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Análisis sobre la sostenibilidad previsional
El Senado sancionó la reforma laboral, pero su impacto abre serias dudas. La baja de aportes y la exclusión de trabajadores de plataformas amenazan el financiamiento previsional y derechos con rango constitucional bajo el riesgo de mayor litigiosidad e incertidumbre.
La Cámara de Senadores esta semana finalmente sancionó el proyecto de reforma laboral cuya implementación genera profundos interrogantes técnicos y jurídicos. Bajo la premisa de una necesaria modernización de las relaciones de trabajo, se introducen modificaciones que impactan de manera directa en la sostenibilidad de la seguridad social y en principios fundamentales del derecho laboral que gozan de raigambre constitucional. Resulta imperativo analizar si estas herramientas son las adecuadas para revertir la crisis del sector productivo o si, por el contrario, profundizan una vulnerabilidad sistémica que afectará a las generaciones venideras.
El desfinanciamiento del sistema: un riesgo de largo alcance
El eje central de la reforma propone una exención de deudas por cargas sociales de hasta un 70% para quienes regularicen situaciones laborales y una reducción del 8% en las contribuciones patronales para las nuevas contrataciones. Si bien se presenta como un incentivo a la formalización, desde la perspectiva del derecho de la seguridad social, nos encontramos ante una retracción de ingresos crítica para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El sistema previsional argentino se rige por los principios de solidaridad e integridad financiera. Al disminuir de forma tan drástica los aportes y contribuciones patronales, se profundiza el déficit operativo de la caja jubilatoria. Financiar la reducción del costo laboral privado mediante el desfinanciamiento del sistema público de previsión representa un traslado de costos que vulnera la estabilidad del régimen de reparto, convirtiendo un alivio coyuntural para el sector privado en una carga estructural para el Estado.
Con la caja de los jubilados sin financiamiento no es posible sostener la jubilación del Estado, mucho menos aspirar a que en el futuro el 82% sea un sueño convertido en realidad.
El horizonte de la reforma previsional: los 70 años y la Pensión Universal
Este desfinanciamiento no es un hecho aislado, sino la antesala de una reforma previsional aún más severa que ya asoma en la agenda legislativa. El proyecto que se vislumbra apunta a elevar la edad jubilatoria a los 70 años, bajo la lógica de una supuesta mayor longevidad de la población, pero ignorando las realidades biológicas y laborales de los sectores más vulnerables de nuestra economía. Más grave aún es la tendencia hacia la consolidación de una renta o pensión universal que, según las proyecciones técnicas, no superaría los 400.000 pesos.
Frente a este panorama de incertidumbre y posible licuación de los haberes futuros, la recomendación desde la práctica profesional es contundente, quien hoy se encuentre en condiciones de jubilarse, no debería demorar el inicio del trámite. La estabilidad de las normas vigentes es un activo escaso. Para quienes aún no cuentan con la edad requerida, la planificación previsional se vuelve una herramienta de primera necesidad. Es fundamental recurrir a una estrategia técnica que permita aplicar todos los beneficios, moratorias y reconocimientos de servicios vigentes para que, al momento de alcanzar el límite de edad, la transición se realice sin los sobresaltos que promete el nuevo esquema.
La exclusión del trabajador de plataforma: el vacío de cobertura
Un punto de extrema gravedad es la exclusión explícita de los trabajadores de plataformas digitales del ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, calificándolos como "prestadores independientes". Esta figura no solo desconoce la realidad de la subordinación económica y técnica que caracteriza a estas actividades, sino que además priva al sistema de seguridad social de miles de contribuyentes potenciales. Al no realizar aportes ni contar con la protección de una ART, se genera un sector de la población activa que, ante la contingencia de la vejez o el accidente, carecerá de la cobertura mínima, trasladando ese costo futuro al sistema asistencial público.
Inconstitucionalidad y el principio de no regresividad
Desde el rigorismo jurídico, la norma presenta flancos de alta vulnerabilidad respecto al bloque de constitucionalidad. El Artículo 14 bis de nuestra Carta Magna garantiza la protección contra el despido arbitrario y la integralidad de la seguridad social.
Principio de Progresividad: Los tratados internacionales prohíben adoptar medidas regresivas en materia de derechos sociales. La introducción del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza la indemnización tarifada por un sistema de capitalización, constituye un retroceso en los estándares de protección ya consolidados por la jurisprudencia de la Corte Suprema, como en el célebre fallo "Vizzoti".
Irrenunciabilidad de derechos: La ley intenta flexibilizar condiciones que pertenecen al orden público laboral. Si bien el régimen de licencias médicas se mantuvo inalterado tras las negociaciones políticas, otros aspectos como el Banco de Horas y el fraccionamiento de vacaciones vulneran el principio de irrenunciabilidad, dejando el descanso supeditado a la voluntad unilateral del empleador.
La realidad multicausal del cierre de PYMES
Es un error de diagnóstico atribuir la crisis del sector productivo únicamente a la "litigiosidad laboral". La mas cruda realidad indica que la desaparición de empresas responde a una estructura de costos inmanejable por factores ajenos al derecho del trabajo.
A la falta de consumo se suma la ausencia de créditos productivos con tasas razonables. No obstante, el factor determinante es la asfixia operativa provocada por el aumento en el costo de la energía y los servicios generales. Los incrementos en los cánones de alquileres comerciales han pulverizado la rentabilidad, sumados a una carga impositiva nacional, provincial y municipal que castiga con igual rigor al pequeño emprendedor que a la empresa consolidada. La reforma laboral no puede corregir un escenario donde el costo de mantener la persiana levantada supera largamente cualquier ahorro marginal en la nómina salarial.
La apertura de las importaciones con precios que el comercio interno no puede superar teniendo que soportar una carga impositiva que obliga al emprendedor a trabajar 8 meses del año para pagar impuestos.
Si no se empieza por una reforma tributaria tendiente a la eliminación de impuestos, la reforma laboral no va a hacer mas que agravar la situación del contexto económico en la Argentina.
El Poder Judicial como garante de la supremacía legal
Dada la contradicción entre el texto de la reforma y la jerarquía de las leyes, es previsible que el Poder Judicial intervenga de manera masiva. Una ley que nace cuestionada por su carácter regresivo no aporta seguridad jurídica; genera un escenario donde cada contrato bajo el nuevo régimen podría ser objeto de declaración de inconstitucionalidad de oficio.
Los jueces tienen el deber de realizar el control de constitucionalidad. Si una ley debilita el principio protectorio para los trabajadores y desfinancia el futuro de los jubilados, el Poder Judicial es el último dique de contención para preservar el Estado de Derecho frente a la arbitrariedad de los demás poderes del Estado en defensa de la democracia.
(*) Abogada UNNE Especialista en derecho previsional Planificación patrimonial y sucesoria
