En detalle: nueva reforma electoral de Milei
La iniciativa aún no ingresó al Congreso. El oficialismo abre negociaciones previas con gobernadores.
Desde esta semana, el Gobierno nacional impulsa un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en la selección de candidaturas, nuevas exigencias para partidos políticos y modificaciones en el financiamiento y el sistema de votación; la propuesta fue elaborada por el presidente Javier Milei, todavía no se presentó formalmente en el Congreso, se prevé su ingreso por el Senado en las próximas semanas y forma parte de una estrategia que el oficialismo buscará negociar con gobernadores antes de su tratamiento legislativo.
Entre los puntos centrales, el texto plantea la eliminación del sistema de Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. En su reemplazo, la selección de candidaturas pasaría a un esquema de avales ciudadanos con verificación digital, con mecanismos de validación biométrica.
El proyecto también introduce cambios en la Ley Orgánica de Partidos Políticos con requisitos más exigentes para la creación y permanencia de fuerzas. Se establece un mínimo de afiliados equivalente al 0,5% del padrón del distrito, con un tope en dos millones de electores. Para obtener reconocimiento como partido nacional, se exige presencia en al menos 10 distritos. La personería se pierde si no se alcanza el 3% del padrón en una de dos elecciones consecutivas.
En relación al sistema de votación, se incorpora la Boleta Única de Papel. El modelo incluye la opción de votar lista completa y contempla la posibilidad de integrar cargos nacionales, provinciales y municipales en una misma boleta cuando haya elecciones simultáneas.
Otro de los ejes es la incorporación del criterio de Ficha Limpia. El proyecto establece que no podrán ser candidatas las personas con condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. La restricción también se extiende a cargos del Poder Ejecutivo, como ministros, secretarios, directores de empresas estatales y otros funcionarios.
En materia de financiamiento político, la iniciativa prevé modificaciones en los aportes y gastos de campaña. Se elevan los topes de aportes privados y se eliminan los límites de gasto. A la vez, se prohíben contribuciones de personas procesadas por delitos graves, entre ellos tributarios, lavado de dinero, narcotráfico y fraude al Estado.
El esquema incluye sanciones que pueden implicar la pérdida de financiamiento público entre uno y cuatro años ante irregularidades. También se establece que el financiamiento estatal se concentre en un pago anual y se elimina la publicidad gratuita en medios audiovisuales.