Javier Milei es Manuel Adorni

Javier Milei llegó a la Presidencia prometiendo una revolución moral. Su principal bandera fue la lucha contra "la casta" y la corrupción. No habría amigos intocables ni dobles varas. "El que las hace, las paga", repitió una y otra vez. Pero el escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prueba que aquellos enunciados eran herramientas discursivas útiles para alcanzar el poder y que nos toman a los ciudadanos por idiotas.

Las evidencias de corrupción sobre la evolución patrimonial de Adorni, las declaraciones juradas inverosímiles y las denuncias penales en su contra deben ser investigadas bajo el precepto "el que las hace las paga".

En una república, la presunción de inocencia debe respetarse hasta que la Justicia determine responsabilidades. Sin embargo, tampoco pueden ser desestimadas con ligereza ni reducidas automáticamente a una operación política. Cuando aparecen indicios que merecen ser investigados, la obligación de un gobierno que hizo del reclamo de transparencia su principal propuesta de campaña es facilitar todas las explicaciones y promover el esclarecimiento de los hechos.

Y es precisamente en ese punto en que el caso comienza a hacer agua.

Es risible el argumento del hallazgo de 200.000 dólares en la casa de su padre fallecido. La explicación, lejos de cerrar el debate, abrió nuevos interrogantes. ¿Por qué esos bienes no aparecieron con la claridad necesaria en presentaciones anteriores? ¿Cuál fue exactamente el mecanismo sucesorio? ¿Qué documentación respalda la existencia y disponibilidad de esos fondos? ¿Por qué una cuestión patrimonial de semejante magnitud recién adquiere relevancia pública cuando aparecen cuestionamientos sobre la evolución de sus activos?

A ello se sumó otra explicación igualmente controvertida: el éxito de inversiones personales en bitcoin y otros activos digitales. El argumento es tan endeble que hasta la vicepresidente Victoria Villarruel cuestionó el "pen drive mágico" que otorgó cientos de miles de dólares a una persona que, al mismo tiempo que dice haber hecho esa inversión, festejaba que un frigorífico le regale paté a cambio de salchichas en mal estado.

No hay nada ilegal en invertir en criptomonedas. El problema aparece cuando rendimientos extraordinarios son invocados como argumento general para justificar incrementos patrimoniales significativos sin precisiones sobre fechas, montos invertidos, operaciones realizadas y trazabilidad de los fondos. Las criptomonedas, por sus características, exigen aún mayores estándares de transparencia cuando son utilizadas por funcionarios públicos para explicar movimientos patrimoniales relevantes.

La respuesta oficial fue exigir un acto de fe.

Herencias oportunas. Inversiones exitosas. Coincidencias favorables. Todo presentado como si la sola palabra de alguien que le mintió al Congreso de la Nación alcanza para disipar cualquier sospecha. Lo que para cualquier ciudadano común podría requerir documentación exhaustiva y explicaciones detalladas en el caso de uno de los hombres más poderosos del país pareció resolverse mediante relatos difícilmente verificables.

Y, aun así, Javier Milei eligió la defensa cerrada e irrestricta.

Sin exigir aclaraciones contundentes, sin impulsar mecanismos internos de control y sin admitir siquiera la necesidad de una investigación administrativa, el Presidente volvió a refugiarse en la lógica binaria de la confrontación: quienes cuestionan a Adorni son enemigos del proyecto político, operadores o integrantes de una conspiración destinada a desestabilizar al Gobierno.

Dentro del propio oficialismo se manifiestan gestos de desconfianza. El respaldo público existe porque la disciplina política suele imponerse cuando un gobierno enfrenta una crisis. Sin embargo, en privado, muchos reconocen que las explicaciones brindadas resultan insuficientes y que el costo político de sostener una defensa sin matices puede terminar afectando al conjunto de la administración.

No todos en el Gobierno están dispuestos a poner las manos en el fuego.

Y esa es quizás la señal más preocupante. Cuando ni siquiera quienes integran el mismo espacio político muestran una confianza absoluta en los argumentos expuestos, la obligación de esclarecer los hechos se vuelve todavía más imperiosa.

