Cuando la Justicia ordena y el Estado no cumple

El permanente reclamo de las familias de niños, niñas, adolescentes y adultos con serios problemas de salud que, intempestivamente, han sido literalmente abandonados por la obra social estatal chaqueña puso en evidencia no solo la crisis de la salud sino también la duda sobre la efectividad de la justicia como resguardo último de los derechos en general y de los derechos humanos en particular.

La judicialización del derecho a la salud no es, por sí sola, una anomalía del sistema. Es, en la mayoría de los casos, el síntoma más visible de una falla previa: la progresiva y sistemática retirada del Estado de su rol como garante efectivo de derechos esenciales. Sin embargo, tampoco puede afirmarse —con honestidad intelectual— que la respuesta judicial sea siempre uniforme, suficiente y oportuna.

En este contexto, el rol de la abogacía adquiere una dimensión que excede el litigio individual. Los abogados y abogadas que intervenimos en acciones de amparo vinculadas al acceso a la salud y a la discapacidad, tanto ante la justicia ordinaria como federal y frente a los distintos subsistemas —obras sociales provinciales y nacionales, entidades de medicina prepaga y organismos estatales— no solo defendemos derechos concretos: también somos testigos privilegiados del funcionamiento real del sistema.

Esa experiencia territorial y jurisdiccional amplia impone una responsabilidad adicional: analizar críticamente las respuestas institucionales, advertir sus inconsistencias y visibilizar las fallas estructurales que los expedientes revelan.

Una justicia necesaria, pero no homogénea

En la generalidad de los casos, más allá de las diversas contingencias que presenta la litigación en materia de salud, los tribunales han asumido un rol activo y protectorio, dictando medidas cautelares y sentencias de fondo que ordenan la cobertura integral de tratamientos, medicamentos y prácticas urgentes.

Pero también es cierto que no todos los tribunales responden del mismo modo. Aún hoy subsisten decisiones, por ejemplo en la justicia federal correntina, en las que se trasladan al paciente cargas procedimentales impropias, que el propio sistema de salud ya demostró no puede resolver y que lo colocan en una situación de vulnerabilidad aún mayor a la que motivó su decisión de judicializar la cuestión.

Estas respuestas, más cercanas a una lógica formalista que a un enfoque de derechos humanos, evidencian que la tutela judicial no es homogénea, ni automática ni está garantizada.

La consecuencia es clara: el acceso a la salud termina dependiendo del juzgado que interviene, de la jurisdicción y, muchas veces, de la capacidad de resistencia del propio amparista. Esa desigualdad en la respuesta judicial constituye, en sí misma, un problema institucional que merece ser debatido públicamente.

Cuando la orden judicial existe y aun así no se cumple

Tan grave como la disparidad de criterios es el escenario en el que, aun obtenida una resolución favorable, el derecho sigue sin efectivizarse. Órdenes cautelares firmes incumplidas durante semanas o meses, medicamentos que no se entregan, tratamientos que se interrumpen sin alternativa.

En estos supuestos, la judicialización deja de ser un remedio imperfecto y se convierte en un callejón sin salida.

 
Cuando el Estado —en cualquiera de sus niveles— decide no cumplir una sentencia que tutela derechos fundamentales, no estamos frente a un problema presupuestario: estamos ante una afectación directa del Estado de Derecho y de los Derechos Humanos.

Frente a estas situaciones, la función del abogado no puede limitarse a presentar escritos y promover ejecuciones. También implica señalar públicamente que el incumplimiento sistemático de decisiones judiciales erosiona la confianza institucional y vacía de contenido la garantía constitucional de tutela efectiva.

La fuente del problema: políticas nacionales y efectos federales regresivos.

Aunque los incumplimientos puedan atribuirse a organismos provinciales o a obras sociales determinadas, sería un error analizar el fenómeno como una suma de ineficiencias locales. La crisis actual del sistema de salud tiene una fuente claramente identificable en las políticas públicas definidas a nivel nacional a partir de diciembre de 2023.

La reducción real de partidas, la desarticulación o debilitamiento de programas sanitarios y de discapacidad, la demora en pagos y la reconfiguración institucional sin garantías operativas suficientes han generado un efecto dominó sobre todo el sistema federal. Las provincias y sus subsistemas absorbieron el impacto sin recursos suficientes, con consecuencias previsibles: racionamiento, demoras, incumplimientos y judicialización masiva.

En este contexto, la abogacía cumple también una función de análisis estructural. Los expedientes judiciales no son hechos aislados; son indicadores de políticas públicas que impactan en derechos fundamentales. Hacer visible esa conexión no es un gesto ideológico: es una obligación profesional y ética.

Internacionalizar el reclamo: una consecuencia, no una provocación

La presentación de casos ante instancias internacionales no responde a una estrategia de confrontación política. Es la consecuencia directa de la ineficacia material de los remedios internos cuando, aun existiendo sentencias favorables, su cumplimiento no se garantiza.

Cuando se agotan las vías administrativas, se obtienen resoluciones judiciales y, pese a ello, el derecho a la salud sigue siendo vulnerado, el sistema internacional deja de ser una opción excepcional para convertirse en una herramienta legítima de visibilización y exigibilidad.

La labor del abogado, en este escenario, no se limita a la defensa técnica: también implica advertir que la crisis no es individual sino estructural, y que los casos testigo permiten dimensionar un problema más amplio que exige respuestas institucionales profundas.

Un compromiso con la tutela efectiva

La defensa del derecho a la salud exige una mirada integral: litigio estratégico, análisis crítico y participación en el debate público.

Sin políticas públicas activas, la Justicia se satura.

Sin cumplimiento de sentencias, la tutela se vacía.

Y sin tutela efectiva, los derechos dejan de ser derechos para convertirse en meras declaraciones.

La abogacía no puede permanecer indiferente ante ese proceso. Defender derechos también implica explicarlos, contextualizarlos y exigir que el sistema funcione.

(*) Director General – LegalNEA Servicios Jurídicos