Seguridad pública y derecho policial
Claramente en la República Argentina la seguridad pública ha sido tema de alta atención desde de las diversas campañas electorales propuestas de los distintos candidatos de gobierno, nacional, provincial y hasta los candidatos a intendentes municipales se han involucrado en asuntos de seguridad pública. Más allá de sus propias competencias conforma el sistema del derecho público argentino, siendo en las provincias en quienes reside materialmente por mandato constitucional la responsabilidad de la Seguridad Pública. A partir de este mandato constitucional que establece una forma de gobierno federal donde el poder se halla distribuido en un Estado Federal y un Estado Federado que son las provincias, y en este marco, se dan sus propias instituciones locales a través de las normas dictadas por los poderes provinciales. Así, lentamente en el transcurso del tiempo, el progreso de los pueblos, de la cultura y las instituciones, insípidamente nace el llamado Derecho Policial que tiene su origen en el sistema de normas, reglas y principios que rige la seguridad pública en un país o en un Estado Provincial basado en la Constitución Nacional y los Tratados con Jerarquía Constitucional como ley suprema, y de las constituciones provinciales y leyes orgánicas por la cual las provincias se dan sus instituciones policiales, reglando el conjunto de atribuciones que determina la capacidad y el derecho legal de actuar con respeto y prestancia, que en el derecho administrativo se denomina competencia, cuya observancia es indispensable para una actuación válida y justa, que caracteriza y distingue una institución de otra. (Miguel S. Marienhoff. Tratado de Derecho Administrativo-Abeledo Perrot 2011.Tomp I).
En este concepto de actuar con justeza se distinguen dos elementos distintivos que son la legitimidad del aparato policial institucional, con profunda base ética, y en segundo lugar la efectividad de la acción, que se verá en el logro de la misión que no es otro sino aquel mandato constitucional, en particular en la provincia de Corrientes, de tener bajo su vigilancia la seguridad del territorio, la seguridad sus habitantes, de sus bienes, y actuando en función judicial, de auxiliar de los Tribunales de Justicia. Estos dos elementos - la legitimidad y la efectividad - son dos columnas centrales para el actuar diario y el logro del orden y la paz social, bases fundantes del Derecho Policial. La clave está en el actuar con justeza, con el principio del doblemente estratega, que no es sólo vencer al enemigo, sino además hacerlo amigo, que por su alta dificultad, no siempre es posible, por cuanto se debe diferenciar los casos y se debe tener claro en la faz policial, que el primer deber es la tranquilidad pública por un lado, y por otro, vencer la criminalidad, logrando persuadir y prevenir el delito, y en el caso de su ocurrencia, descubrir sus autores y llevarlo a la justicia para ser juzgados.
En este sentido, el sistema jurídico que regula la seguridad pública se halla subordinada al orden jurídico fundamental del país y de los estados provinciales, así se individualiza en una sola Institución de Policía el poder coactivo del Estado, disponiendo expresamente las normas que debe observarse cuando deba actuar en el territorio de la Provincia, fuera de ella o con respecto de un asunto de competencia federal, bajo los principiosrectores del deber de actuar con respeto a los derechos humanos, con imparcialidad e igualdad en el cumplimiento de la ley, y con total prescindencia de toda motivación política, religiosa o racial, siendo ésta también una regla de conducta establecida en el Estatuto de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Estos principios determinan la claridad de la función policial, que también se hallan receptadas en la Carta Europea de Policía y el Código de Conducta para los encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas (PRAVIA ALBERTO. Las Fuerzas de Seguridad en el procedimiento penal. 1ra Ed. Córdoba: Jurídica Mediterránea. 2008). La Carta Europea de Policía establece como característica de la función policial, la no injerencia de la política, la desmilitarización; el respeto irrestricto a los derechos humanos; la transparencia en la en la actuación policial y el control de sus actividades; la actividad policial sobre el sector de a criminalidad y el monopolio de la fuerza. Mientras que el Código de Conducta para los encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas, surge que la función policial es un servicio público; es representativa de la comunidad; es integrante del sistema penal; tiene una acción pedagógica del valor del derecho en su actuación; es representante del Estado Social y Democrático de Derecho y es tuitiva de los derechos humanos. En definitiva, de este sistema de normas surge el deber de actuar con legitimidad y efectividad, y al mismo tiempo con derecho de cumplir con el mandato constitucional de servidor de la seguridad pública, garantizando a la población el libre ejercicio de los derechos y libertades fundantes de toda comunidad organizada.
(*) Abogado. Especialista en Lucha contra el narcotráfico. Asesor Integral en Seguridad. Ex Jefe de Policía de Corrientes Dic-2009 Mar-2014.