Menos ingresos, menos jubilación

La otra realidad es que mientras el debate por la reforma previsional avanza a nivel nacional, miles de docentes correntinos siguen al frente de aulas superpobladas, en muchos casos, con niños con capacidades especiales sin apoyo real; además es común que el docente pague materiales de su propio bolsillo, y esperando una jubilación que el sistema les dificulta alcanzar por una burocracia engorrosa e innecesaria. Pero no todos los maestros corren la misma suerte, según enseñen en una escuela del Estado provincial o en un colegio privado, el camino hacia el retiro es diferente.

Imaginemos a Marta. Tiene 54 años, vive en Corrientes y lleva más de dos décadas parada frente a un aula de primer grado en una escuela pública provincial. Cada mañana enfrenta a treinta y cuatro niños de seis años, algunos que todavía lloran porque extrañan a sus madres, otros que no desayunaron, y otros con diagnóstico de capacidades diferentes, que el sistema escolar incorporó por mandato legal pero sin los recursos humanos ni materiales que esa inclusión exige. Pero el abandono del sistema ha dejado a Marta agotada a muy temprana edad.

La educación inclusiva es un derecho conquistado, pero en la práctica concreta el derecho dentro de un aula de treinta alumnos, a cargo, muchas veces, de una sola docente sin acompañante terapéutico ni maestro integrador es una exigencia que roza lo inhumano. Los estudios sobre formación docente en América Latina son contundentes, al terminar su carrera, la mayoría de los maestros no dominan las competencias necesarias para atender la diversidad que pueden presentar los niños en el aula. En Argentina, la formación práctica no incorpora sistemáticamente el enfoque inclusivo, y los propios docentes reconocen que la falta de tiempo y de capacitación específica es el principal obstáculo para trabajar en estos casos. Generalmente aprenden lo que saben sobre diferentes patologías leyendo solos, de noche, después de corregir carpetas.

A eso se agrega la precarización silenciosa del día a día. Las escuelas públicas correntinas, muchas de ellas en edificios que arrastran años de falta de mantenimiento, terminan siendo sostenidas en parte por la voluntad y el bolsillo de sus propios maestros con la colaboración, a veces, de los padres. Fotocopias, fibrones, cartulinas, plasticola, son gastos invisibles que nadie computa en el salario real, pero que cualquier docente de grado podría calcular con precisión al final de cada mes. Y ese mes cierra con un básico que, según los propios gremios, no compensa el desgaste real del cargo y ni siquiera alcanza a cubrir la canasta básica. Seguramente eso impactará a la hora de la jubilación sobre la liquidación de los haberes jubilatorios.

Dos sistemas, dos destinos jubilatorios

Cuando llega el momento del retiro, entre una docente de escuela provincial y una docente de escuela privada descubren que, aunque ambas pasaron décadas frente al aula, el sistema previsional las trata de manera completamente distinta. La diferencia no es menor, define quién paga la jubilación, cuánto se cobra y cuántos años hay que esperar para acceder a ella.

Un docente de escuela pública provincial aporta al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Corrientes (IPS provincial). Su jubilación se rige por el régimen previsional provincial y los requisitos los fija la legislación local. La edad para acceder a la jubilación es de 60 años para mujeres y 65 para varones, aunque con el computo especial de los años frente a alumnos, pueden jubilarse con menos edad. Sin embargo en provincias como Formosa, Chaco o Misiones los docentes pueden retirarse sin límite de edad acreditando los años de servicios, y otras tantas permiten jubilarse antes que el estándar nacional.

En cambio, un docente de colegio privado, aporta a ANSES y su jubilación se rige por la Ley Nacional 24.016 (legalmente derogada pero en los hechos se aplica), es el régimen especial docente a nivel nacional. Esa ley alcanza a todo el personal de nivel inicial, primario, medio, técnico y superior no universitario de establecimientos tanto públicos como privados, siempre que estén incorporados a la enseñanza oficial. Bajo ese régimen, se pueden jubilar a los 57 años con 25 años de servicio, al menos 10 de ellos al frente de alumnos, percibiendo el equivalente al 82% de la remuneración del cargo al momento del cese. Para acceder a ese beneficio, los docentes aportan un 2% adicional sobre el porcentaje general del SIPA.

Cuando el docente por fin reúne los requisitos que le exige la provincia, comienza otra batalla: el trámite. El IPS provincial gestiona las jubilaciones docentes a través de un circuito burocrático que atraviesa múltiples instancias: certificación de servicios, determinación del derecho, determinación del haber, resoluciones , etcétera. Cada paso puede demorarse semanas. Y si la historia laboral presenta cargos en escuelas que fueron transferidas de la órbita nacional a la provincial —como ocurrió con cientos de establecimientos tras la Ley 24.049— el problema se multiplica, el IPS provincial y ANSES pueden disputar que organismo es la caja otorgante, generando expedientes paralelos que muchas veces terminan en una disputa judicial.

Impacto de la reforma nacional

Sobre este escenario se va desarrollando la reforma previsional que el Gobierno nacional impulsa en el marco de su acuerdo con el FMI. El proyecto apunta a eliminar los regímenes diferenciales, entre ellos el docente, y calcular los haberes sobre el promedio de los últimos diez años de salario. Eso representaría una jubilación de entre el 46 y el 55 % del sueldo actual, en lugar del 82 % del cargo al cese que hoy garantiza el régimen especial. Para un docente que durante décadas cobró salarios que no pudieron seguirle el paso a la inflación, ese promedio histórico equivaldría a jubilarse con una fracción de la fracción.

Los docentes representan a miles de personas que sostienen el primer escalón del sistema educativo con vocación, con recursos propios y con un cuerpo que a los 54 años, por ejemplo, acusa el desgaste de décadas de aulas ruidosas, inviernos sin calefacción y veranos sin ventiladores. El debate previsional en Argentina suele reducirse a números macroeconómicos: sostenibilidad del sistema, relación activos-pasivos. Lo que casi nunca aparece en esas discusiones es el rostro humano de quienes construyeron ese derecho año tras año, aula tras aula. Antes de discutir cuánto cuesta el sistema, valdría la pena preguntarse cuánto les costó a ellos, a los docentes llegar hasta aquí, y si lo que les espera al final guarda alguna proporción con lo que ellos mismos entregaron a lo largo de su vida laboral en cada escuela y por la que transitamos cada uno de nosotros.

(*) Abogada - Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria.

Por Silvia Zarza