Reforma educativa: "El proyecto no resuelve ningún problema actual"

La Constitución Nacional establece la educación como un derecho fundamental para todos y para el Estado es una obligación primordial que incluye garantizarla como un derecho humano, proveerla y hacerla obligatoria en ciertos niveles para asegurar una sociedad justa y democrática.

Por estos días, la educación vuelve a estar en el centro del debate público. Y es trascendental abordarlo. Es que el borrador del proyecto de ley educativa que trascendió a mediados de esta semana abrió una discusión inmediata en el sistema político, en las organizaciones del sector y entre especialistas en pedagogía.

La iniciativa del Gobierno de Javier Milei se presenta como parte de su reconfiguración estructural del Estado, apoyada en una filosofía que combina autonomía escolar, financiamiento por demanda, redefinición del rol docente y mayor injerencia de las familias en la vida institucional. Aunque todavía no fue enviado al Congreso, el texto filtrado ya genera tensiones dentro y fuera del oficialismo.

Entre los puntos más discutidos figura el esquema de financiamiento "por escuela, por individuo y por familia", que habilitaría en la práctica un sistema de vouchers. También se plantea otorgar a cada institución la posibilidad de definir su propia organización curricular, su carga horaria y su modelo pedagógico con la intención declarada de "flexibilizar y dinamizar" la gestión escolar. A esto se suma una definición más amplia del rol de la familia y la posibilidad de incorporar contenidos religiosos según decisión institucional.

Además, esta reforma suprime la Educación Sexual Integral (ESI) como contenido obligatorio y transversal en todos los niveles educativos del país.

Críticas

Las críticas surgieron rápidamente. Expertos en política educativa advierten que el modelo propuesto desplaza al Estado hacia un rol subsidiario, modifica principios establecidos por la Ley de Educación Nacional y abre la puerta a una competencia desigual entre instituciones, especialmente en provincias con fuerte heterogeneidad en infraestructura y capacidades de gestión. Las organizaciones gremiales, por su parte, alertan que el proyecto implicaría un debilitamiento de la carrera docente, aunque el borrador aún no incluye detalles concretos sobre ese punto.

La discusión también remite a fallidos intentos previos de implementar vouchers o modelos de financiamiento por demanda, tanto en países desarrollados como en experiencias provinciales dentro de la Argentina. El interrogante que circula en el ámbito académico es si esta propuesta responde a diagnósticos reales del sistema o si, por el contrario, se orienta a transformar la estructura educativa sobre bases ideológicas antes que pedagógicas.

Advertencias

En ese contexto, Gustavo Zorzoli —figura de referencia en el debate público— analizó con época el borrador y sus implicancias. Zorzoli es exrector del Colegio Nacional Buenos Aires y actual profesor de la Facultad de Arquitectura (UBA) y referente de la reconocida ONG "Argentinos por la Educación".

"Es sumamente importante que la sociedad conozca este proyecto del Gobierno (que si bien no lo confirma como oficial, lo considera de trabajo interno), ya que no solo no resuelve ninguno de los problemas que tiene el sistema educativo argentino, sino que genera las condiciones para más desigualdad y futuros negocios en ese sector".

Con este mensaje de WhatsApp, Zorzoli lanzó sus primeras advertencias públicas sobre el texto en cuestión. Y fue entonces el punto de partida para la entrevista con este diario.

¿Cómo define este borrador del proyecto?

Lo defino como un retroceso en la mayoría de sus intenciones, más allá del incumplimiento de lo establecido en nuestra Constitución Nacional.

¿Cree que atiende los verdaderos problemas del sistema educativo argentino?

La propuesta en el proyecto de ley no viene a resolver ninguno de los problemas que en la actualidad tiene el sistema educativo argentino.

¿Por qué en su mensaje de advertencia dice que genera condiciones de más desigualdad y futuros negocios en ese sector?

Digo que generaría más desigualdad porque invierte un principio básico que es que el Estado tiene —y debe tener— una responsabilidad indelegable del derecho a la educación y no subsidiaria.

