Cuando la Justicia es injusta y los legisladores son miopes
Borracho chocó y mató a un abuelo y su nietito de cuatro años. Lo sentenciaron a cinco años y medio de prisión. ¿Eso valen esas vidas? La condena tiene sabor a muy poco y por más increíblemente absurda que parezca está ajustada a derecho.
Gustavo Gamboa
El viernes se conoció la sentencia para un borracho asesino al volante: cinco años y seis meses de prisión. La sentencia llegó ¡¡¡seis años!!! después de aquellas inconcebibles e injustificables muertes. Para peor: el ebrio conductor seguirá libre "hasta que la condena quede firme". ¿Esto es lo que valen las vidas de Abel Enríquez, un abuelo de 78 años y su nietito, Nehuel, de cuatro añitos?
La familia Enríquez había llegado desde Rosario a pasar las vacaciones en Paso de la Patria. Era enero de 2020. La noche del 17, casi a las 22, el abuelo Abel, el papá Diego y el niño Nehuel iban hasta una hamburguesería cercana a su hospedaje en busca de la cena. En la arenosa avenida Virgen de Itatí, en su intersección con Curuzú Cuatiá, fueron brutalmente embestidos por una camioneta Amarok blanca, cuyo conductor escapó. Por el choque, el abuelo y el pequeño fallecieron. Y el papá sufrió lesiones. Minutos después, la Policía interceptó la camioneta. Su conductor Marcelo Sebastián Rodríguez también era turista, en este caso oriundo de Charata, Chaco. Los inspectores municipales le hicieron la prueba de alcoholemia: 1,57 gramos de alcohol por litro de sangre (en ese momento en esa ciudad la tolerancia era 0). En simple castellano: estaba totalmente borracho. Es más, ante la Justicia reconoció que se había pasado toda la tarde bebiendo.
¿Las vidas del abuelo y del niñito valen tan solo una condena de cinco años y medio de prisión? Parece irrisoria considerando la razón que provocó los decesos pero, sin embargo, la sentencia es correcta. Increíblemente absurda, pero ajustada a derecho.
Rodríguez llegó al juicio acusado de doble homicidio culposo causado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor triplemente agravado (por darse a la fuga, por conducir en estado de ebriedad y por la existencia de más de una víctima fatal). Todo ello está previsto en el artículo 84 bis, segundo párrafo del Código Penal.
La pena en expectativa al iniciar el juicio era de tres a seis años de prisión. Si le daban la mínima, salía en libertad.
Pero, ¿qué dice el artículo 84 bis del Código Penal? Es el que, precisamente, establece los montos de la pena y las condiciones que agravan el hecho.
Es decir, a Rodríguez el Tribunal Oral Penal Nº1 que lo juzgó le dio prácticamente la máxima pena posible. Sin embargo, es sabor a poco muy poco.
¿Qué tendría que pasar para que las condenas a los borrachos asesinos al volante sean ejemplificadoras? La respuesta es sencilla: modificar las leyes vigentes.
El Congreso de la Nación es el único órgano facultado para modificar el Código Penal en Argentina a través de la sanción de leyes. El Poder Ejecutivo puede impulsar y elaborar los proyectos de reforma para actualizar las normativas, pero la aprobación final depende de ambas cámaras legislativas.
El Congreso tiene 257 diputados y 72 senadores. De ese total 7 y 3 son correntinos, respectivamente. ¿A alguno de ellos les interesa, realmente, sancionar leyes que, de alguna manera, impidan estas muertes absurdas?
El periodista que suscribe esta nota ha sido muy crítico de la labor de los jueces correntinos que en innumerables oportunidades convirtieron las comisarías en puertas giratorias. Pero, para ser justo, nuestros legisladores tienen gran parte de la responsabilidad de tantas incongruencias.
