Deudas y derecho a la salud

Una persona atraviesa una enfermedad grave, depende de una medicación, cirugía, diálisis o rehabilitación y descubre que su cobertura médica fue dada de baja por falta de pago. ¿Puede una entidad interrumpir la atención porque se adeudan cuotas? La respuesta exige distinguir. La deuda puede existir y debe ser afrontada, pero la baja no es automática ni puede ejecutarse de cualquier manera. Cuando están comprometidas la continuidad del tratamiento, la salud y la vida, las formalidades, la buena fe y la proporcionalidad adquieren una importancia decisiva.

Para las empresas de medicina prepaga, la Ley 26.682 establece que el contrato solamente puede rescindirse por falta de pago cuando se adeudan, como mínimo, tres cuotas consecutivas. Pero no alcanza con que la empresa registre internamente esa deuda. Luego de configurada la mora exigida, debe intimar fehacientemente al usuario para que regularice el pago dentro del plazo legal. La Resolución 163/2018 precisó, además, que la relación continúa si no se envió correctamente esa intimación, si las cuotas se pagan dentro de los diez días hábiles concedidos o si, antes de la comunicación fehaciente de la rescisión, el afiliado cancela las tres cuotas debidas.

Una baja por una sola cuota, por períodos no consecutivos, sin la intimación exigida, sin otorgar el plazo correspondiente o sin notificar la rescisión puede ser impugnada. La empresa debe demostrar que cumplió cada paso del procedimiento.

Ahora bien, ¿qué ocurre si verdaderamente existían tres cuotas impagas y la prepaga cumplió las formalidades? La enfermedad no extingue la deuda ni convierte por sí sola al contrato en gratuito. Sin embargo, el análisis no necesariamente termina allí. Los contratos deben ejercerse de buena fe y la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Si la empresa conocía que el afiliado atravesaba un tratamiento indispensable y que su interrupción podía ocasionar un daño irreparable, un juez puede ponderar si la decisión fue razonable, si existían alternativas menos lesivas y si correspondía preservar provisionalmente la cobertura mientras se discutían la deuda y su forma de pago.

El derecho a la salud está ligado con el derecho a la vida y posee tutela constitucional y convencional. Esa protección no permite desconocer toda obligación económica, pero impide reducir el conflicto a una simple cuenta comercial. El tiempo médico no es neutro, interrumpir una diálisis, demorar una cirugía cardíaca, suspender una medicación o cortar una terapia esencial puede producir consecuencias que ningún pago posterior logrará revertir.

Por eso, ante una baja de esta naturaleza, la vía urgente suele ser la acción de amparo acompañada de una medida cautelar. Su objetivo inmediato no es obtener dinero, sino restablecer la afiliación y asegurar la continuidad del tratamiento mientras se resuelve el conflicto. El paciente debe acompañar la historia clínica, la indicación del oncólogo, el cronograma terapéutico, las autorizaciones anteriores, la constancia de la baja, las facturas, las intimaciones y los comprobantes de pago disponibles. También resulta fundamental demostrar que la entidad conocía el diagnóstico y la urgencia. Si antes autorizó estudios, medicación o sesiones de tratamiento, esos antecedentes son una prueba particularmente valiosa.

Además del restablecimiento de la cobertura, puede existir un reclamo de daños y perjuicios. El amparo procura detener la lesión actual; la demanda indemnizatoria busca reparar las consecuencias ya producidas. Pueden reclamarse los gastos afrontados por medicamentos, consultas, estudios, traslados o internaciones; la pérdida de ingresos; y las consecuencias no patrimoniales derivadas de la angustia, el desamparo y la incertidumbre.

En los supuestos más graves también podría reclamarse la pérdida de chance, cuando la conducta de la entidad redujo una probabilidad real de obtener un mejor resultado médico. Para probarla será indispensable una pericia que vincule la demora o interrupción con esa disminución de posibilidades.

¿Y puede reclamarse daño punitivo? Sí, pero no corresponde automáticamente ante cualquier baja irregular. La multa civil del artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor busca sancionar y prevenir conductas especialmente reprochables. La jurisprudencia suele exigir algo más que un incumplimiento: dolo, culpa grave, indiferencia manifiesta frente al daño, abuso de poder, reiteración de negativas o la búsqueda de un beneficio económico a costa de derechos esenciales.

Ante una enfermedad grave, ese "plus" podría configurarse si la entidad conocía la situación y, pese a ello, ejecutó una baja manifiestamente irregular; ignoró reiteradas intimaciones; dejó sin respuesta pedidos médicos urgentes; continuó negando la cobertura aun después de acreditado el pago; o utilizó la rescisión como mecanismo de presión para el cobro, sabiendo que la interrupción ponía en riesgo concreto al paciente. En cambio, afirmar solamente que hubo deuda y baja, sin demostrar la gravedad adicional de la conducta, puede no ser suficiente para obtener esta sanción.

La prueba es clave. Hay que conservar correos, mensajes, números de reclamo, cartas documento, facturas, recibos, capturas, constancias de la Superintendencia de Servicios de Salud y todo gasto afrontado. Los reclamos deben realizarse por escrito: una conversación telefónica deja al afiliado en una posición débil si luego debe demostrar qué pidió y qué respondió la entidad.

También es aconsejable formular de inmediato el reclamo ante la Superintendencia de Servicios de Salud. La intervención administrativa puede contribuir a recuperar la prestación, aunque no reemplaza la medida judicial cuando el tratamiento no admite demoras ni resuelve, por sí sola, la reparación económica de los daños.

Las cuotas impagas no desaparecen porque el afiliado esté enfermo y las entidades conservan el derecho de reclamar su crédito. Pero eso no las habilita a omitir el procedimiento, desconocer la vulnerabilidad del paciente ni tratar la interrupción de una prestación vital como la suspensión de cualquier servicio. Una baja administrativa puede tener consecuencias humanas irreversibles.

La deuda se puede reclamar, refinanciar y, en su caso, cobrar judicialmente. La salud perdida, en cambio, muchas veces no puede recuperarse. Por eso, cuando la continuidad de una prestación resulta indispensable, la legalidad de la baja debe examinarse con el máximo rigor: el derecho a cobrar nunca puede ejercerse con indiferencia frente a la vida.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria