Diagnóstico de cáncer, derechos y vías de reclamos

 A la carga emocional se le suma, casi de inmediato, una avalancha de decisiones médicas, trámites y gestiones que hay que resolver mientras uno todavía está asimilando la noticia. Esta nota busca ordenar ese camino y esencialmente qué hacer cuando la obra social o la prepaga niega la cobertura que corresponde por ley, qué documentación conviene reunir y cómo sostenerse —uno y su entorno— durante el tratamiento.

La idea es que, cada paciente y cada familia sepa con claridad qué derechos tienen y cómo hacerlos valer, sin quedar a merced de la buena voluntad de una obra social o una prepaga.

En Argentina se diagnostican más de 130.000 casos nuevos de cáncer por año, y hoy más de la mitad de las personas superan la enfermedad o logran convivir con ella gracias a los avances en detección y tratamiento. Ordenar la información y conocer los pasos que vienen es la mejor forma de recuperar algo de control en medio del desconcierto inicial.

La cobertura oncológica está protegida por ley. Este es el punto donde muchas familias se sienten más solas, y donde conviene tener las cosas claras. En Argentina, el acceso al tratamiento del cáncer por parte de la obra social o la prepaga: es una obligación legal.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) establece que la oncología está incluida, y los medicamentos oncológicos según protocolos nacionales aprobados tienen cobertura del 100%, junto con la medicación de apoyo (por ejemplo, para el dolor o para atenuar efectos de la quimioterapia).

- Las prepagas están alcanzadas por la Ley 26.682, que las obliga a cubrir como mínimo las mismas prestaciones que las obras sociales y les prohíbe rechazar la afiliación por enfermedades preexistentes.

- Las obras sociales se rigen por las Leyes 23.660 y 23.661 (Sistema Nacional del Seguro de Salud), que buscan garantizar la protección integral de la salud.

- La Corte Suprema ha sostenido de manera reiterada que el derecho a la salud y a la vida son derechos humanos fundamentales, y que ningún argumento económico puede colocarse por encima de ellos.

¿Qué hacer cuando la obra social o la prepaga niega la cobertura?

Que nieguen, demoren o "pongan trabas" burocráticas a una cobertura es, lamentablemente, frecuente. Pero cuando se trata de un tratamiento oncológico indicado por el médico, esa negativa debe ser reclamada por las vías que corresponden. Estos son los pasos, del más simple al más contundente:

1. Reclamo formal ante la obra social o prepaga. Se debe presentar el pedido por escrito y guardar la constancia. Si hay urgencia médica o riesgo de vida, la entidad debe responder el mismo día en que se presenta el reclamo.

2. Carta documento. Si el reclamo verbal o por mesa de entradas no destraba la situación, la carta documento es el instrumento legal adecuado: deja constancia fehaciente del pedido, de la fecha y del incumplimiento, y es una pieza clave si después hay que ir a la Justicia.

3. Denuncia ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Es el organismo de control de obras sociales y prepagas. Se puede hacer el reclamo y la Superintendencia interviene ante el incumplimiento.

4. Acción de amparo (Ley 16.986). Es la vía judicial rápida para casos donde está en juego la salud o la vida. En materia oncológica, la Justicia argentina ha ordenado en innumerables oportunidades la cobertura al 100% de estudios, medicamentos y tratamientos, incluso de prestaciones que no figuraban expresamente en el PMO, priorizando el derecho a la salud.

5. Medida cautelar.Dentro del amparo se puede pedir una medida cautelar, que obliga a la obra social o prepaga a otorgar la cobertura de inmediato, mientras el juicio se resuelve. Es decisiva cuando cada día de demora cuenta, en oncología el tiempo es parte del tratamiento. No conviene dejar que las gestiones se estiren indefinidamente. Ante una negativa o una demora que compromete el inicio o la continuidad del tratamiento, es fundamental la inmediata intervención judicial.

El derecho al olvido oncológico: un dato de salud es un dato sensible

El derecho al olvido oncológico trata de que, transcurrido un período desde la remisión (habitualmente cinco años sin recaída), a la persona no se le pueda exigir declarar su antecedente de cáncer ni se lo pueda usar para negarle o encarecer un seguro de vida, un crédito, una hipoteca u otros productos financieros, ni para discriminarla en el ámbito laboral o educativo.

Este derecho ya es ley en varios países —España , Chile (primera en América Latina), Colombia, entre otros—. Más allá de sus matices, esas normativas suelen coincidir en tres ejes:

- Eliminar la obligación de declarar. El paciente recuperado queda eximido de informar que tuvo cáncer una vez transcurrido el plazo prudencial (por lo general cinco años sin recaídas).

- Prohibir sobreprecios y rechazos. Se impide a bancos y aseguradoras cobrar tasas más altas, exigir sobreprimas o negar créditos y seguros a causa del historial oncológico.

- Nulidad de cláusulas discriminatorias. Se declara sin efecto cualquier disposición contractual que excluya o perjudique a un sobreviviente de cáncer por esa condición.

En Argentina, si bien existen proyectos e iniciativas presentadas a nivel parlamentario para regular el tema de forma integral y proteger al paciente recuperado de cualquier traba crediticia o financiera, el marco nacional todavía se debate y carece de una aplicación homogénea y específica para el sistema bancario y asegurador, a diferencia de las normativas europeas o de la región que ya son ley. Por eso, hoy la protección depende muchas veces de amparos o de la aplicación de la normativa genérica de protección de datos personales (Ley 25.326).

Mientras esa regulación específica no llegue, un expaciente oncológico no queda desamparado frente a la discriminación puede recurrir al amparo judicial en protección a sus derechos.

Finalmente, un diagnóstico de cáncer abre un camino difícil, pero no es un camino sin reglas ni sin acompañamiento. Del lado de los derechos, la cobertura del tratamiento no es un favor, es una obligación legal que se puede y se debe exigir, con herramientas concretas cuando alguien intenta incumplirla.

Saber esto no borra el miedo, pero cambia la posición desde la cual se enfrenta la enfermedad, de la incertidumbre a la acción informada.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria