¿Necesita la Argentina un nuevo Código Penal?

Si tuviéramos que dar ya una respuesta a la pregunta que lleva de título esta nota deberíamos responder, sin lugar a dudas, afirmativamente. En efecto, Argentina necesita un nuevo Código penal, no solo porque el ordenamiento que nos rige en poco tiempo más va a cumplir 104 años (y no por viejo deberíamos calificarlo de malo), sino por otra razón mucho más importante: porque, por un lado, ha dejado de ofrecer respuestas adecuadas a la criminalidad de este siglo, atendiendo a las urgencias de una sociedad que, alarmada por el delito, necesita de una cobertura penal de protección a bienes jurídicos e intereses que le importa preservar y, por otro lado, encarar un proceso de reconstrucción conceptual del sistema penal en el país que, desde su génesis, esté comprometido con los valores y principios de la Constitución Nacional y del derecho internacional de los Derechos Humanos.

Con esta motivación y a instancia del entonces Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se creó en el año 2024 una comisión integrada por juristas de reconocido prestigio nacional e internacional —que tuve el honor de presidir— con la finalidad de preparar un proyecto de reformas al Código Penal, el cual se elaboró en dos etapas: una primera etapa que concluyó sobre fines del año 2024, y una segunda etapa que se llevó a cabo en el área del Poder Ejecutivo, a través de un equipo del Ministerio de Justicia, siempre bajo el liderazgo de Cúneo Libarona, circunstancia muy particular que hay que destacar para que otros no se quieran llevar los laureles de semejante trabajo de estudio, reflexión, ordenamiento y sistematización de la ley penal, reuniendo en un solo cuerpo orgánico —con las modificaciones que fueren necesarias— la legislación penal vigente en el país. En esta etapa de revisión del anteproyecto tuve oportunidad de participar —así como otros especialistas— colaborando en los trabajos por el tiempo que duró esta segunda fase. Finalmente, el anteproyecto fue presentado públicamente por el presidente Javier Milei en las instalaciones del complejo penitenciario de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, el 2 de octubre de 2025.

A partir de entonces, cuestiones vinculadas a la política demoraron el ingreso del anteproyecto al Congreso Nacional para su tratamiento legislativo, pero según las noticias de la prensa de los últimos días el actual ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, anunció, además de la implementación del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio-adversarial en jurisdicciones en la que todavía no ha sido puesto en vigencia, el inminente envío al Congreso del Anteproyecto de reformas del CP del que vengo haciendo referencia, luego de una vista a especialistas vinculados a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que emitan opinión al respecto. Este anuncio, coincide con una información brindada recientemente por el Jefe de Gabinete, quien aludió a un paquete de leyes que el Gobierno enviará al Congreso próximamente, en el que se incluye, justamente, el anteproyecto de reformas al Código penal 2025.

Así, brevemente explicado, fue el proceso de elaboración de un nuevo Código Penal que —a diferencia del ordenamiento que rige actualmente, que se compone de dos partes, general y especial y 313 artículos— está compuesto por tres libros contenidos en 912 artículos: el Libro Primero (Disposiciones generales), repartido en 12 Títulos, que engloban los principios generales relacionados con la Teoría del delito, la Teoría de la pena y la Teoría del sujeto responsable; el Libro Segundo (De los delitos), distribuido en 29 Títulos, en los que se describen las infracciones delictivas; y el Libro Tercero (Delitos contra el orden internacional), dosificado en 7 Títulos, en los que se contienen los delitos de lesa humanidad, genocidio, delitos de guerra, agresión y delitos contra la administración de justicia de la Corte Penal Internacional.

Con esta nueva arquitectura salimos del anclaje de un viejo diseño —todavía en vigencia desde hace más de un siglo— que ya ha dejado de ofrecer respuestas adecuadas al fenómeno delictivo de estos tiempos, para establecernos en un cuerpo normativo integral, moderno, actualizado y sistemático, que marche a la par de la evolución que presenta la sociedad actual, frente a una creciente, sorpresiva y multiforme criminalidad, a un desarrollo tecnológico sin precedentes y, al mismo tiempo, que sea respetuoso de los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

Los 912 artículos que componen el cuerpo normativo del nuevo Código penal que se propone para la Argentina, contemplan todas —o casi todas, por cuanto sería una misión imposible pretender abarcar todo el fenómeno que presenta la delincuencia en la actualidad, especialmente los delitos de orden internacional que son la consecuencia directa de los conflictos armados que están sucediendo en otras partes del mundo y de los que estamos siendo azorados espectadores en estos días— las modalidades posibles de delitos vinculados al fenómeno criminal de este siglo.

No sería una novedad si dijera que, los tiempos que corren por estos días en Argentina, nos advierten acerca de la necesidad de contar con un nuevo Código penal, con el que se emprenda —decididamente y junto a políticas públicas que acompañen— una lucha contra la criminalidad, convencional o no, que acosa cotidianamente a la sociedad, poniendo en crisis los principios de justicia y de seguridad jurídica, especialmente si tenemos en cuenta que, un número importante de delitos, eran impensables para el legislador de 1921 (año de sanción del Código penal actualmente en vigencia en Argentina), por citar solo algunos, los delitos ambientales, los delitos vinculados a las nuevas tecnologías, los delitos socioeconómicos, los delitos vinculados al deporte, los delitos de corrupción pública, los delitos vinculados a la violencia de género, los delitos relacionados al terrorismo y al narcotráfico, los delitos que son la consecuencia de los conflictos armados, la huelga ilegal cometida por los gremios y sindicatos, etc.

El Código Penal que rige en la Argentina actual —que tiene, como se vio, mas de 100 años de vigencia— ha padecido en su largo historial más de mil reformas parciales que, por lo visto, no han contribuido muy satisfactoriamente a la disminución de la criminalidad que viene azotando al país desde hace varias décadas. Frente a este viejo escenario, del que pretendemos salir con nuevas, mejores y modernas propuestas, y atendiendo a los anuncios —los que mencioné al principio— provenientes de las más altas esferas del poder, seguramente en poco tiempo más tendremos, en el marco de una cierta e inmejorable expectativa, un nuevo Código penal en Argentina.

(*) Presidente de la Comisión para la Reforma del Código penal 2024; Resoluciones Nos. 25/2024-MJN, de 28 de febrero y 48/2024-MJN, de 13 de marzo, Ministerio de Justicia de la Nación.

Por Jorge Eduardo Buompadre