La seguridad como hito para un estado pujante
La seguridad es un principio que tiene su génesis en la Constitución Nacional y que se fortalece a través de los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional incorporados en la reforma realizada en el año 1994; que sin lugar a dudas impacta en la esenia misma de la política pública, no sólo por ser un tema de interés general, sino también por tratarse de un principio rector para el andar y el hacer del Estado en particular, como del habitante en general. La seguridad está presente en todo momento, actos y acciones que desarrolla la persona en la vida diaria, se trate de un particular, de una empresa o por el Estado; es trascendente y se enmarca en el cuadro de los deberes jurídicos, sea público o privado, y según su impacto podrá tener o no consecuencia jurídica, lo cual claramente acarrea una obligación de previsión a la que se impone una situación de subordinación. Su fundamento se encuentra en los arts. 19, 41, 43, 75, inc. 22 de la CN (El Deber de Seguridad - Antonio José Rinessi. Rubunzal Culzoni Editores- 2007). En el caso de la Provincia de Corrientes está presente en el Art. 169 inc. 19 de la Constitución Provincial. El Código Civil y Comercial en el Art. 1710 establece claramente el Deber de prevención del daño, y dice que toda persona tiene el deber, en cuanto de ella dependa, de evitar causar un daño no justificado; adoptar de buena fe y conforme las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzcan un daño, o disminuir su magnitud (à).
--- Se trata de una regla moderna que incorpora nuestra ley civil y que lleva un claro mensaje a todos sobre el valor seguridad y sobre un modo particular de hacer las cosas. No caben dudas que de la previsión y buena fe de uno estará la seguridad propia y la de terceros, en todos y cada uno de los actos que realicemos en nuestro andar. Sin embargo esta faceta es una cara de la moneda; mientras que en la otra cara de la moneda está el Estado organizado, con su indelegable deber de velar por la vigencia de la ley, su observancia de naturaleza imperativa, la seguridad general, y en particular la seguridad individual y de los bienes de las personas. Es casi imposible, por su naturaleza misma, pensar de otro modo en materia de seguridad. Inmediatamente está presente la seguridad como política pública y elemento de un todo a partir del cual aparecen relaciones de poder, de estrategias y tácticas que garantizan y construyen nuestra libertad para hacer cosas lícitas y soberanas. La fortaleza del poder político que representa la decisión que llevan adelante las manos hacedoras de las Instituciones Policiales como esencia misma de la seguridad; el sistema educativo, entre otras, serán centrales en este andar. El delito criminal es un mal endémico que está presente en diversas latitudes, que impone luchar en todos los ámbitos con la fortaleza de las herramientas que otorga un Estado de Derecho, donde el compromiso y solidaridad ciudadana, el respeto a la autoridad, al funcionario y a la actividad como regla ética de alta importancia, sin lugar a dudas serán elemental al momento de valorar elresultado mismo de la seguridad y de sus efectos. En este aspecto es central la fortaleza y el compromiso ciudadano, del cual se nutre las autoridades y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal la regla sancionada por la Organización de las Naciones Unidas e incorporada en nuestro sistema jurídico a través de la Ley de Seguridad Interior vigente. Entiendo que como posicionamiento de fuerza, que el diseño de una política pública en esta materia debe estar dado a partir del ‘bien seguridad‘ como categoría superior y piedra angular para un diseño en materia de política criminal propiamente dicha. Es erróneo en mi entendimiento posicionarse o referir a la inseguridad como interés primario contra la cual luchar. Se debe hacer a partir del hito clave de la seguridad que es el bien jurídico a hacer valer como bien común, de interés general y de orden público; carácter distintivo y reguladora de las conductas humanas, muy necesarias para la tranquilidad pública y la paz social. Claramente el fortalecimiento de las Instituciones responsables de la Seguridad Pública es de alta importancia, que debe darse en diferentes ámbitos y niveles, con estrategias definidas y proyectadas a largo plazo, con ejes de información respetable para una evaluación oportuna y eficiente de los diferentes fenómenos tendiente a mantener plenamente vigente este principio sagrado que es la seguridad de las personas y sus bienes. Ello indica la necesidad de elaborar anualmente un programa de funcionamiento institucional de la seguridad como bien superior, y proyección de acciones plasmado en un presupuesto general para la seguridad pública, que debe estar enmarcado en una política de estado a largo plazo, de carácter prioritario para el poder político y de la comunidad en general, que debe tener continuidad más allá de los ejercicios o períodos políticos. Debemos tener presente que en la República Argentina se halla vigente la Ley de Seguridad Interior 24.059, a la cual la Provincia de Corrientes se halla adherida; que es una herramienta de conducción política presto para la formulación y puesta en práctica de políticas de seguridad general. Es preciso invertir esfuerzos por todos -Estado y Comunidad- para internalizar la importancia de una política integral en materia de seguridad. En este sentido es esencial la atención y la valoración del personal de las Instituciones responsables de la Seguridad, en los tres momentos trascendentes en la vida del hombre en la fuerza, como es la incorporación, promoción y el retiro, dado la alta importancia de cada uno de estas etapas en la vida de las personas y su entorno. Todo habitante de nuestro suelo patrio aspira a vivir en un Estado pujante, donde pueda desarrollarse integralmente, siendo la seguridad un bien trascendental, para lo cual el poder político y sus instituciones deben ser eficientes en su accionar y al mismo tiempo instalar férreas actitudes y conductas ciudadanas solidarias con acento en la plena vigencia de los valores, garantías y derecho de sus habitantes. (*) Abogado. Especialista en Lucha contra el narcotráfico. Asesor Integral en Seguridad. Ex Jefe de Policía de Corrientes Dic-2009 Mar-2014.