Reajuste de haberes: la espera que el sistema no responde

Existe una injusticia silenciosa que se repite en los juzgados de la seguridad social de todo el país. Un jubilado que aportó durante décadas, que confió en el sistema, que creyó que su haber sería calculado correctamente, descubre —muchas veces tarde— que ANSES le liquidó mal su prestación desde el primer día. Entonces inicia el reclamo, administrativo primero, judicial después. Y empieza a esperar.

Esa espera puede durar entre tres y cuatro años hasta obtener una sentencia definitiva. Para alguien que ronda los setenta u ochenta años eso no es un plazo administrativo: es una porción significativa del tiempo que le queda. Y el sistema lo sabe.

La fórmula utilizada por ANSES para calcular las jubilaciones es defectuosa en la mayoría de los casos. Se estima que el 80% de los jubilados actuales podría iniciar acciones judiciales por reajuste de haberes. Sin embargo, poquísimos lo hacen y menos aún lo logran a tiempo.

El derecho que existe, pero que pocos conocen

El reajuste de haberes es el mecanismo legal que permite corregir un haber jubilatorio mal liquidado desde su origen. Implica recalcular el haber inicial según los índices que la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ordenado aplicar en reiterados fallos. El Estado, sin embargo, sigue calculando mal y luego rechaza los reclamos administrativos, forzando a los jubilados a recurrir a la vía judicial.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional manda al Estado a garantizar jubilaciones y pensiones móviles. Pero entre esa garantía constitucional y el haber que efectivamente se acredita en la cuenta del jubilado, suele haber una brecha que solo el Poder Judicial puede corregir. Una brecha que ANSES dilata, y que el tiempo —implacable— termina cerrando de la peor manera.

Veamos el ejemplo de Don Ramón, que trabajó toda su vida en la construcción. Se jubiló y comenzó a cobrar un haber que nunca le pareció justo. A los 72, con la ayuda de su familia, consultó con profesional que confirmó lo que él intuía: su haber estaba mal calculado desde el origen y podía reclamar diferencias significativas. Desde entonces emprendió el camino hacia el reclamo judicial.

A los 75 años, Don Ramón falleció sin haber cobrado un solo peso del retroactivo. Su esposa, Doña María, de 73 años, quedó percibiendo una pensión por viudez equivalente al 70% de un haber de su esposo que ya estaba mal liquidado. Heredó, sin saberlo, un expediente judicial, una deuda del Estado y una nueva espera.

Doña María falleció dos años después. El crédito que el Estado nunca pagó pasó entonces a la sucesión de ambos. Lo que comenzó como el reclamo de un jubilado se convirtió en un trámite sucesorio que sus hijos deberán sostener, con todo lo que eso implica en tiempo, costo y energía.

¿Qué le corresponde a la viuda?

Cuando un jubilado fallece en pleno proceso de reajuste, la situación jurídica de su cónyuge supérstite se desdobla en dos planos distintos que es fundamental no confundir.

Por un lado, la viuda tiene derecho a la pensión por viudez, que equivale al 70% del haber que percibía o hubiera correspondido percibir al causante. Este es un derecho propio, que la ley previsional le otorga en forma personal, no como heredera sino como derechohabiente. No necesita tramitar la sucesión para acceder a él.

Por otro lado, respecto a los retroactivos del juicio de reajuste —las diferencias adeudadas desde la presentación de la demanda hasta el fallecimiento—, la viuda tiene derecho a continuar el proceso judicial y cobrar la porción que le corresponde. Si hay hijos, el retroactivo se divide: el 50% corresponde a la cónyuge como integrante de la comunidad conyugal, y el resto integra la masa hereditaria.

La pensión que cobra la viuda, sin embargo, seguirá siendo calculada sobre un haber base que puede estar mal liquidado. Por eso, la viuda también puede —y debe— reclamar el reajuste de su propia pensión, iniciando un proceso similar al que inició su esposo. Dos vidas, dos reclamos, dos esperas. El sistema es coherente en su demora.

Cuando la viuda también muere esperando

El escenario más doloroso —y más frecuente de lo que se cree— es aquel en que la viuda muere antes de cobrar. En ese caso, tanto el crédito previsional de su esposo fallecido como el de ella misma ingresan a la sucesión de ambos. Los herederos —generalmente los hijos— deberán acreditar su carácter de tales ante la justicia de la seguridad social para poder continuar los expedientes y eventualmente, algún día, cobrar.

Lo que comenzó como el reclamo legítimo de un jubilado se convierte, así, en un proceso multigeneracional. El Estado dilata el pago durante años, y mientras tanto las personas envejecen, se enferman y mueren. La deuda no desaparece: se traslada. Pero el costo humano de esa dilación es irreparable.

"La demora no es un dato menor del sistema: es parte de su funcionamiento. Cada año que pasa sin sentencia firme es un año en que el Estado retiene un dinero que no le pertenece, devengando intereses sobre una deuda que crece mientras el acreedor envejece."

Qué hacer y cuándo empezar

La recomendación es clara: no esperar. Consultar con un profesional especialista antes de que el tiempo juegue en contra. El reclamo debe iniciarse por vía administrativa ante ANSES y, ante la previsible respuesta denegatoria, continuar por vía judicial. Cuanto antes se inicie, mayor será el período de retroactivo recuperable y más posibilidades habrá de cobrar en vida.

La documentación básica para iniciar el trámite incluye el DNI, los últimos recibos de haberes y la historia laboral disponible en la web de ANSES. En caso de viudez, se suma el acta de matrimonio y el certificado de defunción del causante.

El sistema previsional argentino tiene una deuda enorme con sus mayores. Una deuda que no es solo de dinero sino de tiempo, de dignidad y de justicia. Reclamar es un derecho. Hacerlo a tiempo, una necesidad.

(*) Abogada. Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria

Por Silvia Zarza