El 66% que decide una jubilación por invalidez

Incapacidad laboral, exigido para acceder al retiro por invalidez, es uno de ellos. Para quien está sano puede parecer una cifra técnica, una fórmula administrativa, un resultado de junta médica. Para quien llega enfermo, agotado y sin poder sostener su trabajo, ese porcentaje puede significar la diferencia entre tener un ingreso mínimo para vivir o quedar abandonado en una zona gris: demasiado enfermo para trabajar, pero no lo suficientemente "incapaz" para el sistema.

La jubilación por invalidez no es un beneficio gracioso ni una ayuda social. Es una prestación previsional prevista para quienes, antes de llegar a la edad jubilatoria ordinaria, sufren una disminución física o intelectual que les impide continuar trabajando. La ley presume que la incapacidad es total cuando afecta la capacidad laboral en un 66% o más. Y allí aparece el gran problema: muchas veces la enfermedad no se presenta como un diagnóstico aislado. La enfermedad real suele ser una suma de dolencias, secuelas, tratamientos, dolores, limitaciones y cansancios que, mirados por separado, parecen menores; pero considerados en conjunto destruyen la posibilidad concreta de trabajar.

En nuestra región del Nordeste esto se ve con mucha frecuencia. No se puede analizar la incapacidad laboral de una persona de Corrientes, Chaco, Formosa o Misiones sin mirar también el contexto sanitario, climático, social y laboral en el que vive. Chagas, dengue, chikungunya, leishmaniasis, enfermedades respiratorias agravadas por la humedad, cardiopatías, diabetes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica, problemas osteoarticulares, hernias de disco, artrosis severa, trastornos de salud mental y dolor crónico forman parte de la realidad cotidiana de muchas personas que llegan a una comisión médica.

El chagas, por ejemplo, no siempre se ve a simple vista. Pudo haber acompañado silenciosamente a una persona durante años y manifestarse luego como una cardiopatía, una arritmia, una insuficiencia cardíaca o una fatiga que impide esfuerzos mínimos. No es lo mismo evaluar a una persona con chagas desde un escritorio, que preguntarse si puede trabajar ocho horas de pie, cargar peso, trasladarse en colectivo, caminar bajo el calor o sostener una jornada sin descompensarse.

El dengue y el chikungunya también nos obligan a mirar más allá del episodio agudo. Muchas personas se recuperan, pero otras quedan con dolores articulares persistentes, cansancio extremo o recaídas que afectan su rendimiento. Tal vez esa secuela no alcance por sí sola un porcentaje elevado. Pero si se suma a una diabetes mal controlada, a hipertensión, a obesidad, a una enfermedad renal o a una columna dañada por años de trabajo físico, el cuadro cambia por completo.

Lo mismo sucede con las enfermedades osteoarticulares. Hay trabajadores rurales, albañiles, empleadas domésticas, cuidadores, cocineras, changarines, enfermeros, docentes, vendedores ambulantes o personas que pasaron décadas en tareas físicamente exigentes. Cuando aparecen artrosis, lesiones de columna, limitaciones en rodillas, hombros o caderas, el informe médico no puede reducirse a una radiografía. La pregunta jurídica y humana debe ser otra: ¿esa persona, con ese cuerpo, con esa edad, con esa historia laboral y con esas enfermedades asociadas, puede realmente seguir trabajando?

El error más grave en estos trámites es mirar al paciente por partes. El corazón por un lado, la columna por otro, la diabetes por otro, la salud mental por otro. Como si la persona pudiera dividirse en expedientes separados. Pero nadie trabaja solo con la columna, solo con el corazón o solo con una pierna. Se trabaja con todo el cuerpo, con la mente, con la energía, con la posibilidad de trasladarse, concentrarse, cumplir horarios, responder exigencias y sostener una rutina. Por eso, cuando se evalúa una jubilación por invalidez, la mirada debe ser integral.

También debe considerarse el tipo de trabajo que la persona realizó durante su vida. No tiene el mismo impacto una lesión lumbar en quien puede realizar una tarea administrativa que en quien necesita levantar peso, caminar largas distancias o permanecer de pie toda la jornada. No produce la misma consecuencia una cardiopatía en quien trabaja sentado que en quien debe exponerse al calor, al esfuerzo o a turnos prolongados. La incapacidad no se mide en abstracto: se mide frente a la capacidad laboral real.

Muchas personas que piden una jubilación por invalidez tampoco llegan con historias laborales perfectas. Llegan con aportes interrumpidos, años de informalidad, monotributos de subsistencia, changas, tareas de cuidado no reconocidas y trabajos que nunca fueron registrados. En el Nordeste, esa realidad es aún más visible. La enfermedad se mezcla con la precariedad laboral. Y aunque la ley exige analizar los aportes y la condición de aportante, detrás de cada expediente hay una persona que muchas veces trabajó toda su vida, aunque el sistema no siempre lo haya registrado.

En los dictámenes médicos previsionales, el lenguaje suele ser frío. Se habla de porcentajes, baremos, diagnósticos, estudios complementarios y capacidad residual. Pero detrás de esa terminología hay alguien que ya no puede levantarse todos los días a cumplir una jornada. Alguien que depende de familiares para trasladarse. Alguien que debe elegir entre comprar remedios o pagar servicios. Alguien que no quiere "vivir del Estado", sino acceder a un derecho después de haber trabajado y aportado en la medida en que pudo.

Por eso, cuando una comisión médica rechaza un pedido o asigna un porcentaje inferior al 66%, es fundamental revisar si evaluó todas las patologías, si ponderó las secuelas, si tuvo en cuenta la edad, la actividad habitual, el nivel de instrucción, la posibilidad real de reinserción laboral y el contexto regional. No se trata de forzar porcentajes. Se trata de evitar que una evaluación fragmentada termine negando una incapacidad que, en la vida concreta, es evidente.

En nuestra zona, donde las enfermedades tropicales conviven con enfermedades crónicas, pobreza, informalidad y largas distancias para acceder a servicios de salud, el 66% no puede ser solo una cuenta aritmética. Debe ser el resultado de una valoración completa de la persona y de su posibilidad real de trabajar. El Estado tiene derecho a controlar, pero la persona enferma tiene derecho a ser evaluada con seriedad, humanidad y mirada integral.

Porque la incapacidad no siempre grita. A veces se expresa en un cuerpo cansado, en una respiración corta, en un corazón debilitado, en una columna que no resiste, en una mente agotada, en manos que ya no pueden sostener herramientas o en dolores que nadie ve. Y cuando todo eso se junta, aunque cada diagnóstico parezca pequeño, la vida laboral puede haberse terminado.

El desafío es que el sistema previsional, incluso las comisiones médicas con los profesionales que las integran, aprendan a mirar cómo mira la vida: no por partes, sino en conjunto. Solo así el 66% dejará de ser una frontera fría y se convertirá en una medida justa para proteger a quien ya no puede seguir trabajando, el remedio que asiste a las personas que tienen que transitar este difícil proceso es el reclamo judicial para que el beneficio se convierta en una realidad.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria.

Por Silvia Zarza