Sin aporte nacional se complica el combate al narcomenudeo

Autoridades judiciales y de seguridad de Corrientes, Chaco y Formosa participaron este jueves por la mañana del Encuentro NEA del fuero de narcomenudeo realizado en el auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco donde analizaron la implementación de este sistema en la región y coincidieron en un reclamo central: la falta de financiamiento por parte del Estado nacional para sostener las estructuras provinciales creadas para combatir el narcotráfico a pequeña escala.

Durante la apertura, el presidente del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, Néstor Varela, recordó que la provincia implementa desde 2015 el fuero especializado en narcomenudeo en el marco del proceso de desfederalización del delito, que permite a las jurisdicciones provinciales investigar y juzgar el tráfico de drogas en menor escala.

El magistrado destacó la presencia de autoridades judiciales de Corrientes y Formosa y valoró los espacios de intercambio regional para fortalecer la respuesta institucional frente a este fenómeno delictivo. En ese marco, subrayó que la experiencia chaqueña se desarrolló con un obstáculo persistente: la falta de recursos comprometidos por el Gobierno nacional.

Según explicó, cuando las provincias asumieron parte de estas competencias se estableció por ley un sistema de transferencias presupuestarias para financiar el funcionamiento de juzgados, fiscalías, fuerzas de seguridad y servicios penitenciarios vinculados a la persecución del narcomenudeo. Sin embargo, señaló que esos fondos nunca se materializaron.

"El sistema se puso en marcha sin la asistencia económica y financiera que debía brindar la Nación para su implementación", advirtió.

El tema presupuestario fue uno de los ejes centrales del encuentro y atravesó las intervenciones de los distintos expositores, quienes coincidieron en que el sostenimiento del sistema depende en gran medida del esfuerzo de las provincias.

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, resaltó el trabajo articulado entre el Poder Judicial, el Ejecutivo provincial y el Poder Legislativo para fortalecer las políticas de combate al narcomenudeo. Según indicó, esa coordinación institucional también se refleja en la elaboración de reformas legales y en el acompañamiento de la Cámara de Diputados provincial.

Matkovich afirmó que la experiencia chaqueña en la lucha contra el narcomenudeo ha tenido resultados positivos y aseguró que la provincia se encuentra entre las que registran mayores niveles de secuestro de drogas.

"Muchas veces el canal por el que comienzan esos procedimientos es el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad", señaló.

En ese sentido, destacó la importancia de la rapidez de los juzgados de garantías al momento de autorizar allanamientos, lo que permite avanzar con mayor inmediatez en las investigaciones y operativos.

No obstante, remarcó que el sistema enfrenta limitaciones vinculadas al financiamiento y a la necesidad de sostener estructuras especializadas en el tiempo.

Por su parte, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri, valoró la trayectoria del Chaco en la aplicación de este fuero y explicó que su provincia busca nutrirse de esa experiencia.

"Sabemos que los chaqueños tienen una larga trayectoria en este tema. Venimos a buscar experiencia porque nosotros todavía no la tenemos", afirmó.

Panseri indicó que uno de los objetivos del encuentro fue analizar el funcionamiento del sistema y las diferencias normativas entre las provincias que avanzaron en la desfederalización del narcomenudeo.

"No vamos a tener exactamente el mismo fuero y esas diferencias son sanas dentro del federalismo", sostuvo.

El magistrado también coincidió en señalar que la falta de presupuesto es uno de los principales desafíos que enfrentan las provincias para sostener la persecución de este tipo de delitos.

"Ustedes al menos tienen un pedido de presupuesto; nosotros todavía no tenemos nada", expresó.

Panseri advirtió además que el fenómeno del narcotráfico cambió en los últimos años en la región. Recordó que durante mucho tiempo Corrientes era considerada una provincia de paso para la droga, pero sostuvo que actualmente el problema se instaló con mayor fuerza y con un importante poder económico.

También destacó la estrecha relación social y urbana entre Corrientes y Resistencia, que conforman un conglomerado de más de 1,4 millones de habitantes, con circulación permanente de personas por motivos laborales, educativos y culturales.

"Ese volumen poblacional también puede atraer a quienes buscan aprovecharse de este tipo de delitos", señaló.

Desde Formosa, el ministro del Superior Tribunal de Justicia Guillermo Alucín se refirió a uno de los principales desafíos que enfrentaron las provincias al asumir competencias en la materia: la definición de la jurisdicción entre la justicia federal y la provincial.

Según explicó, en muchos casos esa determinación se realiza a partir de las pruebas recolectadas durante las investigaciones, lo que permite establecer si se trata de narcotráfico de mayor escala o de narcomenudeo.

Alucín recordó que antes de la desfederalización la justicia federal muchas veces no contaba con la logística necesaria para intervenir en todas las localidades, especialmente en el interior.

"La Gendarmería o la Policía Federal no llegaban a muchas localidades y dependían de las provincias, pero nosotros éramos solo observadores y no teníamos protagonismo", señaló.

Finalmente, el magistrado indicó que el reclamo presupuestario será impulsado de manera conjunta por las provincias que implementaron el sistema. Según adelantó, actualmente son diez las jurisdicciones que buscarán que el Gobierno nacional cumpla con lo establecido en el artículo 5 de la ley de desfederalización del narcotráfico.

Esa norma prevé un sistema de transferencias proporcionales desde el presupuesto nacional hacia las provincias que asumen estas competencias, con el objetivo de financiar fuerzas de seguridad, servicios penitenciarios y el funcionamiento del sistema judicial.

Sin embargo, los representantes provinciales coincidieron en que, pese a la vigencia de la ley, esos recursos aún no se han transferido, por lo que el sostenimiento del fuero de narcomenudeo continúa dependiendo principalmente de los presupuestos provinciales.

Por el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes participarán los ministros Alejandro Alberto Chaín y Eduardo Panseri. También estarán autoridades del STJ del Chaco, encabezadas por su presidente Néstor Enrique Varela, junto a los ministros Iride Isabel María Grillo, Alberto Mario Modi, Víctor Emilio del Río y Emilia María Valle.

Del Poder Judicial de Formosa, el ministro Guillermo Horacio Alucín. Además participarán el procurador general del Chaco, Jorge Canteros; el ministro de Seguridad de esa provincia, Hugo Matkovich; y el procurador adjunto Hugo Miguel Fonteina.