Los acuerdos Nación- Provincias que impactaron en las arcas

El último gran intento de acuerdo en la relación fiscal entre Nación y las provincias fue una carta de intención que se materializó en la conformación del Consejo de Mayo y que perfila en el debate parlamentario. Ahora, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar vía Congreso con grandes reformas que afectarán el flujo de las cajas subnacionales con la flexibilización laboral y las modificaciones en el sistema impositivo.

En este escenario de pujas subterráneas la Casa Rosada reactivó, a través del ministro del Interior Diego Santilli como emisario, las conversaciones con los gobernadores, en su mayoría, dialoguistas. Ayer, el funcionario nacional estuvo con el mandatario de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres. Corrientes también está en la lista de espera de avanzar con las conversaciones más allá del compromiso de resolver una agenda conjunta que mantuvieron en diciembre pasado el integrante del gabinete de Milei y el entonces gobernador Gustavo Valdés.

Durante el Gobierno de La Libertad Avanza, si bien se declamaron grandes reformas, hasta el momento la firma del Pacto de Mayo el 9 de Julio de 2024 junto a 18 gobernadores, entre ellos, Gustavo Valdés, se perfila en pequeños pasos por la vía legislativa. Uno de los puntos que se destacó en el informe final del Consejo de Mayo fue la reforma de la Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario, conocido como Inocencia Fiscal, recientemente sancionado en extraordinarias. Esto incluye la inauguración de un sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificada.

En su documento final publicado en vísperas de Noche Vieja, el órgano promueve la Reforma Laboral, llamado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral que incluye la baja de cargas fiscales sobre aportes patronales, como así, un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones, con exención de IVA a la energía eléctrica utilizada en el sector industrial, las eliminaciones de impuestos internos a electrónicos, autos, motos, embarcaciones, telefonía celular, servicios audiovisuales, alquileres, entre otros.

Sin embargo, cada cambio impositivo repercute en el flujo de ingresos de las provincias. De concretarse el paquete de leyes que se anexan al Pacto de Mayo, serían 13 las grandes revisiones de acuerdos entre la Casa Rosada y los gobernadores que se registraron en los últimos 30 años y que marcan cambios considerables en la distribución de los recursos. Aunque, desde la Presidencia no existe una campaña abierta de considerar que este conjunto de normas forman parte del mencionado pacto.

En 1992 se registró uno de los primeros grandes acuerdos entre Nación y las provincias. Se trató del Pacto Fiscal ratificado luego por Ley 24.130. Entró en vigor en septiembre de ese año y modificó la coparticipación primaria porque introdujo detracciones de la masa de recursos coparticipables como ser, el 15% para el pago de las obligaciones previsionales; la distribución de $43,8 millones para cubrir los desequilibrios fiscales de las jurisdicciones subnacionales.

Además, se estableció el giro automático a las provincias de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), del Fondo de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI) y del Fondo Vial Federal. Algunos de ellos, se fueron desarticulando, especialmente durante la administración libertaria. En el caso de Corrientes, reclamó en reiteradas ocasiones la actualización del llamado Fondo FONAVI que le corresponde a las provincias.

En 1993 durante el menemismo, las provincias y Nación firmaron el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, también llamado Pacto Fiscal II y materializado mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1494/1994. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela que "aunque el objetivo primordial de este acuerdo fue impulsar cambios en la estructura de los sistemas tributarios provinciales, el acuerdo firmado en agosto de 1993 también contemplaba algunas compensaciones. Entre ellas, se elevó el mínimo garantizado de coparticipación de los $725 millones mensuales establecidos en el Pacto Fiscal I a $780 millones mensuales".

En 1999 se sancionó la Ley 25.235 de Compromiso Federal que, entre otras modificaciones al régimen federal, impuso un techo y un piso a las transferencias automáticas de $1.350 millones mensuales para ese mismo año. En 2002, luego de la crisis de 2001 que decantó en la renuncia de Fernando De la Rúa, se firmó el Compromiso Federal para el Crecimiento y la Disciplina Fiscal que elevó a $1.364 millones mensuales el monto de los envíos no discrecionales.

Un año antes, se había decretado la autarquía financiera de AFIP que derivó en litigios entre las provincias y Nación al afectar la masa coparticipable. Tras la disolución de la agencia el año pasado, ya que pasó bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación, senadores radicales, entre ellos el correntino Eduardo Vischi impulsó un proyecto de ley en el cual se reclama la devolución de los puntos coparticipables.

En 2002, además, entró en vigencia la Ley 25.570 derivado del Acuerdo Nación- Provincias sobre la Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. A partir de dicho año se incorporó a la masa coparticipable el 30% de lo recaudado por el Impuesto a los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente y eliminó los pisos y techos a las transferencias automáticas establecidos en convenios previos.

Pasó más de una década hasta que se concretó un nuevo gran acuerdo. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri se impulsó la Ley N°27.260 que consistió en la eliminación gradual de la detracción del 15% de la masa coparticipable con destino al financiamiento de ANSES. Esto, tras conocerse una sentencia en contra del Gobierno nacional de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Un año después, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N°27.429 de Consenso Fiscal que abarcó una serie de compromisos comunes y particulares de cada jurisdicción subnacional. Algunos de ellos fueron los cambios en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Entre los segundos se encontraba el compromiso de reducir o eliminar ciertos tributos por parte de las provincias y de coparticipar conceptos no coparticipados previamente por parte de la Nación. También incluyó acuerdos para reducir la litigiosidad. Esta volvió a elevarse durante los gobiernos de Alberto Fernández y de Javier Milei. Este fue el caso de Corrientes que mantiene ante la Corte Suprema de Justicia.