Adorni, contra las cuerdas por su patrimonio

La Fiscalía de Gerardo Pollicita le dio 15 días a Manuel Adorni para que justifique determinados movimientos patrimoniales y financieros detectados en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo fiscal reconstruyó ingresos familiares por $229,75 millones entre diciembre de 2023 y junio de 2026 frente a gastos registrados por $272,82 millones, una diferencia de aproximadamente $43,07 millones que, según el dictamen, no estaría explicada por los ingresos lícitos acreditados. La Fiscalía también reconstruyó desembolsos por US$402.578,12 vinculados con propiedades, refacciones, viajes, alquileres y mobiliario.

El pedido no significa que la Justicia haya probado que ese dinero provino de un delito ni que Adorni haya sido declarado responsable de enriquecimiento ilícito. Se trata de una intimación para que el funcionario explique el origen y la trazabilidad de determinados fondos y operaciones dentro del procedimiento previsto por el artículo 268, inciso 2, del Código Penal.

Entre los 20 requerimientos formulados por la Fiscalía, uno de los principales está relacionado con las obras realizadas en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá. El contratista Matías Tabar declaró previamente que las refacciones habían rondado los US$245.000 y que Adorni habría efectuado los pagos en efectivo. Con documentación incorporada posteriormente al expediente, la Fiscalía pudo reconstruir ese monto y ahora reclama precisiones sobre su origen y la modalidad en que fue abonado.

La titularidad de esa propiedad también quedó bajo análisis. El inmueble figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, por lo que el fiscal busca determinar de dónde surgieron los fondos utilizados para la operación y por qué la vivienda quedó registrada a nombre de ella.

El otro eje de peso está en los gastos realizados en moneda extranjera. La Fiscalía contabilizó US$402.578,12 en desembolsos relacionados con propiedades, refacciones, viajes, alquileres y mobiliario, y busca establecer cómo fueron financiados y si pueden ser conciliados con los ingresos y activos declarados por el grupo familiar.

Los dólares en efectivo forman otro capítulo de la investigación. Pollicita reclama que se precise de dónde provinieron esos fondos, qué activos pudieron haber sido vendidos para obtenerlos y cuál fue la trazabilidad de las operaciones. El objetivo es reconstruir el recorrido del dinero y determinar si existe una explicación patrimonial compatible con la información declarada.

La investigación también alcanza las operaciones con criptomonedas. La Fiscalía busca establecer el origen del capital utilizado para operar con activos virtuales y determinar si existen cuentas o tenencias que no quedaron adecuadamente reflejadas en las declaraciones patrimoniales.

Los préstamos familiares aparecen entre los otros puntos que Adorni deberá explicar. El fiscal quiere documentación que permita acreditar que esas operaciones efectivamente existieron, cuándo se entregó el dinero, quién lo aportó y cómo evolucionaron posteriormente las obligaciones.

También se detectaron pagos efectuados por terceros vinculados con Adorni y su familia. En esos casos, la Fiscalía busca determinar quién aportó originalmente el dinero utilizado para realizar las compras o cancelar los gastos atribuidos al entorno del funcionario.

A eso se suman facturas, acreditaciones y movimientos bancarios que, de acuerdo con el análisis fiscal, no pudieron ser conciliados con las cuentas y medios de pago conocidos. La reconstrucción apunta a establecer si esas diferencias pueden ser explicadas mediante documentación adicional o si persisten inconsistencias patrimoniales.

Indio Cuá ocupa además un lugar central por un antecedente incorporado a la investigación. En mayo, el propietario de otra vivienda del country declaró ante Pollicita que Adorni habría pagado US$21.000 en efectivo por alquileres mientras se realizaban las obras de su propia casa.

Ese testimonio se suma al resto de la información que intenta reconstruir la Fiscalía: no solamente cuánto valen los bienes y gastos atribuidos a Adorni y su familia, sino fundamentalmente de dónde salió el efectivo utilizado para adquirirlos, reformarlos y mantenerlos.

Ahora comienza una etapa clave para el funcionario. Durante los próximos 15 días deberá aportar documentación y explicaciones sobre cada uno de los puntos señalados por la Fiscalía. Si esas respuestas permiten justificar las diferencias detectadas, el expediente podría aclarar parte de las inconsistencias planteadas.

Si, en cambio, las explicaciones no resultan satisfactorias, la investigación podría avanzar hacia una indagatoria. La intimación patrimonial, por sí sola, no implica una condena ni demuestra que Adorni haya cometido el delito investigado, pero representa un paso relevante porque obliga al funcionario a explicar formalmente el origen de fondos y movimientos que la Fiscalía considera todavía no justificados.

El dato político central queda así concentrado en una cifra: unos $43 millones de diferencia entre los ingresos familiares comprobados y los gastos registrados durante el período analizado. A eso se suma una reconstrucción de más de US$400.000 en desembolsos y una serie de operaciones que, según el fiscal, todavía necesitan una explicación documental.