El último adiós a las políticas de control de precios en las góndolas
Nación eliminó marcos regulatorios de programas como Precios Cuidados, Precios Máximos y Cuota Simple. El director de Defensa del Consumidor, Orlando Seniquiel, analizó junto a época la aplicación y el impacto que otrora tuvieron esas propuestas a nivel local.

Hace poco menos de una semana, el Gobierno nacional puso punto final a una etapa de fuerte intervención estatal en el comercio interior al derogar 58 normas que daban sustento a distintos programas de control de precios y de estímulo al consumo. La administración federal eliminó de manera definitiva los marcos regulatorios de iniciativas que durante años formaron parte de la política económica argentina, entre ellas Precios Cuidados, Precios Máximos, Cortes Cuidados y Cuota Simple, heredero del histórico Ahora 12.
La medida representa el cierre formal de instrumentos que atravesaron distintos gobiernos y contextos económicos, desde períodos de alta inflación hasta la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
En Corrientes, donde estos programas también tuvieron aplicación en supermercados y grandes superficies comerciales, el director de Defensa del Consumidor de la Provincia, Orlando Seniquiel, fue uno de los funcionarios encargados de supervisar su cumplimiento y evaluar los reclamos de los consumidores (foto).
En diálogo con época, Seniquiel consideró que los esquemas de control de precios pueden resultar razonables en contextos excepcionales, pero pierden sentido cuando la economía funciona bajo parámetros relativamente normales.
Según explicó, en una economía de mercado la libre competencia entre comercios y prestadores de servicios termina beneficiando al consumidor, ya que incentiva mejores precios y una mayor calidad en la oferta.
En ese sentido, recordó que durante la pandemia el Estado buscó evitar fenómenos de especulación y acaparamiento que podían afectar el acceso de la población a productos esenciales, contexto en el cual las herramientas de intervención adquirieron una lógica diferente.
Resultados dispares
Respecto de la implementación concreta en Corrientes, el funcionario sostuvo que los resultados fueron dispares según el programa y el tipo de comercio. En el caso de las grandes cadenas nacionales y algunos supermercados locales existió una importante predisposición para adherir y acompañar las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
Sin embargo, advirtió que uno de los principales problemas estuvo en la metodología utilizada para aplicar algunos de esos esquemas.
Particularmente cuestionó las dificultades que presentó Precios Máximos (efectivizado en 2020, en plena pandemia), un programa obligatorio que, a su criterio, nunca logró definir con claridad una canasta general de productos ni establecer criterios homogéneos para determinar los precios de referencia.
Seniquiel graficó que cualquier política de control de precios requiere una definición conceptual precisa de los productos alcanzados. A modo de ejemplo, indicó que debería fijarse el valor de una categoría específica como azúcar de un kilo triple cero independientemente de la marca o del comercio donde se comercialice.
Según su visión, Precios Máximos no logró alcanzar ese nivel de claridad porque las listas variaban según cada establecimiento y la información disponible resultaba confusa tanto para los controles como para los propios consumidores.
Por esa razón, calificó al programa como una herramienta coyuntural y de difícil implementación. Aunque cumplió una función durante la emergencia sanitaria, consideró que presentó importantes falencias operativas que complicaron su aplicación efectiva.
Una valoración diferente realizó sobre Precios Cuidados. Recordó que se trataba de un esquema voluntario de adhesión y con una canasta mucho más específica de productos.
Esa característica permitía identificar con precisión cuáles eran los artículos incluidos, incluso mediante códigos de barras determinados, lo que facilitaba las tareas de fiscalización.
Además, destacó que las empresas que decidían participar lo hacían con una predisposición previa a cumplir con los acuerdos y garantizar la disponibilidad de los productos incluidos en las góndolas. Esa dinámica, afirmó, hacía que el programa resultara más ordenado y sencillo de controlar.
Menos favorable fue su análisis sobre Cortes Cuidados (que formó parte de Carne para todos), el programa destinado a ofrecer cortes vacunos a precios acordados. Según recordó, la iniciativa fue implementada únicamente por las grandes superficies comerciales de la ciudad debido a las exigencias logísticas y de abastecimiento.
Aunque la propuesta buscaba acercar carne a valores inferiores a los del mercado, su ejecución presentó inconvenientes. Seniquiel señaló que en varias oportunidades llegaron partidas de baja calidad, con cortes que contenían excesiva grasa y que no cumplían con las expectativas de los consumidores. A su entender, esa situación impidió que alcanzara el nivel de aceptación y reconocimiento que sí logró Precios Cuidados.
La decisión del Gobierno nacional de eliminar definitivamente estos programas marca el cierre de una etapa iniciada hace más de una década. En adelante, la política oficial apuesta a que los precios y condiciones de financiamiento se definan exclusivamente a través de la competencia y las reglas del mercado, dejando atrás herramientas que durante años buscaron intervenir sobre los valores de productos básicos y fomentar el consumo mediante acuerdos entre el Estado y el sector privado.

Programas y alcances
Entre los programas que quedaron definitivamente archivados se encuentra Precios Cuidados, probablemente la política de referencia más conocida en materia de control de precios. Fue lanzada a fines de 2013 y comenzó a regir el 1 de enero de 2014 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Impulsado por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, consistía en acuerdos voluntarios entre el Estado, fabricantes y cadenas de supermercados para ofrecer una canasta de productos de consumo masivo con valores previamente pactados.
El esquema comenzó con 302 productos de alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal y fue ampliándose con el tiempo. Los precios eran revisados periódicamente y los supermercados debían identificar los artículos incluidos mediante señalización específica en las góndolas. Con los años, el programa se transformó en una referencia habitual para millones de consumidores y terminó siendo absorbido en gran medida por Precios Justos, lanzado a fines de 2022.
Muy diferente fue el caso de Precios Máximos. Nació en marzo de 2020, en el inicio de la pandemia y del aislamiento obligatorio. La medida obligó a retrotraer los precios de miles de productos esenciales a los valores vigentes al 6 de marzo de ese año y mantenerlos congelados. Alcanzó alimentos, bebidas, artículos de limpieza e higiene personal, entre otros rubros, con el objetivo de evitar aumentos especulativos en medio de la emergencia sanitaria. Con el correr de los meses fue flexibilizándose hasta desaparecer progresivamente entre 2020 y 2021.

Otra de las iniciativas que ganó notoriedad fue Cortes Cuidados. El programa surgió durante el gobierno de Alberto Fernández para ofrecer siete cortes populares de carne vacuna a valores inferiores a los del mercado. Participaban frigoríficos, supermercados y exportadores de carne mediante acuerdos periódicos de precios. Los cortes incluidos eran asado, vacío, matambre, falda, tapa de asado, nalga y paleta. Aunque tuvo varias renovaciones durante 2022 y parte de 2023, perdió vigencia tras el cambio de gobierno y el levantamiento de las restricciones a las exportaciones de carne.
En materia de consumo, el programa más exitoso y duradero fue Ahora 12. Creado en 2014, permitió financiar compras de bienes y servicios mediante cuotas fijas con tarjeta de crédito a tasas generalmente inferiores a las del mercado. Originalmente contemplaba 12 cuotas, aunque posteriormente incorporó planes de 3, 6, 18 y 24 pagos.
La herramienta fue clave para sostener las ventas de sectores como electrodomésticos, indumentaria, muebles, materiales para la construcción, turismo y tecnología. También se convirtió en un instrumento de estímulo para la producción nacional y el comercio minorista. Durante la pandemia fue ampliado para apuntalar la actividad económica y continuó vigente, con modificaciones, durante distintos gobiernos.
La última renovación de Ahora 12 extendió su vigencia hasta el 31 de enero de 2024. Desde el 1 de febrero de ese año fue reemplazado por Cuota Simple, una versión más acotada que mantuvo la posibilidad de financiar compras en cuotas pero con menores alcances. La reciente derogación de las normas de comercio interior terminó por clausurar definitivamente ese ciclo de políticas públicas orientadas tanto al control de precios como al incentivo del consumo.
En perspectiva histórica, Precios Cuidados fue la iniciativa más perdurable y reconocida por los consumidores; Precios Máximos constituyó la herramienta más excepcional e intervencionista, asociada a la emergencia sanitaria; Cortes Cuidados representó una política sectorial focalizada en uno de los productos más sensibles de la canasta familiar; y Ahora 12 se consolidó como uno de los principales programas de financiamiento al consumo de la última década.