afianzar la justicia para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Así se construye la República y esperamos que pronto sea sancionada también la ley sobre extinción de dominio para bienes ilícitamente adquiridos.
(*) Doctor en Ciencias Jurídicas