El derecho a las estrellas

Hubo un tiempo, no tan remoto, en que un corte de electricidad cambiaba la escala del mundo. Niños, adultos y ancianos salían al patio, a la vereda o a la ventana y, mientras aguardaban el regreso del servicio, miraban un cielo que la luz urbana solía ocultar. Allí buscábamos estrellas, constelaciones, galaxias que apenas podíamos nombrar y también sueños.

La escena encerraba una paradoja de aire borgiano: cuando fallaba por unos minutos la red moderna, reaparecía otra red, infinitamente más antigua, hecha de puntos luminosos y relatos.

El cielo estaba siempre allí, pero necesitábamos que la ciudad se borrara para advertirlo.

No se trata de añorar los apagones. La electricidad es un servicio esencial: sostiene hogares, hospitales, comercios, industrias, comunicaciones, tránsito y seguridad. Su ausencia produce daños y profundiza desigualdades. La pregunta, por lo tanto, no es si debemos elegir entre progreso y oscuridad. La pregunta es más concreta y más incómoda: ¿cuánta de la luz que producimos cumple realmente una función y cuánta se pierde, nos encandila, invade una vivienda o termina iluminando el cielo?

La noche que dejamos de ver

La contaminación lumínica no es toda iluminación nocturna. Es la alteración de la oscuridad natural por luz artificial excesiva, mal orientada, encendida durante más tiempo del necesario o de una composición inadecuada. Se manifiesta como resplandor sobre las ciudades, luz que entra en dormitorios ajenos, deslumbramiento y saturación visual.

La diferencia importa. Una luminaria bien diseñada permite ver una vereda; una luminaria defectuosa también alumbra ventanas, fachadas, árboles y atmósfera. La primera presta un servicio. La segunda mezcla utilidad con desperdicio y traslada costos a personas que no participaron de la decisión.

El fenómeno ya puede medirse. Un atlas mundial publicado en 2016 estimó que más del 80 por ciento de la población vive bajo cielos afectados por luz artificial y que la Vía Láctea es invisible para más de un tercio de la humanidad. Años más tarde, observaciones realizadas por ciudadanos entre 2011 y 2022 indicaron que el brillo del cielo percibido por el ojo humano habría aumentado, en promedio, cerca de un 9,6 por ciento anual. No significa que todas las ciudades crezcan al mismo ritmo, pero sí que el deterioro puede avanzar mucho más rápido de lo que suponemos.

La pérdida no es solamente astronómica o estética. La luz nocturna altera ciclos de actividad, migración, alimentación y reproducción de insectos, aves, murciélagos y otras especies. En las personas, la evidencia obliga a ser prudentes: importan la intensidad, el horario, la duración y el tipo de exposición.

No corresponde convertir cada asociación científica en una sentencia alarmista. Pero tampoco es razonable ignorar que la noche forma parte del ambiente y que su transformación merece prevención.

El costo de iluminar de más

La luz que no sirve no es gratuita. La electricidad que se proyecta hacia arriba, queda encendida en un espacio vacío o excede las necesidades del lugar se paga en la factura, en tasas, en impuestos o en presupuestos públicos. También se paga mediante mantenimiento, reposición de equipos e infraestructura destinada a sostener una demanda evitable.

Conviene distinguir tres cosas. Una lámpara puede ser eficiente porque entrega mucha luz con poca energía. El sistema puede ser ineficiente si esa luz no llega al lugar útil. Y el servicio puede resultar inadecuado si ilumina por debajo o por encima de lo necesario. Un artefacto led de última generación, instalado con potencia excesiva, sin pantalla y encendido toda la noche, sigue siendo una mala solución.

La tecnología led redujo el consumo por unidad de luz, pero no garantizó por sí sola una caída del consumo total. Cuando iluminar se vuelve más barato, suelen multiplicarse los puntos, las superficies, la intensidad o las horas de encendido.

Es una versión contemporánea del efecto rebote: la mejora técnica abarata el servicio y, si no existe una política de diseño, termina estimulando su expansión.

Por eso, la etiqueta de eficiencia energética es necesaria, pero insuficiente. Informa cuánto rinde un producto; no siempre explica cómo distribuye su haz, cuánto deslumbra, qué proporción envía por encima de la horizontal ni qué ocurrirá cuando se lo instale en una calle, un cartel o una fachada. La verdadera unidad de análisis no es la lámpara aislada, sino el servicio luminoso completo.

Cuando el consumidor no elige

En una vivienda, el usuario puede decidir parte de la iluminación exterior: potencia, orientación y horario. En el alumbrado público, en cambio, el vecino no selecciona luminarias, no define su ubicación y no controla el contrato de mantenimiento.

Recibe una decisión adoptada por el municipio, la empresa prestadora o el concesionario, y con frecuencia participa de su financiamiento sin contar con información sencilla sobre consumo, fallas o resultados.

Esta diferencia evita cargar toda la responsabilidad sobre el individuo. Pedir hábitos sustentables es razonable cuando existen opciones accesibles y datos claros. Pero no puede exigirse al consumidor que corrija una fotometría que desconoce, una compra pública en la que no intervino o una red urbana que no puede modificar.

La Constitución argentina ofrece una respuesta que suele leerse en capítulos separados. El artículo 41 protege el ambiente y exige el uso racional de los recursos. El artículo 42 protege la salud, la seguridad, la información y los intereses económicos de consumidores y usuarios.

Frente a la contaminación lumínica, ambos mandatos se encuentran: desperdiciar energía puede dañar el ambiente, encarecer el servicio, invadir hogares y reducir, por deslumbramiento, la visibilidad que se pretendía mejorar.

