Libertad económica para vivir sin violencias

La desigualdad económica que enfrentan muchas mujeres no comienza en la adultez, se construye desde la primera inserción laboral, continúa durante los años de crianza y se profundiza en la etapa de retiro o jubilación.

La trayectoria laboral femenina suele estar marcada por interrupciones, trabajos informales, salarios más bajos y una carga desproporcionada de tareas de cuidado no remuneradas. Estas desigualdades tienen una consecuencia jurídica evidente, la imposibilidad de completar los 30 años de aportes exigidos por la Ley previsional. Por eso, las moratorias previsionales fueron —y siguen siendo— instrumentos esenciales para que millones de mujeres accedan a una jubilación, reconociendo el trabajo invisible que, aunque no figure en recibos de sueldo, sostiene hogares y economías familiares enteras.

La moratoria no es un beneficio excepcional, sino la respuesta del sistema previsional frente a una realidad estructural de desigualdad. Gracias a ella, muchas mujeres lograron obtener un ingreso propio en la vejez, evitando depender económicamente de terceros. Y esto es especialmente relevante frente a las formas más silenciosas de violencia, la violencia económica y la violencia institucional. Cuando una mujer carece de ingresos propios, su margen de decisión se reduce y su vulnerabilidad aumenta, incluso sin episodios explícitos de agresión.

En ese contexto, la libertad económica surge como un principio fundamental. No se limita a la posibilidad de trabajar, sino a la facultad de generar, administrar y proyectar los propios recursos. Implica remover barreras que históricamente limitaron el desarrollo femenino, acceso restringido al crédito, falta de información financiera, escasa formalización del trabajo independiente, trabas administrativas y poca valorización social del emprendimiento.

Emprender es, para miles de mujeres, una forma concreta de recuperar autonomía. En los últimos años, pequeños comercios, cooperativas, oficios, servicios profesionales y ventas digitales se convirtieron en fuentes genuinas de ingresos propios. Emprender significa adquirir habilidades, asumir riesgos medidos, construir redes y descubrir capacidades que quedaron relegadas por las responsabilidades de cuidado. Cada proyecto, por más pequeño que parezca, transforma realidades personales y comunitarias, genera independencia, autoestima y estabilidad económica.

Pero emprender también exige planificación. Las mujeres necesitan información clara para decidir cómo registrar su actividad, cómo aportar al sistema previsional para garantizar una futura jubilación contributiva, cómo proteger sus bienes y cómo construir un patrimonio que no dependa de terceros. La planificación patrimonial y previsional se convierte entonces en una herramienta de libertad que permite organizar la vida económica con sentido de largo plazo, reducir la vulnerabilidad y evitar conflictos familiares o sucesorios en el futuro.

En este camino, la educación financiera cumple un rol decisivo. Saber administrar el dinero, diferenciar gastos esenciales de los prescindibles, comprender cómo funcionan los intereses de los descubiertos, los pagos mínimos de tarjetas de crédito, los seguros, las inversiones básicas y los instrumentos de ahorro es una forma concreta de proteger el futuro. Durante décadas, a las mujeres se les asignó el rol de "administradoras del hogar", pero sin acceso a información técnica sobre cómo cuidar su patrimonio. Hoy, entender conceptos financieros elementales no es un lujo, es un mecanismo de defensa frente a la inflación, la informalidad y la dependencia económica. La información empodera, y la capacitación financiera permite tomar mejores decisiones, evitar abusos, planificar la vejez y sostener la autonomía incluso en contextos difíciles.

La violencia económica no siempre se manifiesta en hechos dramáticos. Muchas veces aparece como obstáculos sutiles, la falta de autonomía para administrar los propios ingresos, la necesidad de pedir autorización para gastos esenciales, la imposibilidad de alejarse de un vínculo abusivo por falta de recursos, o incluso la dificultad para enfrentar instituciones que no brindan respuestas claras. Frente a esto, la independencia económica se vuelve una pieza clave para la protección integral de las mujeres.

La falta de respuesta rápida a los reclamos judiciales es un claro ejemplo de violencia institucional, expedientes de reclamo por alimentos o de reajuste de haberes esperando años sin el dictado de la sentencia, también es someter a la mujer a la larga y desgraciada espera, a veces con el agresor muy cerca de ella.

En este marco, vale mencionar que este fin de semana se realiza en Corrientes un encuentro de mujeres que funcionará como un espacio de reflexión colectiva. Estos encuentros —más allá de diferencias ideológicas o temáticas— tienen un valor indiscutible, visibilizar experiencias, escuchar trayectorias diversas y poner en primer plano la importancia de fortalecer a la mujer y concientizar sobre las herramientas disponibles de cuidado, dignidad y libertad.

Allí seguramente se retomarán historias de mujeres que emprenden, que estudiaron de adultas, que lograron jubilarse gracias a la moratoria o que descubrieron en la independencia económica un camino para salir de situaciones de violencia doméstica, económica o institucional. Cada una de esas experiencias será un recordatorio de que la libertad económica no es un concepto abstracto, sino una construcción diaria que impacta en la seguridad, el bienestar y el futuro de millones de mujeres.

Fortalecer esa autonomía es trabajar para que cada mujer pueda decidir sobre su vida con más herramientas, menos miedos y mayor previsibilidad. Es también una invitación a pensar un país donde la edad adulta y la vejez puedan vivirse con dignidad, con ingresos propios y con la tranquilidad de haber construido un proyecto económico estable. En esa convergencia entre previsión, educación financiera, emprendimiento y libertad económica se encuentra una de las llaves más sólidas para reducir la violencia y construir trayectorias más justas y autónomas.

(*) Abogada – Egresada de la UNNE

Especialista en derecho provisional y planificación patrimonial y sucesoria

Por Silvia Zarza