Jubilados exigen elecciones tras una década de intervención

A más de cuatro décadas de la recuperación democrática en Argentina, un grupo de socios y afiliados del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes (CJPPC) volvió a alzar la voz para reclamar la normalización institucional de la entidad y la inmediata convocatoria a elecciones que permitan a los adultos mayores elegir libremente a sus autoridades.

El planteo cobra relevancia en un contexto marcado por la prolongación de la intervención estatal. Una medida que comenzó en mayo de 2016 mediante el Decreto Provincial N.º2598 y que, a través de sucesivas prórrogas, se mantiene vigente hasta la actualidad. Según sostienen los jubilados, se trata de una situación inédita que ya se extiende por casi una década.

"Los jubilados no tenemos la vida comprada y exigimos respeto", señalaron los afiliados al cuestionar la falta de avances concretos en la normalización de la entidad. Los socios recuerdan que varios decretos de prórroga establecieron plazos para la convocatoria a elecciones, pero aseguran que esos compromisos nunca llegaron a materializarse.

La intervención fue dispuesta originalmente por dos meses para corregir presuntas irregularidades administrativas. Sin embargo, con el paso de los años se sucedieron nuevas extensiones mediante distintos decretos provinciales, entre ellos los números 3059 de 2019, 726 de 2020, 2524 de 2021, 1066 de 2022, 1190 de 2023 y 276 de 2026.

Los cuestionamientos no se limitan a la falta de elecciones. Los jubilados denuncian un progresivo deterioro institucional que, según afirman, afectó directamente a la estructura y al funcionamiento del Centro. Recuerdan que la entidad llegó a contar con una sede central y 20 delegaciones, mientras que actualmente funcionan 14.

Atribuyen la desaparición de seis delegaciones a la falta de servicios, a problemas vinculados con la distribución de recursos y a la renuncia de numerosos socios. "Cada delegación que se pierde significa menos presencia territorial y menos servicios para los jubilados del interior", sostuvieron.

Otro de los puntos que genera preocupación es la situación laboral dentro de la institución. Según denuncian, durante los años de intervención fueron despedidos 39 trabajadores, entre ellos el profesor de música del taller de coro.

Asimismo, describen un clima de tensión permanente entre el personal. En ese sentido, cuestionaron la instalación de cámaras de vigilancia en distintos sectores de la institución, una medida que consideran excesiva y que, según afirman, es percibida por los trabajadores como un mecanismo de control y presión.

La transparencia administrativa constituye otro de los principales reclamos. Los afiliados aseguran que, pese a sostener económicamente a la entidad mediante el pago mensual de cuotas sociales que se actualizan periódicamente, no han podido acceder a balances anuales ni conocer en detalle la situación financiera y patrimonial del Centro.

"Nunca pudimos observar un balance anual del manejo económico e institucional", remarcaron, al tiempo que reclamaron una mayor rendición de cuentas por parte de quienes administran la institución.

Los jubilados también cuestionan decisiones que, a su entender, desvirtúan el espíritu original de la entidad. Entre ellas mencionan la implementación de promociones para incorporar nuevos asociados sin priorizar la condición de jubilado o adulto mayor, algo que consideran incompatible con la misión histórica del Centro.

Durante estos años, los socios aseguran haber agotado todos los canales institucionales para hacer escuchar sus demandas. Enumeran petitorios, movilizaciones, actos públicos, reuniones con autoridades, notas periodísticas, programas radiales, debates y hasta cortes de calles en las inmediaciones de la sede de la institución.

Además, destacan que recorrieron numerosas localidades de la provincia para dialogar con afiliados de las delegaciones del interior y visibilizar una problemática que consideran cada vez más urgente.

"Agotamos todas las instancias y ya no sabemos qué más hacer", señalaron. Sin embargo, insisten en que el reclamo continuará hasta lograr la recuperación plena de la vida institucional del Centro.

Para los afiliados, la solución es clara: la convocatoria a elecciones transparentes y participativas que permitan a los jubilados decidir el futuro de la entidad que representan y sostienen con sus aportes. "Lo único que pedimos es poder votar y elegir nuestras propias autoridades. Después de casi diez años de intervención, creemos que es un derecho que ya no puede seguir postergándose", concluyeron.