Una deuda legislativa
El sistema penal juvenil volvió a la agenda legislativa en los últimos meses y forma parte del debate en la opinión pública. Sin dudas, se trata de una discusión que nos interpela como sociedad, ya que marcará el destino de los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Nuestra legislación vigente data de los años ochenta, durante la última dictadura militar en Argentina. Desde entonces, se han presentado numerosos proyectos de reforma que no lograron ser sancionados. A casi cuarenta y seis años de aquella normativa, el país vuelve a plantearse una reforma del sistema de justicia penal juvenil, lo que reabrió el debate público sobre la eventual baja de la edad de punibilidad. La edad mínima de punibilidad.
La edad mínima de responsabilidad penal es aquella a partir de la cual un niño, niña o adolescente puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y, en consecuencia, sometido a un proceso penal. Actualmente, en Argentina esa edad se fija en los 16 años. Por debajo de ese umbral, los niños, niñas y adolescentes no son punibles; entre los 16 y los 18 años, la punibilidad se limita a determinados delitos y con un régimen especial.
En este contexto, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de reforma que proponía bajar la edad de punibilidad de 16 a 13 años. Posteriormente, esa iniciativa fue retirada y reemplazada por una nueva, consensuada con sectores de la oposición, que fija la edad mínima en 14 años.
Una reforma necesaria
Más allá de las banderas políticas, la realidad es que Argentina necesita una reforma integral del sistema penal juvenil. Se trata de una deuda pendiente no solo con la ciudadanía, sino también con el sistema internacional de derechos humanos.
Argentina fue declarada responsable internacionalmente en el caso "Mendoza y otros vs. Argentina", en el que se cuestionó la imposición de penas de prisión y reclusión perpetua a personas que eran menores de edad al momento de cometer los delitos. En esa sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado adecuar su marco legal a los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil, así como diseñar e implementar políticas públicas con metas claras, plazos definidos y recursos presupuestarios suficientes para la prevención de la delincuencia juvenil.
En la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado en diversos fallos la necesidad de mejorar el sistema de responsabilidad penal juvenil para garantizar el pleno respeto del debido proceso y de los derechos fundamentales de los adolescentes involucrados.
¿Qué propone el Proyecto?
El proyecto de reforma que ya tiene media sanción en diputados prevé un catálogo de sanciones alternativas a la privación de la libertad, tales como amonestaciones, prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, prohibición de salir del país, prestación de servicios a la comunidad, monitoreo electrónico, entre otras, que podrán aplicarse incluso de manera combinada, y como último recurso la privación de la libertad.
Se establece un régimen especial de alojamiento para adolescentes privados de libertad. En caso de ser indispensable el encierro, deberán ser alojados en dependencias especialmente acondicionadas, bajo la dirección de personal idóneo, y se prohíbe expresamente su alojamiento junto a personas mayores de edad.
En materia de penas, el proyecto prohíbe la imposición de reclusión o prisión perpetua y fija un plazo máximo de quince (15) años de privación de libertad, aun cuando la escala penal prevista para el delito fuera superior.
Diversos bloques legislativos han cuestionado que el proyecto no contempla el tratamiento de los menores no punibles y que la reducción de la edad de punibilidad no constituye, por sí misma, una respuesta integral al fenómeno de la inseguridad. También se discutió la forma en que el estado va a afrontar los gastos derivados de la implementación.
Más allá de la edad: un sistema acorde a los estándares internacionales
El centro del debate parece concentrarse en la baja de la edad de punibilidad. Sin embargo, el verdadero desafío legislativo debería radicar en la construcción de una normativa acorde al sistema internacional de derechos humanos y a los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En el "Informe de Posicionamiento sobre el Sistema de Justicia Penal Juvenil", UNICEF remarca la necesidad de una reforma integral que contemple un sistema de justicia especializado, con operadores capacitados, con énfasis en la prevención antes que en la represión y con una finalidad orientada a la reinserción social. Asimismo, destaca la importancia de garantizar oportunidades educativas y de formación laboral, y advierte que la baja de la edad de punibilidad, de manera aislada y sin atender los aspectos estructurales, no mejora por sí misma la seguridad.
El derecho penal constituye una respuesta tardía del Estado, que interviene cuando el conflicto ya se ha producido y han fallado las medidas de prevención. En ese sentido, se actúa sobre las consecuencias, sin atender las causas estructurales que pueden llevar a un adolescente a cometer delitos.
Por ello, esta reforma legislativa debe ir necesariamente acompañada de políticas públicas de prevención y de un enfoque integral de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Del texto de la ley a la realidad
Desde LegalNEA participamos de este debate no solo desde el conocimiento del derecho, sino también desde la experiencia en el sistema de justicia, en el que se evidencian los contrastes entre las decisiones legislativas y su aplicación concreta: una cosa es el texto de la ley y otra, muy distinta, su aplicación práctica.
En el caso de los menores, esa diferencia se advierte incluso fuera del ámbito penal, en procesos de familia y en dispositivos administrativos de protección, donde no siempre se garantizan de manera efectiva los derechos de niños, niñas y adolescentes ni se atienden adecuadamente sus necesidades asistenciales. Por ello, cuando entra en juego el poder punitivo del Estado, resulta imprescindible extremar los cuidados.
De ser aprobado el proyecto y entrar en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, su correcta aplicación constituirá una responsabilidad que nos atañe a todos. Muchas veces, el sistema mejora precisamente a partir de las exigencias de quienes intervenimos cotidianamente en él.
(*) Abogada LegalNEA Servicios Jurídicos