Cómo actuar en casos de violencia familiar

Desde el año 1995, la provincia de Corrientes cuenta con una Ley de Violencia Familiar (Nº5019) que fue reglamentada tres años, pero su utilidad no está puesta en duda. De hecho, junto con el Protocolo de Actuación de los Distintos Operadores Judiciales y Policiales en Atención de Víctimas de Violencia (Acuerdo Nº25/2013 del Superior Tribunal de Justicia) y la Ley Nacional Nº26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y su Decreto Reglamentario Nº1011/2010, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém Do Pará", conforman la normativa esencial por la que se rigen los funcionarios del Ministerio Público - que además cuentan con la Instrucción Nº39/15 del Fiscal General -, también policías y jueces, para actuar en aquellos casos en los que se denuncie este tipo de delitos. Lo que hace este plexo normativo es fijar procedimientos y medidas cautelares tanto para las Comisarías como para los operadores judiciales y se convirtió en una política pública destinada a solucionar el creciente fenómeno de la violencia, en este caso de género, doméstica o familiar. El mecanismo se inicia cuando una persona denuncia un hecho ante cualquier comisaría, donde los agentes tienen la obligación de tomarla. Lo aconsejable es que se formulen ante las Comisarías de la Mujer y el Menor, pero sólo en aquellas ciudades de la provincia donde se asientan: dos en esta capital, una en Goya y otra en Curuzú Cuatiá. En cualquier caso, el personal policial debe estar en permanente comunicación con los fiscales correccionales y de Instrucción para que le sean impartidas precisas directivas. También pueden denunciarse en las fiscalías Correccionales y de Menores, que en el caso de Capital existen dos, que trabajan por turnos y están ubicadas en Buenos Aires Nº428. En el interior, éstas suelen unificarse con las de Instrucción y están en Saladas (Bartolomé Mitre 895), Bella Vista (Corrientes 870), Goya (Colón 1064), Esquina (San Martín 778), Curuzú Cuatiá (T. L. Pozzi 682), Mercedes (Juan Pujol 1142), Paso de los Libres (Madariaga 614), Monte Caseros (Vicente Mendieta 1246), Santo Tomé (Ángel S. Blanco 432) e Ituzaingó (Entre Ríos 539). Cuando se constatan lesiones, se inicia un procedimiento penal en el que la cuestión del material probatorio para incorporar a la causa es fundamental. Como auxiliar de la Justicia el personal policial, instruido siempre por los fiscales, debe llevar adelante examen médico, entrevista psicológica (realizada por el Cuerpo de Psicólogos del Poder Judicial) e informe socioambiental, con un sondeo vecinal incluido (realizado por el Servicio Social Forense), para que los fiscales formulen un Requerimiento de Instrucción Formal y puedan solicitar al juez de Instrucción, y en carácter de urgente, algunas de las siguientes medidas o todas en su conjunto mientras se sustancia la causa: -Derivación en forma inmediata y previo a requerir la Instrucción Formal, a un facultativo del Cuerpo Médico Forense a fin de constatar tipo y carácter de las lesiones como así también el tiempo de su curación. -Ante la evidencia física o psíquica que presenta la víctima, la verosimilitud de la denuncia efectuada y la situación de violencia que suscite riesgo actual para quien la invoca, solicitar como medida cautelar la restricción de acercamiento a la distancia que el juez estime corresponder y/o exclusión del hogar del violento. -Frente a la posibilidad de que la víctima no tenga alojamiento dentro de su grupo familiar ("familia ampliada"), cuando los casos se producen en la capital de la provincia, derivarla al "Centro de Monitoreo y Contención de Víctimas de Violencia Familiar y de Género" a fin de que sea albergada hasta tanto se resuelva la situación de conflicto. En otras ciudades se articulan decisiones con organismos municipales o provinciales para garantizar este beneficio. -Y ya en la esfera de la judicatura, en el caso de que el magistrado vincule al acusado con el hecho de violencia denunciado, se puede decidir una intervención del "Servicio de Violencia de Género. Dispositivo para Hombres Violentos" en el Hospital de Salud Mental "San Francisco de Asís", de Capital, en los hospitales públicos del interior si no cuenta con recursos, o bien a un profesional de consulta privada. Si, en cambio, no se comprueban lesiones, están llamados a intervenir los Juzgados de Familia. Son las llamadas denuncias "5019" puras y cualquier decisión del magistrado deberá tomar en cuenta también los informes socioambientales y psicológicos practicados en la etapa instructora para ordenar una eventual medida cautelar. Los informes confeccionados por los profesionales del Cuerpo de Psicólogos y el Servicio Social Forense revisten vital importancia, porque evalúan a la víctima y a todo su grupo familiar, y permite conocer al detalle la composición familiar, nivel cultural, económico, etc. Su resultado: un diagnóstico y pronóstico social de la situación familiar de la víctima y propuestas de estrategias de acción.
Instrucción e innovación En 2015, el fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, César Sotelo, fijó un claro criterio de persecución penal con el dictado de la Instrucción General Nº39, que instruye a los fiscales Correccionales, de Menores, de Instrucción y de Cámara para que en aquellos casos donde se traten ilícitos relacionados con la violencia de género "adopten como principio general de actuación la celeridad, inmediatez y especial sensibilidad que la temática requiere (...) la promoción inmediata de la acción penal si correspondiere y profundización de las medidas de investigación posibles". Esta decisión manda que los representantes del Ministerio Público se opongan al otorgamiento de suspensión de juicio a prueba (probation), y que persigan la sanción a los responsables de tales delitos, cuando las circunstancias así lo demuestren a los "efectos de evitar que los hechos anoticiados deriven en consecuencias más gravosas para la integridad de la víctima". Se trata, pues, de un riguroso cumplimiento de la normativa impresa en los artículos 120 y 75 de la Constitución Nacional y la Ley 24.632/96 de Aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como "Convención de Belém Do Pará". Según uno de los considerandos de la medida, el deber "de investigación profunda no se compatibiliza con la adopción de soluciones alternativas, ni con la aplicación de medidas anticipadas - como ser la suspensión de juicio a prueba y algunos acuerdos conciliatorios - que truncan el avance de las diligencias útiles tendientes a descubrir la verdad". Ese mismo año, el fiscal Sotelo participó junto a sus pares de todo el país de las "IV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos", realizadas durante los primeros días de noviembre en San Carlos de Bariloche, donde como miembros del Consejo de Procuradores, fiscales, defensores y asesores generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal resolvieron crear el Observatorio de Género. Este observatorio tiene como misión principal analizar aspectos relativos a la política criminal en materia de violencia de género, formular propuestas de mejoras en los regímenes penales y procesales. Además trabaja para establecer una red de contactos con otros observatorios, con oficinas de Asistencia a la Víctima y con la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Corrientes presente en las V Jornadas de Violencia de Género Los próximos 5, 6 y 7 de julio se desarrollarán en la ciudad de La Rioja las "V Jornadas Internacionales de Violencia de Género. Delitos Conexos. Abordajes" y la "V Reunión de Fiscales de Género", de las cuales participará César Sotelo, fiscal general del Poder Judicial de Corrientes, en su calidad de miembro del Consejo Federal de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, entidad organizadora junto al Ministerio Público de esa provincia de esta nueva edición del encuentro.