La prisión preventiva apariencia de Justicia
Especial para época
El hecho se produjo en una peluquería ubicada por calle Córdoba al 800 de nuestra ciudad. La Policía luego del evento trasladó a los ladrones hasta la comisaría Cuarta. A las pocas horas quedaron en libertad porque el "hurto" no se consumó.
Dijo la víctima, Viviana, propietaria del lugar "Nos disponíamos a cerrar el local cerca de las 21 y en ese momento ingresaron dos muchachos que ofrecían bolsitas de residuos y franelas".
"Uno de ellos me mostró la mercadería que tenía para la venta (trapos, franelas y bolsas de residuos), mientras que el otro comenzó a sacar elementos de la vidriera. No me di cuenta de eso hasta que entró de golpe el novio de una de las empleadas y redujo al que estaba robando. Lo tiró al suelo con las cosas sustraídas".
"No se resistieron y no tenían armas. El chico que estaba en el suelo me decía doñita, yo le voy a pagar lo que saqueé, no llame a la policía".
"Después fuimos a hacer la denuncia hasta la comisaría y terminamos a las 23. Tanto trámite y horas perdidas para que quede todo en un anécdota. Indigna saber que están libres después del trago amargo que pasamos".
"Las denuncias por esos hechos ya no se realizan porque es una pérdida de tiempo. Al no haber violencia o daños graves, nos callamos y seguimos trabajando, porque los delincuentes vuelven a la calle, según manifestaron los efectivos son personas conocidas y que participaron de varios robos en comercios cercanos". (Este fue el relato del hecho y sus circunstancias posteriores (diario época 30 de marzo de 2016).
Primera cuestión ¿Qué pretende la sociedad?
a) Que se cumpla con la Ley, nada más ni nada menos.
¿En qué consiste la aplicación dela pena prevista para el delito?
Consideraciones preliminares necesarias: El Proceso Penal tiene para sí prestigios bien y mal ganados. Cuando la sociedad se irrita por conductas aparentemente delictivas que ocurren en su seno, pide que en forma inmediata se individualice a las autores y que vayan preso pero cuando pasa el tiempo y eso no ocurre se pide que la Justicia actúe y meta preso a los responsables.
Ante este cuadro de situación es muy difícil justificar en la práctica la libertad de una persona involucrada en un delito, aunque todos estemos convencidos de la vigencia constitucional de la presunción de inocencia.
Ante este clamor y como falsa solución aparece la prisión preventiva como instrumento realizador de justicia efectiva bajo el ropaje de medida cautelar.
Para precisar el tema es muy importante delimitar dos niveles de razonamiento, ya que si no los distinguimos resultaría muy difícil ser coherente en las conclusiones.
En un primer nivel tenemos "la necesidad procesal del encarcelamiento " y en un segundo nivel se encuentra "la presentación de una aparente eficacia de la justicia ante la sociedad ".
Veamos primero la necesidad procesal del encarcelamiento. En este aspecto la cuestión está muy clara. La privación de libertad está formalmente legitimada "cuando la persona pueda entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia". Esto resulta corolario del mandato constitucional expuesto en el preámbulo de afianzar la justicia, y que a su vez tiene inferencia con las garantías de presunción de inocencia y la exigencia del debido proceso penal.
Ahora, ¿qué entendemos por entorpecer la investigación? Este argumento en la práctica depende de la eficacia o ineficacia de un tercero que no es el imputado. En virtud de ello podrá decirse que resulta necesaria la privación de la libertad del imputado en los primeros momentos de la investigación a los fines de contar con el plazo necesario para formular el requerimiento de elevación a juicio… pero ¿y después qué sentido tiene?, si se puede comunicar con terceras personas y conseguir la destrucción de los elementos probatorios que él sabe que lo incriminan. Por ello la investigación debe ser rápida diligente para reunir un plexo probatorio necesario para involucrar a una persona como imputado.
Me detendré para precisar puntualmente esta cuestión. La declaración del imputado debe realizarse cuando existan elementos bastantes para sustentar la existencia del hecho y la aparente responsabilidad penal de una persona, de lo contrario no tendría sentido, salvo que le tomemos declaración a alguien persiguiendo su confesión contrariando el sistema constitucional (volviendo al inquisitivo que fue desterrado y excluido vehementemente por el ideario de la república surgida en 1810 y consolidada entre los años 1853 y 1994).
Si queremos sostener el diseño constitucional, debemos tener claro que quien tiene a su cargo la construcción sustentable de la acusación con las pruebas lícitamente obtenidas capaces de producir la destrucción de la presunción de inocencia que toda persona la tiene hasta que se pruebe lo contrario, es el actor penal . Por lo que la adquisición de la prueba debe ser el resultado de la diligencia del acusador investigador.