El proyecto plantea un impacto a la educación laica. ¿Qué opina al respecto?

Planteo que el proyecto retrocede en el tiempo porque ya la Corte Suprema de la Nación dejó en claro en el caso de Salta que las escuelas públicas de gestión estatal no pueden en ningún caso enseñar religión en sus establecimientos. La propuesta claramente es un guiño a la educación religiosa, que en nuestro país tiene un desarrollo propio dentro de la escuela de gestión privada.

¿El financiamiento educativo debe ir por estos ejes que propone el proyecto: por escuelas, por cantidad de individuos y por familias?

El proyecto no hace otra cosa más que validar los vouchers educativos, que ya fracasaron en todos los países en los que se pusieron en funcionamiento e incluso existe una experiencia en nuestro país, en una provincia, en la cual no funcionó.

El proyecto aplica la lógica del mercado y el capital en el sistema educativo: escuelas-empresa y directivos-gerentes. ¿Comparte esa lectura?

Esa es la ideología del Gobierno y el proyecto va en consonancia con esas ideas.

¿Qué problemas urgentes quedan a la deriva con esta propuesta?

El problema fundamental hoy es la calidad de la educación, tanto en el sistema primario como en el secundario.

El debate que viene

El borrador del proyecto llega en un momento en que la discusión educativa acumula enormes deudas estructurales: caída en los aprendizajes, deterioro de la inversión, brechas crecientes entre provincias y tensiones laborales persistentes.

En este marco, la iniciativa del Gobierno abre una disputa sobre el sentido mismo del sistema: si la educación debe ser tratada como un servicio sujeto a reglas de mercado o como un derecho social que el Estado garantiza.

Sobre financiamiento universitario

Esta iniciativa también alcanza el financiamiento universitario, una cuestión bastante sensible para la administración nacional. Establece que los aportes del Estado nacional para las instituciones de educación superior "se distribuirán en función del número de estudiantes matriculados en cada institución, el tipo de carrera ofrecida y su área de formación, las carreras estratégicas, el número de egresados, las áreas de vacancia, los hospitales y/o escuelas secundarias que posean a su cargo, la actividad científica y tecnológica y otros criterios que defina el Consejo Interuniversitario Nacional", expresa el artículo 128.

Cambios en la manera de enseñanza y el rol del Estado

Algunos artículos esenciales:

Rol del Estado (Art. 1, 3, 11):

El Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes y reconocer la validez de las titulaciones.

Se rige por el principio de subsidiariedad, actuando como garante del derecho a la educación sin sustituir la responsabilidad familiar ni la iniciativa social.

Debe garantizar la oferta gratuita de educación en instituciones estatales en todos los niveles.

Libertad y Autonomía Educativa (Art. 3, 37):

Principio de Libertad educativa: derecho a enseñar y aprender conforme a las propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos.

Las instituciones gozan de autonomía institucional y pedagógica, pudiendo elaborar planes de estudio propios (Art. 37).

Formas Alternativas de Enseñanza (Art. 43):

Se reconoce el derecho a la Educación Básica mediante formas alternativas desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos.

Disposiciones sobre financiamiento de las escuelas y para estudiantes

Equidad y Criterios (Art. 11, 67, 72):

El Estado debe financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones estatales y privadas mediante criterios centrados en el estudiante y el sostenimiento de la institución (Art. 11).

El financiamiento se canalizará por:

Asignaciones destinadas a instituciones (estatales y privadas).

Asignaciones otorgadas a las familias o alumnos (becas, vales educativos, créditos fiscales u otros).

Aportes a privadas (Art. 69):

Las jurisdicciones deben implementar un sistema de aportes económicos a las instituciones privadas para garantizar el derecho a elegir educación acorde a las convicciones familiares.

Se garantiza que la suma del aporte estatal y el límite máximo a la contribución de las familias no sea inferior al financiamiento por alumno en instituciones estatales de igual nivel y carga horaria.

Asignaciones a Familias/Alumnos (Art. 73):

Están orientadas a asegurar la libre elección de la institución educativa y la equidad en el acceso a propuestas.