Corrientes avanza con el nuevo régimen penal juvenil
El STJ y funcionarios del Poder Ejecutivo recorrieron las instalaciones de albergue para jóvenes en conflicto con la ley penal para evaluar su adecuación. El esquema transitorio ya rige y articula la normativa nacional con la Ley 6.736.
Corrientes avanza en la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de Justicia Penal Juvenil, un proceso que se implementa en coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo provinciales para adecuar procedimientos, estructuras y espacios destinados a adolescentes en conflicto con la ley.
En ese marco, los ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Horacio Semhan, y Alejandro Alberto Chaín participaron ayer de una inspección al Instituto Penal Juvenil, junto con magistrados, funcionarios judiciales y autoridades provinciales. La recorrida permitió observar las condiciones del establecimiento y analizar los requerimientos que plantea la implementación del nuevo esquema.
Por el Ejecutivo provincial participaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José López Desimoni, y el subsecretario de Derechos Humanos, Manuel Cuevas, además de directivos y personal del Servicio Penitenciario y de la Policía de Corrientes.
La inspección se produjo pocos días después de la entrada en vigencia del Régimen Transitorio de Implementación del Sistema de Justicia Penal Juvenil dispuesto por el STJ.
El máximo tribunal provincial aprobó el 11 de agosto, mediante el Acuerdo Extraordinario Nº5/26, un mecanismo transitorio que comenzó a regir el 1 de septiembre. La medida permite aplicar el nuevo modelo mientras se completa la estructura especializada prevista por la legislación provincial.
El régimen correntino articula las disposiciones de la Ley Nacional 27.801 con la Ley Provincial 6.736, que creó el Sistema de Justicia Procesal Juvenil. La transición responde a la necesidad de avanzar en la puesta en funcionamiento de los cargos y organismos especializados contemplados por la normativa local.
Por ese motivo, el STJ estableció una modalidad provisoria que permite comenzar a aplicar el esquema sin esperar la conformación total de la estructura definitiva. Las funciones son asumidas temporalmente por magistrados que ya se encuentran en actividad.
Jueces con intervención especializada
Uno de los principales cambios está relacionado con la intervención judicial. Los magistrados designados actuarán como Jueces Penales Juveniles Transitorios cuando una persona menor de 18 años sea imputada por un delito.
Para esta primera etapa se recurrió principalmente a jueces que se desempeñan en el fuero de Familia, Niñez y Adolescencia, debido a su experiencia en protección integral, escucha especializada, intervención familiar y abordaje interdisciplinario.
En Capital y Goya, donde existe más de un magistrado comprendido en el sistema, la asignación se realizará mediante turnos de 15 días. A su vez, cuando un adolescente tenga más de un proceso penal juvenil, se procura garantizar continuidad en la intervención: tendrá participación el juez que haya prevenido en el expediente más antiguo.
La decisión busca evitar la fragmentación de los casos y favorecer una mirada integral sobre la situación del adolescente, más allá del hecho que haya originado la intervención judicial.
177 legajos en tres años
El proceso de implementación también se apoya en información estadística elaborada por el Poder Judicial. Un relevamiento correspondiente al período 2024-2026 registró 177 legajos vinculados con conflictividad penal juvenil en toda la provincia.
El número permite dimensionar el universo sobre el cual se diseña la respuesta institucional, aunque no equivale a la cantidad de adolescentes condenados ni significa que todos los expedientes correspondan a delitos de igual gravedad.
La distribución de los casos tampoco fue uniforme entre las circunscripciones judiciales. Esta situación fue considerada al diseñar una aplicación gradual y flexible, capaz de adaptarse a las características de cada jurisdicción.
La implementación contempla además una diferenciación respecto de los expedientes que ya estaban en trámite.
Los procesos penales juveniles iniciados antes del 1 de septiembre continúan bajo las reglas vigentes al momento de su inicio hasta su finalización. El régimen transitorio alcanza a los nuevos procesos iniciados desde esa fecha.
De esta manera, la modificación no supone un cambio automático para las causas que ya estaban judicializadas, sino una transición progresiva hacia el nuevo modelo.
La modalidad transitoria se mantendrá hasta que comiencen a funcionar efectivamente los cargos y estructuras especializadas definitivas contempladas por la Ley 6.736 en cada circunscripción.
Justicia restaurativa
Otro de los componentes del nuevo modelo es la Oficina de Justicia Restaurativa, que tendrá a su cargo el acompañamiento y seguimiento de medidas restaurativas, socioeducativas y comunitarias.
El organismo también podrá promover prácticas restaurativas dentro del Poder Judicial y articular acciones con áreas de salud, educación, desarrollo social, tratamiento y asistencia.
El objetivo es que la respuesta frente a una infracción no quede limitada al ámbito estrictamente judicial y pueda contemplar herramientas destinadas a la responsabilización, la reparación y la reinserción social.
El sistema prevé además la posibilidad de contar con supervisores especializados cuando una medida o sanción requiera seguimiento individualizado.
La puesta en marcha incluye un programa de capacitación inicial y permanente destinado a jueces, funcionarios, integrantes del Ministerio Público, oficinas judiciales, equipos interdisciplinarios y demás operadores.
Una transición que exige coordinación
La inspección realizada en el Instituto Penal Juvenil expuso una de las dimensiones más concretas del proceso que atraviesa Corrientes. La aplicación del nuevo sistema no depende solamente de la entrada en vigencia de una norma, sino también de la articulación entre jueces, fiscales, defensores, equipos interdisciplinarios, organismos de derechos humanos, autoridades penitenciarias y áreas del Ejecutivo.
El desafío inmediato consiste en consolidar el esquema transitorio mientras se avanza hacia la estructura definitiva prevista por la legislación provincial.