Crédito y sobreendeudamiento: debate por un nuevo código

El crecimiento del crédito al consumo en los últimos años reabrió el debate jurídico sobre el sobreendeudamiento de los consumidores y los límites del sistema actual de protección. Especialistas señalan que el fenómeno ya no puede analizarse solo desde la lógica contractual tradicional.

El abogado Carlos Álvez, especialista en derecho de los contratos, analizó en diálogo periodístico los cambios que atraviesa el derecho del consumidor y la posibilidad de avanzar hacia un Código de Defensa del Consumidor en Argentina.

En los últimos años se habla cada vez más del sobreendeudamiento. ¿Por qué este tema se ha vuelto tan importante dentro del derecho del consumidor?

El sobreendeudamiento se ha transformado en uno de los núcleos problemáticos más relevantes del derecho del consumidor contemporáneo porque revela una tensión estructural del sistema económico actual: el crédito, concebido como una herramienta de inclusión, puede devenir en un mecanismo de exclusión y vulnerabilidad.

Durante décadas, el análisis jurídico del crédito estuvo dominado por una lógica estrictamente contractual. Se partía de la premisa de que el consumidor actuaba libremente, asumía obligaciones y debía responder por ellas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que ese paradigma resulta insuficiente. El sobreendeudamiento no es simplemente un incumplimiento individual, sino una situación que involucra factores sistémicos: desigualdad informativa, presión comercial, contextos económicos adversos y una creciente sofisticación de los productos financieros.

La doctrina moderna, particularmente la desarrollada por la doctora Belén Japaze, ha sido clara en señalar que el consumidor sobreendeudado no puede ser reducido a la figura del deudor incumplidor. Se trata, en muchos casos, de un sujeto que ha quedado atrapado en una dinámica de endeudamiento progresivo que compromete su subsistencia y su dignidad. Desde esta perspectiva, el problema trasciende lo patrimonial y adquiere una dimensión social.

En mi opinión, el sobreendeudamiento obliga al derecho a replantear sus categorías tradicionales. No se trata ya de proteger únicamente la libertad contractual, sino de garantizar condiciones reales para que esa libertad sea ejercida sin que derive en situaciones de exclusión económica.

¿Qué factores explican el crecimiento del sobreendeudamiento en la actualidad?

El fenómeno responde a una combinación de factores que operan de manera simultánea y acumulativa. En primer lugar, la expansión del crédito al consumo ha sido exponencial. Hoy, el acceso al financiamiento es inmediato, muchas veces digital, y se encuentra disponible en múltiples formatos: tarjetas, préstamos personales, financiamiento en plataformas, billeteras virtuales, entre otros.

Esta accesibilidad, que en principio podría ser valorada positivamente, también implica un aumento significativo del riesgo.

En segundo lugar, el contexto económico juega un papel determinante. En escenarios de inflación sostenida, pérdida del poder adquisitivo y aumento del costo de vida, el crédito deja de ser una herramienta de expansión del consumo para convertirse en un mecanismo de sostenimiento de gastos básicos. Esto genera una dinámica peligrosa: el consumidor comienza a endeudarse para cubrir necesidades corrientes y, posteriormente, para refinanciar deudas anteriores.

A ello se suma la asimetría estructural entre proveedor y consumidor. Las entidades que otorgan crédito cuentan con información técnica, capacidad de evaluación y estrategias comerciales altamente desarrolladas. El consumidor, en cambio, muchas veces contrata en situaciones de urgencia o sin comprender plenamente el costo total de la operación. La supuesta igualdad contractual se ve, en los hechos, profundamente relativizada.

Finalmente, no puede omitirse el impacto de la cultura del consumo. La publicidad, la inmediatez de las transacciones y la normalización del endeudamiento como forma de acceso al mercado contribuyen a generar decisiones impulsivas o poco informadas. Todo ello configura un escenario en el cual el riesgo de sobreendeudamiento se incrementa considerablemente.

¿Cómo aborda la doctrina contemporánea este fenómeno?

La doctrina contemporánea ha producido un cambio de enfoque sustancial. Ya no se limita a describir el contrato de crédito, sino que analiza sus efectos dentro de un sistema de relaciones de consumo caracterizado por la desigualdad.

La doctora Belén Japaze ha desarrollado una línea de pensamiento particularmente relevante en Argentina, al sostener que el sobreendeudamiento debe ser comprendido como una manifestación de vulnerabilidad estructural. Esto implica reconocer que el consumidor no siempre actúa en condiciones de plena racionalidad o libertad, sino que muchas veces se encuentra condicionado por factores económicos y sociales.

