Control republicano
Especial para época En el Estado de Derecho, además de los poderes tradicionales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, existen otros órganos, instituciones y herramientas que fueron creados e incorporados a partir de la reforma constitucional de 1994 para la mayor transparencia y control de los poderes (Ministerio Público, Auditoría General de la Nación, Defensor del Pueblo Derechos de las Víctimas, Protección del Medio Ambiente, entre otros más). Esta nueva estructura del Poder del Estado introduce mecanismos de control recíproco de la actuación de los magistrados funcionarios de la República. Incorpora derechos e instrumenta la participación de los ciudadanos en el control de la gestión del Estado. Así, el Poder Legislativo controla e instrumenta la política del estado mediante la sanción de las leyes, el Poder Ejecutivo es el jefe supremo de la Nación, jefe de Gobierno y responsable político de la administración general del país expide instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes y el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia y el cumplimiento de la ley en los casos concretos sometidos a su decisión. ¿Pero cómo se controla al Poder Judicial? En la esfera del Poder Judicial aparece con fuerza la institución del Ministerio Público creado por la reforma constitucional de 1994 en el Art. 120 que en parte pertinente dice: "Tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la república". Pero qué sucede si el Ministerio Público no cumple adecuadamente con ese control en el proceso penal? La reforma de 1994 trae a la escena del proceso penal a la Víctima del delito. ¿Quién es la víctima y qué puede hacer en el proceso penal? Si buscamos una definición de víctima en el derecho Internacional tendremos que en la Declaración de Naciones Unidas de 1985 se dijo que las víctimas serán "las personas que individual o colectivamente hayan sufrido pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder". La víctima es la persona que padece un sufrimiento físico, psicológico y social a consecuencia de la violencia de una conducta agresiva antisocial, el delito. Si un delito se estructura, en base a un bien jurídicamente protegido y justamente por el hecho delictuoso es vulnerado o violado, la víctima será el titular del bien jurídicamente protegido que ha sido lesionado por un delito. Es la persona que, de modo especial, singular individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporta o a las personas que directamente afecta en caso que el delito suprima al titular.
Postura que es coincidente con la ampliación del concepto de víctima buscando captar también los llamados bienes o intereses jurídicos colectivos atacados por nuevas manifestaciones delictivas (vgr. delitos ambientales), permitiéndose que actúen como tales, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal a todas aquellas asociaciones intermedias cuyo objetivo sea la defensa de ese bien o interés. Tratando de sistematizar, se puede ser a la vez "víctima", "ofendido" y "damnificado" de un delito, sin embargo no siempre es así por ejemplo que en el homicidio, la "víctima" es el muerto, los "ofendidos" y/o "damnificados" son los familiares más cercanos que sustituyen a la víctima a los fines de ejercer sus derechos. A este punto queríamos llegar para destacar la importancia del control de la víctima en el proceso penal y el caso concreto de la muerte del fiscal Alberto Nisman. La Justicia intervino desde el comienzo con una hipótesis razonablemente imposible de justificar como objeto de un proceso penal porque si fuere suicidio no existe hecho delictivo, en consecuencia no hay proceso penal. No se legitima la apertura de una investigación si no hay supuesto de hecho con apariencia delictiva. Si se abre una investigación penal, la legitimación de la persecución se da mediante la hipótesis de un homicidio que era de competencia federal. La fiscalía y la jurisdicción sostenían que era de competencia común o provincial porque era suicidio, entonces no hay proceso ni legitimación de la investigación. Sin embargo las víctimas en el sentido procesal (familiares del muerto) entendían que era homicidio. Con esa calidad, "víctima del delito procesalmente Querellante" (que también indica otra incongruencia, porque si era suicidio no estaban legitimadas como víctimas para ingresar al PROCESO) su actuación fue vertebral y tenaz hasta conseguir que la Justicia ordinaria se declare incompetente y tome como hipótesis válida el posible homicidio. ¿Pero qué habría pasado si la víctima no fuera tenaz en la defensa de sus derechos? y es muy posible que la causa se archivara. Es muy importante saber que la Constitución Nacional permite el control de los poderes de diversas formas. El ciudadano no debe someterse pacíficamente a las arbitrariedades de los poderes, debe buscar la forma de potenciar sus legítimas pretensiones, solamente así tendremos una república en pleno funcionamiento. * Dr. en Ciencias Jurídicas