Récord de ataques a la prensa en Argentina
Organizaciones y periodistas denuncian un empeoramiento acelerado del clima para el trabajo periodístico. La CIDH evalúa una visita al país ante el incremento de agresiones y cuestionamientos al rol del Estado.
Argentina registró 257 agresiones a la prensa en 2025, el nivel más alto desde que FOPEA tiene registros y muy por encima de los 179 casos de 2024. El incremento, que duplica los valores de 2022 y crece más de 50% respecto de 2023, refuerza las alertas de un deterioro acelerado de la libertad de expresión.
FOPEA atribuye el empeoramiento a un salto inédito de agresiones, a un uso cada vez más frecuente de acciones judiciales contra periodistas y a un aumento de la violencia física en protestas. Voces del propio foro advierten un "deterioro veloz", mientras referencias internas señalan una estrategia de descalificación que convierte a los periodistas en "objetos desechables".
El caso más grave fue la herida en la cabeza que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo tras el disparo de un gendarme. Paralelamente, se denunciaron campañas de hostigamiento desde cuentas oficiales, con especial ensañamiento contra mujeres. Para Julia Mengolini, el Gobierno utiliza el aparato estatal para perseguir y silenciar con mensajes de odio. Otros periodistas y especialistas señalan que los ataques buscan intimidar y desalentar investigaciones sensibles, y que el uso de la justicia genera un clima de miedo.
FOPEA también cuestionó declaraciones presidenciales que -según la entidad- alimentan la hostilidad. Ante este escenario, organizaciones como FOPEA y Poder Ciudadano acudieron a la CIDH para solicitar una misión oficial, la derogación del Decreto 780/2024, un observatorio permanente, la activación de acuerdos judiciales y un protocolo que garantice litigios sin costos en casos de acceso a la información. Las autoridades de la CIDH expresaron preocupación y anticiparon su interés en visitar el país.
El Gobierno nacional rechaza que exista un deterioro estructural: afirma que los episodios son aislados, que la actividad periodística está protegida y que no hay violaciones masivas de derechos humanos. La distancia entre esta postura y las advertencias de los organismos mantiene el conflicto abierto, mientras las agresiones continúan en ascenso y profundizan el debate sobre la protección del periodismo en Argentina.