Es aquí donde aparece una contradicción imposible de ignorar.

Durante años, Javier Milei sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner era política y moralmente responsable de los hechos de corrupción cometidos durante sus gobiernos. Más aún, la condena judicial contra la expresidente se apoyó, entre otros fundamentos, en la imposibilidad de aceptar que quien ocupaba la máxima magistratura desconociera maniobras desarrolladas por funcionarios bajo su autoridad en áreas sensibles de la administración del Estado.

El razonamiento era sencillo y contundente: el poder implica responsabilidad. No se puede invocar ignorancia permanente respecto de lo que ocurre dentro del propio gobierno.

Milei utilizó ese argumento en innumerables entrevistas, discursos y apariciones públicas. Sostuvo que un presidente no podía desentenderse de las acciones de sus subordinados más cercanos. Que quien conduce el Estado responde también por los controles que ejerce o deja de ejercer.

Si ese criterio fue válido para juzgar políticamente al kirchnerismo, resulta legítimo preguntarse por qué debería aplicarse una vara distinta en la actualidad.

Manuel Adorni no es un funcionario periférico ni un director de tercera línea. Como jefe de Gabinete, ocupa uno de los cargos más relevantes del Poder Ejecutivo. La Constitución le asigna la coordinación de la administración general del país, el control de la ejecución presupuestaria y la articulación del funcionamiento cotidiano del Estado. Es, precisamente, el funcionario encargado de supervisar la marcha administrativa del Gobierno.

Pero además existe un dato político insoslayable: Adorni integra el círculo de máxima confianza presidencial. No es un técnico desconocido ni un aliado circunstancial. Es uno de los principales intérpretes del pensamiento del Presidente y una pieza central del esquema de poder libertario.

Por eso, cuando Milei decide blindarlo frente a sospechas que merecen ser esclarecidas, no solo está defendiendo a un colaborador. Está asumiendo el costo político de esa defensa. Porque si el Presidente afirmara que desconocía lo que sucede alrededor de su principal funcionario administrativo, estaría apelando exactamente al mismo argumento que él mismo rechazó durante años respecto de Cristina Fernández de Kirchner.

"Milei es Adorni" no significa afirmar que el Presidente haya cometido los hechos atribuidos a su jefe de Gabinete ni implica anticipar una culpabilidad que solo puede establecer la Justicia. Significa algo distinto: que la conducta del funcionario refleja la vara ética del gobierno que integra y la responsabilidad política del mandatario que lo sostiene.

Si ante los indicios de corrupción la respuesta es negar, desacreditar a quienes investigan y cerrar filas alrededor del acusado, entonces el problema deja de ser individual para transformarse en una cuestión institucional.

La corrupción no se combate únicamente con discursos encendidos, publicaciones en redes sociales o denuncias retrospectivas. Se combate aceptando controles, favoreciendo investigaciones independientes y comprendiendo que nadie, por cercano que sea al Presidente, debe quedar al margen del escrutinio público.

La Argentina ya conoce demasiado bien las consecuencias de la impunidad y de las lealtades políticas convertidas en escudos de protección. Por eso, la pregunta que hoy enfrenta Javier Milei es tan incómoda como inevitable: si sostenía que un presidente no podía ignorar lo que hacían sus funcionarios cuando señalaba a Cristina Kirchner, ¿por qué los argentinos deberían creer que él sí puede ignorar lo que ocurre con el hombre al que confió la conducción administrativa del Estado?

En política, las convicciones se ponen verdaderamente a prueba cuando alcanzan a los propios. Es allí donde se revela si los principios eran auténticos o apenas consignas eficaces para ganar elecciones.

Porque los gobiernos terminan siendo juzgados no solo por lo que denuncian de sus adversarios, sino por aquello que están dispuestos a tolerar entre los suyos.

Y si Milei eligió convertir a Adorni en un símbolo de su administración, entonces también deberá aceptar que, frente a la sociedad, Adorni se transforme en una medida de su propia coherencia.

Al final del día, los gobiernos terminan pareciéndose a aquello que deciden proteger.