El sueldo se achica todos los meses

Hay una expresión de angustia que se repite todos los meses en miles de hogares argentinos. Mes a mes cuando Juan, jubilado desde hace casi 10 años, mira su recibo, mira el número, lo compara con el del mes anterior, y siente que algo no cierra. El haber subió, sí. Pero la garrafa subió más. El remedio subió más. El kilo de pan subió más. El dinero se achica mientras el papel dice que aumentó, es el corazón de un problema que arrastramos hace décadas y que hoy golpea a casi ocho millones de jubilados y pensionados en todo el país.

Quiero detenerme en ese problema, porque detrás del reclamo por movilidad de los haberes, hay algo profundamente humano, el derecho de una persona mayor a vivir con dignidad después de haber entregado su vida al trabajo.

¿Qué significa la movilidad jubilatoria?

La movilidad es el mecanismo por el cual el haber jubilatorio se actualiza para no quedar atrás de la inflación. No es un capricho ni una concesión, es una garantía constitucional. El Artículo 14 bis de la Constitución habla expresamente de "jubilaciones y pensiones móviles". La palabra clave es "móviles". Un haber que queda fijo o con aumentos insuficientes, mientras los precios aumentan en forma desmedida es un mandato constitucional no cumplido.

Desde abril de 2024, la fórmula vigente actualiza los haberes todos los meses según la inflación que mide el INDEC, tomada con dos meses de rezago. El sistema tiene una virtud —la actualización es mensual y ya no trimestral— pero también un costado que conviene mirar de frente, ajustar por inflación atrasada significa que el jubilado siempre corre detrás. Nunca empareja. Y si en el camino se le congela un complemento, como ocurrió con el bono de refuerzo, la pérdida se vuelve estructural.

La recomposición que se debe, no que se regala

Acá aparece la segunda idea, y es central: recomposición salarial. Cuando un haber quedó mal calculado en su origen, o quedó licuado por años de actualizaciones insuficientes, lo que corresponde no es un aumento más. Lo que corresponde es recomponer: devolverle al haber el valor que nunca debió perder.

El Congreso Nacional intentó por dos años consecutivos resolver este grave problema y fue en ambas oportunidades vetado por el Poder Ejecutivo.

El derecho a la movilidad fue declarado por la Justicia argentina. El caso "Badaro", de la Corte Suprema, declaró inconstitucional el congelamiento de jubilaciones en un contexto inflacionario y ordenó recomponer el haber siguiendo la evolución de los salarios. Después vinieron "Elliff", "Makler" y otros fallos que consolidaron una doctrina simple de enunciar: el haber del jubilado tiene que guardar una proporción razonable con lo que esa persona ganaba cuando trabajaba. Si esa proporción se rompe, hay un derecho a repararla.

El reajuste, entonces, no es un regalo. Es el cumplimiento de una obligación que el Estado contrajo el día que esa persona hizo su primer aporte.

El derecho a los índices más favorables

Y llegamos al tercer punto. Cuando se reclama un reajuste, no se pide cualquier actualización, se pide que se apliquen los índices más favorables al jubilado. Es decir, entre las distintas fórmulas y coeficientes posibles, debe usarse el que mejor protege el haber, no el que más le conviene al organismo que paga.

Por ejemplo: el período que va desde 2018 muestra un fenómeno inflacionario excepcional que se intensificó notablemente a partir de 2023 y se prolongó hasta mediados del 2024, se "re-acomodaron" los precios incluyendo des-regulación de alquileres, energía, comunicación, medicamentos, lo que también significó la importante suba de la canasta básica, es decir alimentos.

En Argentina, la inflación y sus efectos no es desconocida por nosotros, sin embargo en la actualidad, la hiperinflación escondida detrás de números parece mostrar dos escenarios muy distintos. Ese que surge de la letra cuando una sentencia de reajuste sigue aplicando índices de movilidad de hace mas de 20 años que da la razón al jubilado, y aquel que muestra que el poder adquisitivo del haber jubilatorio alcanza cada vez menos para cubrir necesidades básicas.

Esto tiene una lógica de fondo que es casi de sentido común. El derecho previsional es un derecho protectorio, nació para amparar a la parte más débil de la relación, que es la persona mayor, muchas veces sin posibilidad de volver al mundo laboral, enfrentada sola a un Estado enorme. Cuando hay dudas sobre qué índice usar, esa duda debe resolverse a favor del jubilado. No es generosidad. Es el principio que sostiene todo el sistema. Es justicia social.

Por eso miles de jubilados inician juicios de reajuste, no para "sacar ventaja", como a veces se insinúa, sino para que se les aplique lo que la propia Corte ya estableció que corresponde. Que haya cientos de miles de causas pendientes no habla de jubilados litigantes. Habla de un sistema que, durante años, calculó mal y actualizó poco.

Ocho millones de personas, no es solo una estadística.

Cuando hablamos sobre jubilaciones no podemos quedarnos solo en los números, porque del otro lado del expediente hay una vida. Hay alguien que trabajó treinta o cuarenta años. Que crió hijos, que sostuvo una casa, que aportó cada mes confiando en que el sistema iba a estar ahí cuando le tocara.

Hoy una parte enorme de esos ocho millones cobra cerca del haber mínimo. Y con ese haber tiene que pagar la luz, el gas, los medicamentos que la obra social no cubre del todo, la comida, a veces el alquiler. La aritmética es brutal, el dinero alcanza para una parte del mes y la otra parte se cubre como se puede —con la ayuda de un hijo, recortando una comida, postergando un remedio, vendiendo algo—. Es una historia que se repite acá, en Corrientes, y en todo el país.

Lo más injusto es el mensaje implícito que recibe esa generación. Después de toda una vida de aportes, el haber que se achica mes a mes les dice que su trabajo valió menos de lo que pensaban. Y eso —más que el número— es lo que duele.

Lo que está en juego

Defender la movilidad real, reclamar la recomposición de los haberes mal calculados y exigir que se apliquen los índices más favorables no es solo una batalla técnica. Es discutir qué clase de país queremos ser con nuestros mayores.

Una sociedad se mide, entre otras cosas, por cómo trata a quienes ya no pueden producir como antes pero ya dieron lo suficiente. El jubilado no pide un privilegio, pide que se le devuelva, actualizado y completo, lo que él mismo construyó. Que su haber sea móvil de verdad, no móvil en el papel. Que la palabra "recomposición" deje de ser una promesa judicial y se vuelva una política de estado. Porque al final, esto no se trata de ellos como un grupo lejano. Se trata de nuestros padres, de nuestros abuelos, y —si las cosas no cambian— de nosotros mismos dentro de unos años. La jubilación digna no es un gasto, es la forma más concreta que tiene un país de cumplir su palabra.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria

Por Silvia Zarza