Por su parte, en el ámbito europeo, el profesor Eugenio Llamas Pombo ha contribuido a una relectura del derecho privado desde la centralidad de la persona humana. En esta visión, las instituciones jurídicas deben ser interpretadas a la luz de su función social, lo cual resulta especialmente pertinente en materia de crédito al consumo.

Ambas perspectivas coinciden en la necesidad de superar un modelo meramente reactivo. El derecho no puede limitarse a intervenir cuando el daño ya se ha producido; debe actuar preventivamente, estableciendo límites, deberes y mecanismos que eviten la generación de situaciones de sobreendeudamiento.

Desde mi punto de vista, este es el aporte más significativo de la doctrina actual, haber colocado en el centro del debate no solo al contrato, sino a la persona que lo celebra.

¿Qué herramientas ofrece hoy el derecho argentino para enfrentar el sobreendeudamiento?

El derecho argentino cuenta con una base normativa importante, pero insuficiente en términos de integralidad. El artículo 42 de la Constitución Nacional establece un mandato claro de protección de los consumidores, especialmente en lo relativo a sus intereses económicos y al acceso a información adecuada.

La Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, por su parte, regula aspectos esenciales como el deber de información, el control de cláusulas abusivas y la protección frente a prácticas comerciales desleales. A ello se suma el Código Civil y Comercial de la Nación, que incorpora principios como la buena fe, la prevención del daño y la protección de la parte débil.

Sin embargo, el sistema presenta una limitación evidente. No existe un régimen específico destinado al tratamiento del sobreendeudamiento del consumidor. Las soluciones disponibles son parciales, fragmentarias y muchas veces insuficientes para abordar la complejidad del fenómeno.

Esto genera una paradoja. El ordenamiento reconoce la vulnerabilidad del consumidor, pero no cuenta aún con herramientas plenamente adecuadas para resolver una de sus manifestaciones más críticas.

¿Qué valor tendría un Código de Defensa del Consumidor y en qué estado se encuentra hoy?

Un Código de Defensa del Consumidor tendría un valor fundamental en términos de orden, coherencia y modernización del sistema jurídico. Permitiría superar la actual dispersión normativa y construir un marco integral que articule principios, derechos y mecanismos de tutela de manera sistemática.

Desde el punto de vista funcional, un Código bien diseñado podría incorporar herramientas más eficaces para prevenir y tratar el sobreendeudamiento, reforzar la transparencia en el crédito al consumo, consolidar la protección de los consumidores vulnerables y otorgar mayor previsibilidad a las relaciones jurídicas.

En cuanto a su estado actual, es importante precisar que el Código no se encuentra vigente ni en debate legislativo inmediato. Hasta el momento, se halla en fase de anteproyecto dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, particularmente en la órbita de los organismos nacionales competentes en materia de defensa del consumidor. El presidente hizo referencia a este proyecto en su último discurso ante la Asamblea Legislativa. Esto indica que el proceso de codificación está en etapa de elaboración técnica, sin haber ingresado aún en la instancia parlamentaria. Pero es importante señalar que este proyecto ha sido el fruto del trabajo de los mayores exponentes de la comunidad académica argentina, tales como los doctores Gabriel Stiglitz, Carlos Hernández, Sandra Frustagli, Belén Japaze, Ricardo Danuzzo, entre otros destacados académicos.

Desde mi perspectiva, este estadio representa una oportunidad relevante. Permite reflexionar con mayor profundidad sobre el contenido del futuro Código y evitar soluciones apresuradas. La calidad de la codificación será decisiva para su eficacia.

¿Cuál es su opinión sobre el futuro del derecho del consumidor frente a estos desafíos?

Considero que el derecho del consumidor argentino se encuentra en un punto de inflexión. El crecimiento del sobreendeudamiento ha puesto en evidencia los límites de un modelo basado exclusivamente en la autonomía de la voluntad y en soluciones reactivas. El desafío hacia adelante consiste en construir un sistema que combine: prevención, protección efectiva, y reconocimiento de las nuevas formas de vulnerabilidad.

En este contexto, la eventual sanción de un Código de Defensa del Consumidor, hoy en estado de anteproyecto, podría constituir un paso decisivo, siempre que conserve la visión moderna, centrada en la persona y en la realidad del mercado contemporáneo, en la cual han trabajado los académicos convocados al efecto. En definitiva, el derecho deberá decidir si se limita a acompañar las transformaciones económicas o si asume un rol activo en la construcción de condiciones más justas y equilibradas. A mi juicio, la única opción compatible con la Constitución y con la evolución doctrinaria es la segunda.