Ley penal juvenil: Corrientes apuesta a una estructura que ya existe

La entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil abrió en la provincia de Corrientes una etapa de adecuación institucional. La Ley 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y bajó de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad, pero modificó el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes, con proceso penal, medidas alternativas, límites a la prisión y una mirada socioeducativa.

El contraste con la provincia de Buenos Aires quedó instalado dos días después. La jueza de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, dispuso una suspensión cautelar de 60 días por dificultades de infraestructura y alojamiento.

En tanto que en Corrientes, recientemente una nutrida delegación de jueces y autoridades del Ejecutivo recorrió el Instituto Penal Juvenil provincial en el marco de la aplicación de la nueva normativa.

Una reforma integral

El cambio más visible es la reducción de la edad de imputabilidad. Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser imputados por delitos previstos en el Código Penal, ingresar a un proceso formal y ser juzgados bajo reglas específicas. El informe jurídico señala que los jóvenes de 14 y 15 años abandonan la inimputabilidad absoluta del régimen anterior.

La reforma reemplaza el esquema tutelar vigente durante más de cuatro décadas por un sistema basado en debido proceso, garantías y respuestas graduadas. Para hechos con penas de hasta tres años no se permite prisión efectiva y deben aplicarse medidas socioeducativas o restaurativas, como educación, capacitación laboral, trabajos comunitarios, prohibiciones de contacto y monitoreo electrónico. Para delitos de entre tres y diez años, la privación puede sustituirse bajo condiciones. En los más graves puede existir prisión efectiva, pero no perpetua: la pena máxima es de 15 años. El alojamiento debe ser en centros especializados, separados de adultos.

Corrientes, con base previa

Ese esquema encuentra en Corrientes una infraestructura previa. Desimoni remarcó que el Centro de Contención Juvenil, junto a la Unidad 6 de Procesados, fue inaugurado en 2013 bajo estándares de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

"Nosotros tenemos el ámbito, el centro de contención juvenil", explicó el Ministro. Y agregó que "la provincia de Corrientes trabajó en su momento como una de las provincias, cuatro o cinco provincias, que trabajaron en un programa para atender precisamente esta cuestión de ley penal juvenil".

La inspección del 7 de septiembre reunió al presidente del STJ, Guillermo Horacio Semhan; al ministro Alejandro Alberto Chaín; jueces de Familia, Niñez y Adolescencia y autoridades provinciales. La recorrida permitió observar el instituto y coordinar la intervención de los organismos.

La separación de adolescentes y adultos es central. "Los menores no pueden estar alojados por esta ley en el mismo lugar que los adultos", planteó Desimoni. El objetivo es que el instituto quede "exclusivamente para ese ámbito".

También, cambiará la lógica interna. La custodia exterior estará a cargo del Servicio Penitenciario, pero dentro del establecimiento "ya no va a haber más penitenciarios, sino que van a haber cuidadores, psicólogos, asesores", en un esquema similar al de los hogares. La administración interna quedará vinculada a Niñez y Adolescencia.

Justicia especializada

Otro desafío será institucional. Desimoni anticipó que, transitoriamente, el Superior Tribunal estableció la competencia de los jueces de familia, pero que en el futuro deberán crearse y concursarse cargos para juzgados penales juveniles especializados. "Esta justicia es una justicia especializada", sostuvo. También serán necesarios equipos y capacitación. El Ministro insistió en que la aplicación ya no es una cuestión a debatir: "La discusión ya se dio, se dio en el Congreso, se opinó, etcétera, a favor y en contra, pero hoy es ley y por lo tanto es de cumplimiento obligatorio". También, señaló que "cada provincia tiene que estar aplicando" la norma, aunque reconoció el problema federal: "Cada vez que modifica algo, los recursos no son enviados" en proporción a las nuevas obligaciones.

El desafío excede la infraestructura. La nueva ley propone que el encierro sea una herramienta para los hechos más graves y que el resto privilegie reparación, educación y reinserción. "La justicia penal juvenil no es una justicia esencialmente punitiva", afirmó Desimoni. "No se busca solamente la sanción", sino una respuesta "restaurativa, socioeducativa".

"Hay que intentar, por supuesto, recuperarlo para la sociedad, para su reinserción", sostuvo el Ministro al referirse a los adolescentes de 14 años.

El objetivo es que puedan cumplir la sanción, pero también "tener una educación", acceder a actividades y oficios y luego "reinsertarse en la sociedad y ser una persona útil".

Mientras Buenos Aires abrió un compás de espera por sus déficits, Corrientes comenzó el régimen con un instituto existente y coordinación institucional. La prueba será convertir esa ventaja en un sistema especializado que cumpla con la ley y sus estándares de protección.