En este equilibrio de poderes legítimos no se puede privar de libertad a una persona sólo porque puede entorpecer la investigación cuando el investigador no hace nada para reunir los elementos probatorios que necesita.
En el caso del hecho narrado las pruebas estaban en tiempo real y eso es "flagrancia", entonces ¿qué más se debía investigar? A su vez, los mismos autores del hecho reconocían su inconducta sin embargola burocracia y el formalismo pudo más y el proceso sigue su cauce y se continúa investigando.
¿Cuándo llegará la resolución del caso, y si correspondiere la pena pertinente? Tal vez nunca o muy demorado. Eso la sociedad no tolera.
Ahora bien, ¿qué habría pasado si se lo detenía por presunción de fuga? (La otra vertiente de legitimación de detención), ¿cómo podemos asegurar que se va a fugar o que no se va fugar? Es imposible sustituir conductas, es imposible predecir conductas futuras de terceros. Una persona puede tener arraigo, bienes, familia, actividad laboral, sin embargo se puede fugar (en la causa Cromañón es donde se evidencia esta cuestión), demostrando la subjetividad de los argumentos.
Y cuando el trámite del expediente se demora por la investigación, aparece una nueva garantía constitucional que es la del plazo razonable.
Con esta argumentación serán diez días o un mes o más, pero sólo el necesitado de las pruebas es quien debe demostrar el tiempo que le es imprescindible para obtenerlas y por que corren peligro si el imputado recupera su libertad.
No vale entonces esgrimir este fundamento en forma genérica y abstracta para privar de libertad. No es serio que se diga que el imputado puede destruir la prueba si no hay una mínima determinación de ella y/o de cómo el imputado puede obstaculizar su obtención, y menos aún si no se dan razones del tiempo que se necesita. Es por eso que ante este retardo deberían recuperar su libertad por lo que su detención en prisión preventiva sólo sería una apariencia de justicia.
No es menor el resultado del incumplimiento de estas exigencias ya que es muy grave detener a alguien "por las dudas" que pueda entorpecer la investigación cuando la investigación no avanza por negligencia o abandono del acusador. Estamos separando con un débil perfil este supuesto con el de las detenciones arbitrarias del Art. 144 inc. 1 del C.P.
Se debe administrar justicia respetando la libertad ambulatoria ya que se construyen teorías con conceptos evadidos de la realidad. Los operadores judiciales debemos traer a escena lo más importante que es definir el caso condenar, conciliar o absolver.
El proceso penal en sí mismo o como objetivo final no es sustentable. El trámite, el expediente está opacando la luminosa tarea que tiene el Poder Judicial en la República. La víctima, la sociedad no quiere apariencia de justicia, quiere justicia efectiva.
La incertidumbre es lo más nocivo para el imputado y la sociedad.
Con esta premisa debemos optimizar los mecanismos procesales, donde lo importante sea decidirsentenciar.
¿Debemos erradicar a la prisión preventiva como justicia aparente o sostener para que la sociedad vea una justicia efectiva?
¿Cuántos detenidos en un primer momento de la investigación fueron condenados?
¿Cuántos liberados eludieron la acción de la justicia o entorpecieron la investigación?
La República necesita que el juez (la jurisdicción) cumpla su función de "decidir el conflicto penal y aplicar la Ley", no de construir la acusación ni acumular fojas y fojas a un expediente.
Recordemos el mandato constitucional marcado a fuego en el preámbulo "Afianzar la justicia pero también los beneficios de la libertad". Por supuesto esto requiere en forma inmediata un acomodamiento de conceptos procesales centrales.
La acusación debe ser construida por el actor penal con el control del juez penal.
La prisión preventiva, como vertebralmente la dispone el art 282 del C.P.P. de la Provincia sólo debe ocurrir en los límites absolutamente indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la Ley.
La verdad se construye en la investigación y se concluye con la acusación de elevación a juicio. El proceso penal concluye con la definición del caso que es la sentencia no con la prisión preventiva.
Entonces como conclusión sostengamos: la Constitución Nacional requiere un juicio previo basado en Ley anterior al hecho de la causa para imponer una pena, y precisamente esa pena es la manera indiscutida de privar de libertad a una persona.
Por esta razón apliquemos los instrumentos con los que contamos (tanto la Constitución Nacional como la Provincial y la Ley procesal) para afianzar la justicia sin menoscabar los beneficios de la libertad como manda sabiamente el preámbulo de nuestra carta magna. La República lo necesita.