Narcomenudeo: se cierra el año con la ley aprobada pero no aplicada

El año en curso ha sido evaluado como "muy positivo" en materia de seguridad para la provincia de Corrientes por funcionarios de seguridad, según un balance oficial presentado por las autoridades locales. El análisis, que se realizó recientemente, identificó una baja considerable en los índices de criminalidad en comparación con años anteriores.

El ministro de Seguridad de la Provincia, Alfredo Vallejos, quien asumió su cargo en julio de 2024, fue el encargado de comunicar estos resultados. "Si hacemos un análisis de las estadísticas, notamos una importante disminución de los hechos delictivos", aseguró el funcionario.

Estos datos favorables fueron presentados por la delegación correntina en una jornada de análisis en Buenos Aires en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde la provincia se destacó por sus resultados positivos.

El enfoque en la prevención

El balance del Ministerio de Seguridad se basa en el monitoreo constante de "puntos de calor" y zonas críticas, tanto en las principales áreas urbanas como en el ámbito rural. Vallejos subrayó la eficacia del trabajo preventivo de la Policía de Corrientes.

"Lo que trasciende son aquellas cuestiones en las cuales los hechos delictivos se dan, pero por ahí a la gente no le llegan todas las cuestiones que pudimos prevenir a partir del trabajo que se viene haciendo", explicó el ministro, resaltando el esfuerzo silencioso de la fuerza.

Pese a los logros, las autoridades insisten en que "en seguridad nunca es suficiente", por lo que el trabajo es cotidiano y se busca la mejora constante. Informes nacionales de mayo de 2025 ya indicaban una reducción en robos, hurtos y delitos vinculados a drogas en la provincia.

Aprobada la ley clave contra el narcomenudeo

Un avance legislativo fundamental de este año fue la aprobación de la Ley de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal (Ley 6.725), que otorga a la Provincia herramientas para combatir el narcomenudeo. La ley fue sancionada por la Cámara de Diputados de Corrientes a principios de octubre de 2025, tras meses de insistencia por parte del gobernador Gustavo Valdés.

Actualmente, la provincia se encuentra en un "proceso de transición", ultimando detalles para la entrada en vigencia plena de la ley mediante su decreto reglamentario.

Un cambio radical en la lucha local

La principal fortaleza de esta nueva normativa radica en la agilización de la respuesta operativa. Al pasar la competencia a la Justicia y la Policía provincial, se eliminarán las demoras burocráticas que implicaban depender exclusivamente de la órbita federal, la cual enfoca sus mayores esfuerzos en el tráfico de grandes cantidades.

"Hoy, al estar en la esfera federal esto tiene una discusión que se dio en la Legislatura, por un lado, la fuerza federal tiene que hacer frente a lo que es el tráfico de grandes cantidades, entonces por ahí todo el esfuerzo está puesto ahí", explicó el ministro.

Con la Ley Provincial en marcha será la Policía de Corrientes, que conoce el territorio y mantiene contacto directo con los vecinos, la encargada de abordar los puntos de venta minorista. Esto permitirá que la información recibida de la comunidad se traduzca en allanamientos y operativos de manera "mucho más ágil" y dinámica.

Sigue la espera

Pese a que la Ley de Narcomenudeo fue aprobada por la Legislatura correntina, aún no puede ser aplicada porque, según los actores judiciales, "se está trabajando en el decreto reglamentario y hay que completar la estructura dentro del Poder Judicial".

En una nota realizada por época en la edición impresa del 24 de septiembre, una semana previa a la aprobación de la Ley de Narcomenudeo que se sancionó el 1 de octubre de este año, los actores de la Justicia correntina se opusieron a la aprobación. Aseguraban que no cuentan con recursos, ni infraestructura, ni personal humano, ni logística. Incluso, adujeron que las cárceles correntinas están colapsadas y que no imaginan cuál será la situación tras la implementación de esta Ley.

Desde la Justicia Federal señalaban que fijen una política criminal, les recordaron que son experiencias que se van implementando paulatinamente, pero sin pausas en las provincias y que fueron exitosas en aquellos distritos que lo incorporaron. Y, palabras más palabras menos, que dejen de quejarse.

Cabe recordar que tras la aprobación en la Legislatura correntina de la Ley de Narcomenudeo debería ser la Justicia provincial y ya no la Federal la que entenderá en las causas de la venta minorista de estupefacientes (kioscos de drogas de los barrios, narcodeliveries).

 
El proyecto fue presentado e impulsado por el Gobierno de Gustavo Valdés. En julio pasado, el Senado correntino le dio media sanción al proyecto de Narcomenudeo y el expediente pasó a la Cámara de Diputados. De acuerdo a los números legislativos, todo estaba dado para su aprobación definitiva. Sin embargo, una nota de funcionarios de la Justicia Federal frenó el análisis del proyecto en el recinto.

Tras ello, los funcionarios judiciales pidieron ser escuchados por los diputados. Para ello, la presidencia del cuerpo y la de la comisión de Asuntos Constitucionales fijaron un encuentro entre los legisladores y los actores de la Justicia Federal, pero se amplió la invitación a los representantes de la Justicia provincial quienes, en definitiva, serían los que lidien con el problema en caso de que se apruebe el decreto reglamentario y se complete la estructura dentro del Poder Judicial.

Por aquel entonces, los referentes de la Justicia local fustigaron duramente el texto del proyecto de ley.

Diego Núñez Huel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes, (institución que nuclea a jueces, fiscales, defensores, asesores y secretarios) fue uno de los que se expresó: "Nuestra posición es contraria a la ley", aseveró. Dio dos razones. La primera, la presupuestaria. Recordó que la Provincia reformó el Código Procesal Penal y que ello debía venir con nuevos recursos ("inyección presupuestaria necesaria", dijo). Y que esto no pasó. Argumentó que lo mismo ocurriría con la Ley de Narcomenudeo. Y agregó que con escaso presupuesto, la Justicia correntina debía hacer frente a estos delitos que son entre el 60 y 70% de las causas narco.

El segundo punto sería que solo podrían investigar el último eslabón de la cadena narco y no podrían avanzar con la investigación "para arriba". "Tumbaremos el kiosquito, meteremos preso al vendedor, que es el eslabón sacrificable, pero los narcos pondrán otro kiosco a la vuelta. Y estaremos limitados para investigar la cadena de distribución", argumentó en ese momento en que aún la Ley de Narcomenudeo se trataba.

Otro de los que brindó su opinión sobre esta ley fue Alejandro Chain, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), quien hizo hincapié en la falta de recursos para hacer frente a la sumatoria de causas con las que deberían tratar en caso de aprobarse la Ley. Y dejó en claro la falta de elementos para enfrentar la problemática: aseguró que ni siquiera conocen a ciencia cierta qué es lo que se consume en Corrientes.

Pese a todo, se aprobó la ley

Con 26 diputados presentes, la Cámara de Diputados retomó sus plenarios de tablas y luego de una larga deliberación los legisladores sancionaron la Ley de Narcomenudeo.

El diputado Ast, al fundamentar el expediente, recordó que hubo senadores que se pusieron al hombro el tema, trabajando con distintos organismos, incluso de la provincia de Chaco, Santa Fe, Salta, Jujuy y Tucumán. Indicó que estos diálogos llevaron a crear una Unidad Fiscal y de una agencia de operaciones de campo, entre otras instituciones, como más fiscalías.

Ya por ese entonces, Ast remarcó que "su aplicación será gradual", y recordó que "es un paso a paso. Primero la ley, la promulgación y luego la reglamentación. No se termina acá. Es una política integral para mejorar la calidad de vida de las personas", aseveró.