Derechos del Consumidor: primer paso para un hecho histórico

La provincia de Corrientes se encuentra próxima a vivir un acontecimiento institucional de singular trascendencia. El próximo lunes, a las 11, será presentado ante la Legislatura provincial el Proyecto de Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores, iniciativa que posteriormente tomará estado parlamentario para el inicio de su tratamiento legislativo.

El proyecto fue elaborado por una comisión académica y técnica constituida en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste integrada por reconocidos juristas de la provincia.

En una entrevista con época, el doctor Carlos César Álvez, secretario de la comisión redactora, explicó el alcance, la dimensión institucional y la proyección cultural y jurídica de esta iniciativa.

¿Qué es un Código de Implementación de Derechos y por qué resulta tan novedoso en materia de defensa del consumidor?

Un código de implementación implica una evolución en la forma de comprender los derechos.

Durante mucho tiempo, los sistemas jurídicos se concentraron en reconocer derechos en los textos constitucionales y en las leyes. Sin embargo, la experiencia demostró que muchas veces el reconocimiento formal no garantiza, por sí mismo, la posibilidad real de ejercerlos.

Lo que propone este proyecto es dar un paso adicional, transformar los derechos reconocidos en herramientas efectivas para la vida cotidiana de las personas.

Desde una perspectiva jurídica, esto significa diseñar procedimientos administrativos ágiles, procesos judiciales especializados, mecanismos preventivos y políticas públicas concretas.

Pero desde una mirada cultural, el alcance es incluso más profundo. Una sociedad que comprende sus derechos como consumidores es una sociedad más consciente, más participativa y más libre frente a las asimetrías del mercado.

Y desde la Justicia el objetivo es igualmente claro, acercar el sistema jurídico al ciudadano común, especialmente a quienes muchas veces quedan excluidos del acceso real a la tutela efectiva.

En ese sentido, este código no solo regula conflictos.

También procura generar ciudadanía, fortalecer la confianza institucional y promover una nueva cultura jurídica orientada a la prevención antes que a la mera reparación.

En los sistemas jurídicos contemporáneos, el derecho del consumidor ya no es una materia accesoria, sino una expresión concreta de justicia social y de democratización de los mercados.

¿Qué necesidades concretas detectaron en la sociedad correntina para impulsar un proyecto de esta magnitud?

Detectamos una realidad que hoy atraviesa a prácticamente todas las familias correntinas.

El consumidor moderno contrata servicios bancarios, utiliza plataformas digitales, celebra contratos electrónicos, adquiere bienes por comercio electrónico, financia consumos y enfrenta estructuras empresariales altamente profesionalizadas. Frente a esa realidad, muchas veces el ciudadano se encuentra en una posición de evidente vulnerabilidad.

Desde el punto de vista cultural, advertimos la necesidad de profundizar la educación para el consumo. Muchas personas no conocen plenamente sus derechos, no saben cómo reclamar, desconocen los organismos de protección o no cuentan con herramientas para interpretar contratos complejos.

Desde la Justicia advertimos también una demanda creciente de respuestas más rápidas, especializadas y cercanas. La tutela judicial no puede llegar tarde porque cuando llega tarde, muchas veces deja de ser justicia.

Por eso este código incorpora educación para el consumo, prevención del sobreendeudamiento, tutela de consumidores hipervulnerables, procedimientos administrativos modernos y acciones judiciales individuales y colectivas.

Además, advertimos fenómenos sociales nuevos que requieren respuestas normativas igualmente nuevas, la expansión del crédito digital, la contratación automatizada, la publicidad algorítmica, la utilización masiva de datos personales y la creciente complejidad de los ecosistemas de consumo.

El ciudadano de hoy no sólo compra productos o contrata servicios, también entrega información, acepta condiciones predispuestas y se vincula con plataformas cuya lógica muchas veces desconoce. Es necesario que allí también esté presente el derecho.

¿Por qué considera que este proyecto puede marcar un antes y un después para Corrientes?

Porque no estamos simplemente ante una ley más. Estamos ante la enorme posibilidad de construir una política pública permanente en materia de derechos del consumidor.

Corrientes podría convertirse en una provincia pionera al desarrollar un sistema propio de implementación, con identidad institucional, adaptado a sus realidades económicas, sociales y culturales.

Desde la cultura jurídica, esto implica dejar de pensar el derecho del consumidor como una disciplina periférica y comenzar a entenderlo como una herramienta central de ciudadanía.

Desde la justicia, implica reconocer que la desigualdad económica muchas veces se traduce también en desigualdad procesal, y que el Estado tiene el deber de equilibrar esas asimetrías.

En definitiva, este proyecto procura que el consumidor deje de ser un sujeto que solo reclama después del daño para convertirse en un ciudadano protegido antes, durante y después de la relación de consumo.

Y esa transformación no es menor. Significa pasar de una lógica reactiva a una lógica preventiva, de una administración que interviene solo ante el conflicto a un Estado que educa, acompaña y anticipa riesgos. Significa también comprender que proteger al consumidor no implica obstaculizar la actividad económica, sino fortalecer mercados más transparentes, más competitivos y más legítimos.

¿Cómo fue el trabajo de la comisión redactora?

Fue un trabajo profundamente interdisciplinario y comprometido con la realidad institucional de la provincia.

La comisión estuvo integrada por los doctores Gustavo Sánchez Mariño, Luis Rey Vázquez, Juan Carlos Vallejos, Augusto Arduino, Ricardo Sebastián Danuso y Armando Aquino Britos, y tuve el honor de desempeñarme como secretario de dicha comisión.

Durante meses analizamos legislación comparada, doctrina, jurisprudencia y experiencias institucionales, pero, por sobre todo, escuchamos la realidad concreta de nuestra provincia.

Porque un código no puede construirse solamente desde los libros, debe construirse también desde las necesidades reales de la comunidad.

También fue un ejercicio de diálogo institucional. Intercambiamos perspectivas académicas, judiciales y prácticas, buscando que el texto no sólo tuviera rigor dogmático, sino también viabilidad operativa y capacidad transformadora. La aspiración nunca fue redactar un texto declarativo, sino una herramienta viva, aplicable y capaz de generar cambios concretos en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Desde lo personal, ¿qué representa este momento?

Representa una enorme responsabilidad institucional, académica y humana.

Como docente, como abogado y como ciudadano correntino, entiendo que el derecho tiene sentido cuando logra mejorar concretamente la vida de las personas.

Desde la cultura, este proyecto busca formar ciudadanos más conscientes de sus derechos y de sus responsabilidades.

Desde la justicia, busca garantizar que nadie quede excluido de la protección jurídica por desconocimiento, por vulnerabilidad económica o por falta de acceso.

Y desde lo institucional, representa la convicción de que las universidades públicas deben asumir un rol activo en la transformación social.

El próximo lunes, cuando el proyecto sea presentado ante la Legislatura provincial para dar inicio a su trámite parlamentario, no solo se estará entregando un texto normativo.

Se estará presentando una visión de provincia, una visión de ciudadanía y una visión de justicia.

Y quizá allí radique la verdadera dimensión de este momento histórico, comprender que una comunidad madura no es aquella que simplemente reconoce derechos en sus normas, sino aquella que construye instituciones capaces de hacerlos efectivos.

Porque cuando el derecho logra salir del expediente, de la biblioteca o del aula, y comienza a impactar en la vida concreta de las personas, entonces deja de ser solamente técnica jurídica para convertirse en una verdadera herramienta de transformación social.