El Estado y los proveedores tienen, por eso, una responsabilidad anterior a la del usuario: diseñar bien, informar lo relevante, contratar con criterios verificables y controlar el desempeño real. No alcanza con anunciar que una ciudad fue reconvertida a led. Hay que saber cuánto consumía antes, cuánto consume después, qué niveles entrega, dónde se dirige la luz y qué reclamos genera.

Una discusión que ya llegó al derecho

La contaminación lumínica puede parecer un asunto nuevo, pero el derecho argentino ya contiene herramientas. El Código Civil y Comercial incluye expresamente la luminosidad entre las inmisiones que no deben superar la normal tolerancia entre vecinos. En 2025, la justicia civil de Morón aplicó esa regla frente a luminarias que afectaban una propiedad lindera y confirmó una medida destinada a remover la fuente de la perturbación.

El caso resuelve un conflicto concreto, no el resplandor de una ciudad entera. Sin embargo, deja una señal importante: una autorización administrativa no convierte en tolerable cualquier luz intrusa. Cuando la iluminación invade un dormitorio, altera el uso de un inmueble o hace previsible un daño, existen deberes de prevención.

También hay normas locales y provinciales que protegen cielos astronómicos o regulan iluminación exterior. Rosario, San Juan y Malargüe ofrecen antecedentes con alcances distintos.

Esa diversidad demuestra que la cuestión puede regularse, pero también revela una geografía fragmentada.

En abril de 2026 ingresó al Senado el proyecto S-593/26, orientado a establecer presupuestos mínimos para preservar la calidad del cielo nocturno y prevenir la contaminación lumínica.

La oportunidad es valiosa: una norma nacional podría fijar definiciones, criterios de emisión, protección reforzada para zonas sensibles, reglas de información, compras públicas responsables y mecanismos de control, sin sustituir la gestión municipal de cada punto de luz.

Hablar de un derecho a las estrellas no exige inventar una prerrogativa absoluta a la oscuridad. La expresión funciona como una síntesis cultural y jurídica: el ambiente sano también posee una dimensión nocturna; el paisaje, la ciencia, la biodiversidad, el descanso y el uso racional de la energía son bienes que el ordenamiento ya reconoce por distintas vías.

Iluminar mejor

La solución comienza por una idea sencilla: poner la luz apropiada, en el lugar apropiado y durante el tiempo apropiado. Antes de reducir iluminación útil conviene eliminar el flujo que se escapa hacia arriba, orientar el haz, apantallar artefactos, corregir deslumbramientos y revisar instalaciones que permanecen encendidas sin destinatario.

Después corresponde adecuar niveles y horarios a la actividad real. Una avenida, un cruce escolar, una plaza, un hospital y un área natural no requieren la misma respuesta. La zonificación, los reguladores de flujo, los sensores y la programación horaria permiten adaptar la prestación sin tratar a toda la ciudad como si tuviera el mismo riesgo a toda hora.

La compra pública es decisiva. Los contratos deberían evaluar no solo el precio y la potencia del equipo, sino también su distribución luminosa, mantenimiento, vida útil, posibilidades de regulación y costo total. Una luminaria barata puede resultar cara si desperdicia energía, falla pronto o obliga a reemplazarla antes de tiempo.

También hace falta información pública. Un inventario de luminarias, consumos, horarios, fallas, mediciones y reclamos permitiría comparar promesas con resultados. Sin datos, la eficiencia se reduce a una consigna; con datos, se convierte en una política controlable.

El límite es la seguridad pública

Hay, sin embargo, una frontera que ninguna política de ahorro puede cruzar. La reducción del consumo de energía eléctrica no debe poner en riesgo la seguridad pública. Calles, cruces, veredas, paradas de transporte, escuelas, hospitales, rutas y espacios de uso nocturno necesitan niveles adecuados, mantenimiento y continuidad. El ahorro termina donde comienza una afectación concreta e injustificada de la seguridad de la población.

Este límite no consagra un derecho a iluminar sin medida. Más luz no equivale siempre a más seguridad. El encandilamiento, los contrastes extremos y la mala uniformidad pueden impedir ver a una persona o un obstáculo aunque aumente la potencia instalada. La seguridad depende de la calidad de la visión, no de la cantidad bruta de luz.

La decisión razonable exige evaluar cada lugar. Primero deben corregirse el desperdicio, la orientación y el deslumbramiento. Luego pueden ajustarse potencia y horarios con controles graduales.

En puntos críticos, toda reducción debe estar respaldada por un análisis de riesgo y por la intervención de las áreas competentes. Apagar indiscriminadamente no es política ambiental; es trasladar un peligro a quienes usan el espacio público. Pero la excepción de seguridad tampoco puede convertirse en una excusa para cualquier exceso.

Quien invoque seguridad debe identificar el riesgo y justificar el diseño elegido. Quien invoque ahorro debe demostrar que preservó el nivel necesario. Entre la ciudad cegada por exceso y la ciudad insegura por defecto existe un amplio territorio de buena ingeniería, buena administración y buen derecho.

El derecho a las estrellas tiene, en definitiva, una ambición modesta y profunda: que no necesitemos una falla eléctrica para recordar que el cielo forma parte de nuestro ambiente común. No reclama apagar la ciudad, sino recuperar la noche de la luz inútil. No necesitamos que la ciudad desaparezca para que el universo reaparezca. El derecho a las estrellas no es el derecho al apagón; es el derecho a una noche bien iluminada: luz donde sirve, cuando sirve y en la medida en que sirve.

En esa medida, el ahorro protege la economía y el ambiente. Más allá de ella, si pone en riesgo a la población deja de ser eficiencia y se vuelve incumplimiento.

(*) Abogado, doctor y posdoctor en Derecho y profesor universitario.