El ministerio público fiscal hoy

Con la reforma constitucional del año 1994 se incorpora en la Sección Cuarta, con el título "Del ministerio público" el artículo 120 en la Carta Magna, estableciendo el Ministerio Público como órgano independiente con autonomía funcional y autárquica financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. En la Provincia de Corrientes, con motivo de la reforma constitucional realizada en el año 2007, no se incorpora una norma precisa como la reglada en el orden nacional, estando mencionado sin embargo en la Sección Cuarta, dedicado a la organización del Poder el Poder Judicial y de su composición, encontrándose organizada el Ministerio Público a través del Decreto Ley N°21 del año 2000, la cual establece que forma parte del Poder Judicial y goza de independencia y autonomía orgánica funcional. En este sentido, el impulso de la instauración del Ministerio Público y del sistema acusatorio es de antigua data, como así los avatares de su implementación y su funcionamiento, de lo cual numerosos académicos y doctrinarios del derecho se han ocupado informándonos de las virtudes y vicisitudes del sistema.

--- Creo importante recordar siguiendo a doctrinarios autorizados, que en la época histórica se cita la experiencia del sistema acusatorio en Roma y Grecia, diciendo, siguiendo a Luis Giménez de Ansúa, "como en Grecia eran diversos los Estados, las legislaciones también eran diferentes. Las más notables fueron las de Esparta (S. IX) o (S.VIII antes de J.C). La de Atenas (S.VII antes de J.C) y después de Solón (Siglo VI antes de J.C.)". (Eduardo Jauchen -Tratado de Derecho Procesal Penal, Tomo I, Rubinzal Culzoni Editores P.46). Claramente no es mi intención hacer un revisionismo histórico del sistema acusatorio, sin embargo nos trae a la actualidad las dificultades de su instrumentación, como nos informa Claus Roxin en su obra "Pasodo, presente y futuro del Derecho Procesal Penal" en su versión castellana de Oscar Julián Guerrero Peralta, con motivo del sistema acusatorio en Alemania, cuando en el año 1846 se instrumenta un nuevo código procesal penal y el nacimiento de la Fiscalía de Berlín. En su elaboración existieron posiciones encontradas entre los ministros de Legislación a cargo de Savigny y de Justicia a cargo de Von Mühler, que posteriormente quedó a cargo de Von Udden. Nos informa este doctrinario del derecho, que en su tratamiento se proclama por primera vez de manera clara la imparcialidad de la Fiscalía y también se le indica el significado de estos puntos para el respeto público. Desde entonces, ella debería ser guardián de la legalidad también a favor del acusado. Los dos ministros avanzaron aún más y coincidieron en sujetar la policía al control de la Fiscalía. Tan actual son aquellas posturas que nos trae a nuestra realidad, a tal punto que cita este autor que el propio Savigny presento la propuesta al Ministro de Gobierno diciendo "con pleno convencimiento, justamente ambas (…) operaciones de las autoridades de policía están cercanas al riesgo de una infracción legal y la experiencia enseña que no pocas veces los agentes subalternos de la policía se convierten en culpables de tales vulneraciones la noche de salvación del inculpado". La Fiscalía debía ser informada "para tomar medidas de manera inmediata y en cualquier parte donde él lo hiciera, la autoridad de policía debería estar obligada a cumplir específicamente sus órdenes". Aquella postura fue rechazada por unanimidad por el Ministerio del Interior, con la tesis según la cual "El fiscal, con sus facultades de vigilancia de la formalidad del procedimiento querrá paralizar la actividad de la policía y, consecuentemente, convertirse en obstáculo". No obstante este rechazo, acontecimientos políticos de aquella época hicieron que la ley entrara en vigor finalmente el 17 de julio de 1846. De aquella experiencia que nos trae el autor para nuestra actualidad, nos informa que los jueces no debían intervenir de oficio sino únicamente a instancias del fiscal, quien debía velar porque se cumplan en todas partes las disposiciones legales en el proceso penal. El no debía considerar simplemente que ningún culpable eluda la pena sino también que ningún inocente sea perseguido. Establecía claramente también que en adelante la policía debía indagar "cualquier forma de delito", no obstante los juicios tomados por iniciativa de ella, en adelante debían de enviarse al fiscal correspondiente. Es relevante la opinión que nos trae hoy Claus Roxin a través de su obra con su análisis de la relación de la Fiscalía con respecto a la policía en Alemania, inmediatamente nos posiciona con nuestra realidad. Fundamentalmente aquellos aspectos centrales como son el inicio de las actuaciones preliminares, que lo es a través de las unidades policiales en su alta mayoría, a lo que se agrega que es la policía la que opera mucho más cerca de los fenómenos criminales, las cuales sin lugar a dudas son instrumentos de prevención en la lucha contra el delito o el dominio de datos en la investigación criminal, que en el contexto nacional adquiere relevancia al estar las distintas fuerzas policiales y de seguridad del país interrelacionadas mediante el sistema del Convenio Policial Argentino que data del año 1930, es decir, mucho antes del sistema INTERPOL en el cual el país se incorpora en el año 1962 a través de la Policía Federal Argentina, o más actualmente la organización de Europol en la Comunidad Económica Europea.

