Colaboración
El desafío argentino de la "reforma previsional"
El equilibrio fiscal es necesario, pero no puede construirse sobre una vejez sin ingresos ni protección.
Argentina necesita una reforma previsional. El sistema enfrenta problemas de financiamiento, cobertura y equidad que no se resuelven con bonos, moratorias o cambios aislados. Sin embargo, reformar no puede significar reducir derechos ni convertir a los jubilados en la variable permanente del ajuste.
La primera debilidad del sistema no nace en las cajas previsionales, sino en la informalidad laboral. Una parte importante de los trabajadores desarrolla sus tareas no registrada, sin aportes regulares ni cobertura de salud. Cada empleo no registrado es un aporte que no ingresa y una futura jubilación incompleta.
Discutir la sustentabilidad previsional sin abordar la informalidad equivale a tratar la consecuencia y conservar la causa. No habrá sistema equilibrado mientras millones de trabajadores permanezcan fuera de la seguridad social. La reforma debe incentivar la registración, facilitar aportes de independientes y regular las nuevas formas de empleo y las plataformas digitales.
La finalización de la moratoria de la Ley 27.705 dejó expuesta una situación muy grave y urgente. Muchas mujeres cumplen sesenta años sin completar los aportes y quedan fuera de la jubilación ordinaria. Solo el 12% de las mujeres de 60 años completa su historia laboral. Siete de cada diez mujeres al día de hoy no pueden acceder a un beneficio previsional. El reconocimiento de tareas de cuidado es una herramienta valiosa, pero no alcanza para todas. Quienes no reúnen los requisitos deben esperar hasta los sesenta y cinco años para solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Los hombres que cumplen sesenta y cinco años sin treinta años de aportes enfrentan una exclusión semejante. Aunque hayan contribuido durante quince, veinte o veinticinco años, el régimen general no les reconoce una jubilación proporcional. El sistema funciona con una lógica de todo o nada: se alcanza el requisito completo o se queda fuera. Esa rigidez desconoce trayectorias atravesadas por el desempleo, la crisis, la informalidad o las tareas de cuidado.
Una reforma propuesta podría ser reemplazar ese sistema por un esquema gradual. Cada año aportado debe tener valor. Quien contribuyó durante veinte años no puede recibir el mismo tratamiento que quien nunca aportó o nunca le hicieron los aportes, pero tampoco debe quedar sin protección. Una prestación básica universal, financiada con impuestos generales, podría garantizar un piso para toda persona mayor. Sobre esa base debería reconocerse una prestación contributiva proporcional a los años y salarios aportados.
El problema también es de suficiencia, de sustentabilidad. Una jubilación mínima difícilmente permite afrontar alimentos, vivienda, medicamentos, servicios y cuidados. Los bonos extraordinarios y fijos alivian situaciones inmediatas, pero no integran el haber, no ofrecen previsibilidad y profundizan desigualdades entre quienes los reciben y quienes quedan apenas por encima del límite.
Muchos profesionales, docentes universitarios, emprendendores entre otros aportaron durante décadas como monotributistas o autónomos y, al jubilarse, descubren que sus contribuciones los conducen a una prestación mínima. El aporte incluido en esos regímenes no siempre guarda relación con los ingresos reales ni con el haber futuro. El sistema debe ofrecer aportes progresivos y herramientas complementarias sin sustituir la responsabilidad estatal.
La reforma debe respetar derechos adquiridos y conservar los regímenes especiales justificados, pero corregir los casos en que largas trayectorias laborales desembocan en haberes mínimos.
El Pacto de Mayo incluyó entre sus compromisos una reforma previsional destinada a otorgar sustentabilidad al sistema, respetar a quienes aportaron y permitir mecanismos voluntarios de ahorro. También consagró el equilibrio fiscal. Esto exige reglas claras y estables. El desafío consiste en compatibilizar ambos objetivos: ordenar las cuentas públicas sin abandonar a quienes ya no tienen posibilidades reales de regresar al trabajo.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también mantiene la reforma previsional en agenda. La preocupación por la sustentabilidad, la fragmentación del sistema y la relación entre aportes y beneficios es legítima. Pero cualquier recomendación deberá evaluarse desde nuestra Constitución y los compromisos internacionales asumidos. La vejez digna no puede quedar subordinada exclusivamente a una meta fiscal.
El déficit fiscal cero puede ser una condición para recuperar estabilidad, pero no debe alcanzarse congelando haberes, recurriendo a bonos discrecionales o trasladando el costo sobre jubilados y pensionados. Una reforma responsable debe definir qué protección garantizará el Estado, calcular su costo, transparentar las fuentes de financiamiento y establecer una transición gradual.
También debe revisarse la movilidad. Los haberes necesitan una fórmula automática y estable que preserve su poder adquisitivo, pero además un piso de suficiencia relacionado con el costo real de vida de las personas mayores. Actualizar por inflación evita parte del deterioro, aunque no corrige una prestación que ya nació demasiado baja.
Aumentar la edad jubilatoria tampoco puede presentarse como solución aislada y única. Antes deben considerarse la esperanza de vida, las desigualdades regionales, el desgaste de ciertas tareas y las dificultades para conseguir empleo formal después de los cincuenta años. Obligar a trabajar más tiempo a quien ya fue expulsado del mundo laboral solamente aumentaría la exclusión.
La sustentabilidad exige ampliar la base de aportantes, combatir la evasión, formalizar empleo, revisar beneficios injustificados y ordenar los múltiples regímenes. También requiere reconocer el valor económico de las tareas de cuidado, que recaen principalmente sobre las mujeres y explican buena parte de sus lagunas contributivas.
La Constitución Nacional garantiza jubilaciones y pensiones móviles. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores reconoce el derecho a la seguridad social y a vivir con dignidad. No se trata de una concesión presupuestaria, sino de una obligación estatal.
Argentina necesita una reforma previsional integral, fiscalmente responsable y socialmente justa. Una reforma en la que cada aporte cuente, ninguna mujer quede abandonada entre los sesenta y los sesenta y cinco años, los trabajadores con carreras incompletas reciban un reconocimiento proporcional y quienes aportaron durante toda su vida accedan a un haber digno.
Reformar no debe significar abandonar. Debe significar construir un sistema sostenible que proteja la vejez, reconozca el esfuerzo y vuelva a ofrecer confianza a las generaciones que hoy trabajan y aportan.
Abogada UNNE
Especialista en derecho previsional
Planificación patrimonial y sucesoria.
