Rousseff se alista para "resistir" el intento destituyente de legisladores

La presidente brasileña, Dilma Rousseff, pidió ayer que sea el pueblo quien juzgue su gobierno y restó legitimidad al juicio político en su contra por el escándalo PETROBRAS, que registró un nuevo avance en cámara de Senadores. Rousseff restó legitimidad al proceso de destitución que enfrenta y sugirió que para "juzgar" su gobierno, que "el juez sea el pueblo" por medio de elecciones. Entretanto se prepara la que será su residencia oficial si es apartada del cargo, el Palacio de Alvorada, donde la Mandataria montará una suerte de gobierno paralelo ya que no reconoce y no transmitirá el mando a su vice, Michel Temer, a quien califica de "golpista". Sus declaraciones tienen lugar un día después que la Comisión de Juicio Político del Senado aprobara por 15 votos contra cinco el avance hacia la destitución y envió la resolución al plenario de dicha Cámara para decidir si aprueba la suspensión por seis meses, que constituye la instancia previa. La aprobación de la denuncia será votada en el recinto el miércoles por los 81 senadores y la suspensión se definirá por mayoría simple. La oposición cuenta con más de 41 votos para suspender por seis meses a la Mandataria, con lo cual asumiría Temer, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), quien desde hace un mes se declaró en rebeldía y apoyó la destitución de su compañera de fórmula en el Congreso. "Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al ‘impeachment’. Sólo quien tiene la legitimidad del voto puede juzgar", dijo Rousseff durante la ceremonia de inauguración de un centro de investigación agrícola de la empresa estatal Embrapa en Palmas, capital de Tocantins (norte). Rousseff reiteró que su destitución es un "golpe" de Estado, porque "no tiene base legal" y porque ella "ni siquiera" participó en los supuestos ilícitos que le imputa la oposición. La denuncia para el impeachment en su contra se basa en maniobras contables, supuestamente irregulares, realizadas en los últimos años y que han sido comunes en los gobiernos de los últimos presidentes brasileños. Rousseff también reiteró que va a "resistir hasta el fin", por lo que no renunciará aunque el Senado decida en los próximos días iniciar el juicio político.