       

En la Provincia de Corrientes, la policía en su función judicial y auxiliar de la justicia, trabaja con el sistema mixto del Código Procesal Penal y al mismo tiempo con el sistema acusatorio a partir de la Ley Orgánica del Ministerio Publico (Decreto Ley 21/2000), que tiene como funciones, la de actuar en defensa del interés público, los derechos y las garantías de las personas, procura ante los tribunales la satisfacción del interés social custodiando la normal prestación del servicio de justicia y requiriendo la correcta y justa aplicación de la ley y del derecho, para ello actúa con legitimación plena en defensa de los intereses individuales, colectivos o difusos de la sociedad, debiendo velar por la limitación de su ejercicio abusivo o disfuncional y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones constitucionales y legales. Además, son funciones del Ministerio Público Fiscal, las depreparar, promover y ejercitar la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas con arreglo a las leyes, dirigir a la Policía Judicial en general y en los casos particulares, instruyendo especialmente a sus integrantes sobre la intervención obligatoria de los miembros del Ministerio Público Fiscal, Pupilar y de la Defensa, en las actuaciones que se cumplen en sede policial. Entre las atribuciones y deberes también se hallan las de impartir órdenes e instrucciones generales y particulares a los integrantes de la Policía Judicial a través de los Órganos competentes para cada caso, como así ejercer las demás facultades que las leyes le asignen. La Policía de Corrientes hoy debe convivir con los dos sistemas, (mixto y acusatorio) con los avatares propios de trabajar bajo dos autoridades (el Juez de Instrucción y el Fiscal de Instrucción) y al mismo tiempo la implementación de hecho, pretorianamente, mediante directivas del Fiscal, el sistema acusatorio. El código procesal penal vigente en su artículo 64 regula la función del Ministerio Público y dice: promoverá y ejercerá la acción penal en la forma establecida por la Ley y dirigirá la Policía Judicial, que concuerda con la Ley Orgánica del Ministerio Público. Sin embargo, este esquema de trabajo no pocas veces ha colocado y coloca a la policía en una posición delicada ante aquel ciudadano que requiera la inmediata intervención policial ante un hecho que muchas veces es a prima facie y a todas luces un delito de acción pública o para la formulación de una denuncia sobre hechos que lo aqueja con estas características. En función de las directivas impartidas por el Fiscal, el oficial de policía debe previamente requerir instrucciones sobre el particular y no pocas veces recibe directivas contrarias a la situación planteada por el ciudadano que recurre al auxilio policial ante la inmediatez delictiva, lo que implica retardar la atención concreta del caso, que muchas veces son antecedentes o elementos de la comisión de un hecho delictuoso en etapa de investigación preliminar, como son muchas veces los casos de usurpación, donde los dueños no se hallan presentes y el hecho es anoticiado por personas que se hallan a cargo de cuidar el bien. En este sentido, entre los actos de la Policía Judicial reglado en el Código Procesal Penal que es ley procesal vigente, el artículo 186 establece su función y dice: "Por iniciativa propia, en virtud de denuncia o por orden de autoridad competente, la Policía Judicial deberá investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas útiles para dar base a la instrucción. Pero si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, solo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 6". Claramente indica la norma la potestad policial de impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas útiles para dar base a la instrucción. Esta actividad es de alta importancia en la función de prevención del delito, toda vez que ante la noticia de la comisión de un hecho delictuoso, como son los casos de usurpación, o cuando la policía de investigaciones vestidos de civil, observan la presencia de una persona con pedido de captura por autoridad competente, ésta debe actuar de inmediato -ello es ley- haciendo cesar así la comisión de un delito o bien aprehendiendo a aquella persona buscada por la autoridad. Casos como los citados como ejemplo, deben ser apoyados por la autoridad del Ministerio Público con las instrucciones precisas ajustadas a derecho y al mismo tiempo apoyando la actuación en el campo a la autoridad policial, que sin lugar a dudas, siempre resulta una situación de alta exposición, no sólo sobre la propia libertad personal del policía, sino muchas veces el concepto de autoridad y de su propia honorabilidad, que sin pretender que se deje de observar la legalidad de la actuación, es de alta importancia velar por la vigencia de la ley, actuar en defensa del interés público, los derechos y garantías de las personas, en perfecta interrelación y coordinación, todo ello de raigambre constitucional.

(*) Abogado. Especialista en Lucha contra el narcotráfico. Ex Jefe de Policía de Corrientes Dic-2009 Mar-2014.