Compromiso para regularizar la situación en Ituzaingó

EEl miércoles 27 de abril próximo pasado, después de haber llegado a Ituzaingó, los miembros de la Comisión Directiva, el Gerente Operativo, algunos matriculados locales y el Delegado del Consejo en Ituzaingó, estuvieron reunidos con el intendente de la ciudad, doctor Carlos Piñón, y la mayor parte de su staff de colaboradores. La reunión, que surgió espontáneamente, permitió aclarar varios malos entendidos entre las partes. Así, el Intendente planteó las diferencias que tenía acerca de cuestiones en las cuales veían al Consejo Profesional como un obstáculo para el desarrollo de planes proyectados de regularización de numerosas construcciones en el ejido de Ituzaingó, ya que varios vecinos al enterarse de los trámites obligatorios que debían realizar, solicitaron la intervención del Municipio para abaratar costos indirectos y, por esta razón, el Municipio había dado la posibilidad que los planos se presenten sin intervención del CPIAYA. En este punto, los miembros de la Comisión Directiva aclararon al Intendente que el Consejo, tal como indica la Ley, no cobra a los vecinos ni un solo peso, ya que su deber es actuar como registro de profesionales habilitándolos de acuerdo a sus matrículas para ejercer profesionalmente en el ámbito de la provincia de Corrientes y además que estos profesionales habilitados de acuerdo a ley actúen registrando sus tareas estableciendo el control de responsabilidad que la norma exige al respecto. En este sentido, el profesional presenta honorarios al potencial cliente basándose en tablas de valores mínimos que publica el CPIAYA, y de allí en más surge la libre oferta y demanda del mercado que seguramente en muchos casos determina que sea positiva la respuesta del Comitente y en otros casos que quede latente la posibilidad de recurrir a otro profesional a libre elección dentro de los habilitados por el potencial cliente. Siguiendo con el proceso, y establecidos previamente el importe propuesto y aceptado, refrendada la orden de trabajo entre Profesional y Comitente, surge la liquidación de los honorarios profesionales, de los cuales el matriculado aporta un porcentaje por ley al CPIAYA para su mantenimiento, por tanto es inexacto pensar que el que sea el Consejo quien constituye un sobre costo para el cliente ya que es el profesional el que aporta a partir de sus honorarios. Aclarada esta confusión en la interpretación, el doctor Piñón, intendente de la localidad, solicitó la asistencia y colaboración del CPIAYA, que representa a los matriculados, para elaborar acciones de cooperación mutua con el fin de ayudar y facilitar a la población de Ituzaingó, especialmente la más humilde, para lograr la regularización de las construcciones y su registración. En representación del CPIAYA y en especial de los matriculados de la ciudad, los miembros de la Comisión Directiva solicitaron que toda documentación técnica de obras y mensuras antes de ingresar al Municipio sea verificada la tarea por profesional habilitado pasando previamente por el CPIAYA, y que el Municipio en su calidad de policía de la construcción no procese documentación que no cumpla con este requisito de ley comprometiéndonos, al mismo tiempo, a llevar la inquietud y elaborar acciones que permitan la regularización y registración de las propiedades y sus mejoras. Por último, plantearon que se han detectado trabajos de profesionales que ni siquiera están matriculados en esta provincia, proveniente en su mayoría de la provincia de Misiones, los cuales no tienen vedado el trabajo en la provincia siempre y cuando cumplan con su matriculación de ley. Aclaradas las diferencias, el Municipio se comprometió a promover las acciones solicitadas y el CPIAYA a asistir al Municipio ante cualquier inconveniente en ese aspecto. Es necesario resaltar y aclarar, de igual manera, que desde esta columna semanal no se pretendió nunca poner en duda la honestidad e integridad de cualquier funcionario de esa gestión municipal ya que no es nuestro estilo, demostrado a lo largo de los años, convertirnos en jueces de aquello que no nos corresponde. Antes bien, nuestro interés fue siempre, el cumplimiento de las normas vigentes, el respeto de los derechos de los profesionales matriculados y la protección del ciudadano común que es, en definitiva, aquel por el cual todos trabajamos desde nuestros respectivos lugares. Luego de la reunión con el Intendente, hubo un encuentro con los matriculados, en el que expresaron su satisfacción por la intervención del Consejo en la resolución de esta problemática. Lo importante es entender que es necesario que la obra esté dentro del marco de la ley, esto es registrada en el Consejo y presentada, controlada e inspeccionada por la Municipalidad, en cuanto a todos sus actores profesionales, como protección al propietario y a la comunidad en su conjunto. Cada uno en ámbito de aplicación, el control de la matrícula, por parte del Consejo y el control de la obra misma, por parte del ente municipal. Las áreas de control e inspección garantizan la presencia del Municipio en la vía pública para promover mejores condiciones de seguridad a través de la prevención, la educación, la fiscalización y la aplicación de las normativas. El ente municipal es el que controla el cumplimiento de la normativa sobre seguridad, salubridad, higiene y condiciones de funcionamiento en todos los casos. Si no lo hiciere, ¿Quién garantiza que las obras sean seguras en el amplio sentido de la palabra y que si se efectivicen, las empresas lo hagan en función de las disposiciones oficiales?