Investigan un desvío en comedores
La Justicia investiga el manejo de fondos destinados a la alimentación escolar en Concordia. Hay siete personas imputadas y una suma superior a los $100 millones bajo análisis.
La Unidad Fiscal de Concordia, encabezada por la fiscal Daniela Montangie, investiga a siete personas por un presunto esquema de desvío de $103.738.136 destinados a la alimentación de alumnos de 37 escuelas. Entre los imputados está Silvina Murúa, excoordinadora de la Dirección de Comedores de Concordia, junto con otras personas vinculadas a la administración de los fondos y a proveedores.
La investigación se concentra en el funcionamiento de las tarjetas de compra SIDECREER, utilizadas para adquirir alimentos destinados a desayunos, almuerzos y meriendas. Una auditoría detectó diferencias entre las facturas y los remitos correspondientes a los establecimientos incluidos en el análisis.
Según la hipótesis de los investigadores, Murúa habría actuado junto con sus hermanos Adrián y Vanesa y su cuñado Esteban Godoy. La pesquisa sostiene que se habrían utilizado mecanismos de "intimidación o persuasión" para que los responsables de los comedores realizaran sus compras en una empresa determinada.
La firma señalada es Ahora Voy SRL, perteneciente a los hermanos Iñaki P. y Martín P.. De acuerdo con la investigación, algunas tarjetas con fondos superiores a $1 millón habrían quedado en poder de personas vinculadas a la empresa. Además, otro individuo habría trasladado dinero en efectivo a Murúa.
Las auditorías detectaron distintos indicadores que despertaron sospechas. Entre ellos aparecen aumentos injustificados en la cantidad de alumnos declarados, diferencias entre las partidas asignadas y las necesidades reales y casos en los que una partida completa era gastada en un solo día.
También se observó una concentración de compras en apenas tres proveedores y anomalías en los registros de los menús. En uno de los episodios que forman parte de la pesquisa, los responsables de algunos establecimientos primero señalaron que determinados cuadernos habían sido destruidos por roedores y luego presentaron nuevos cuadernos con remitos confeccionados recientemente.
El expediente tiene además un antecedente. En una auditoría realizada en junio de 2025 sobre 21 establecimientos se habían detectado $66.143.225 cuyo uso no estaba adecuadamente justificado. Ese episodio terminó con la remoción de Murúa por parte del gobernador Rogelio Frigerio.
El impacto del caso adquiere otra dimensión por la situación social de Concordia. Según los datos de la EPH del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, la ciudad registró un 49,9% de pobreza y un 13,6% de indigencia.
Murúa, por su parte, niega responsabilidad y sostiene que fue quien denunció las irregularidades. La investigación judicial deberá determinar ahora si existió una maniobra organizada, quiénes participaron y cuál fue el destino de los fondos que debían utilizarse para alimentar a los alumnos.