Reactivan debate sobre eutanasia en el país tras nueva ley uruguaya

Tras los movimientos legislativos en la región, robustecidos por la reciente aprobación de la ley de eutanasia en Uruguay, el diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos (exvicepresidente de la Nación), decidió volver a poner sobre la mesa del Congreso argentino un proyecto de ley integral destinado a legalizar tanto la eutanasia como el suicidio asistido.

Esta nueva iniciativa (que se suma a otras cuatro presentadas en los últimos años) busca establecer un marco regulatorio claro y estricto para aquellos ciudadanos que enfrentan padecimientos insoportables, que despenalice la asistencia y garantice un proceso que respete la autonomía del paciente hasta el final.

El expediente tomó estado parlamentario hace un par de semanas y fue girado a las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública, y Legislación Penal.

La propuesta de Cobos establece una serie de requisitos rigurosos diseñados para asegurar que la decisión sea meditada, informada y persistente. En primer lugar, se exige que el solicitante sea mayor de edad o, en una cláusula que amplía el acceso, que sea ciudadano argentino o residente en el país por al menos doce meses consecutivos. El criterio médico fundamental es padecer una enfermedad grave e incurable o una condición crónica y debilitante que cause un sufrimiento intolerable.

Un pilar central de la propuesta es el consentimiento informado. El paciente debe recibir información completa sobre todas las alternativas disponibles, incluyendo los cuidados paliativos, antes de manifestar su deseo. Este consentimiento no es un acto único: el proyecto exige la presentación de dos solicitudes formales separadas por un intervalo mínimo de quince días asegurando la persistencia de la voluntad.

Además, para blindar el proceso legalmente, se requiere la validación de estas solicitudes ante un tribunal o un escribano público y se contempla la posibilidad de revocar la solicitud en cualquier momento.

Definición y modalidades

El proyecto del exvicepresidente distingue claramente dos modalidades para la interrupción de la vida: la práctica eutanásica, en la que el profesional de la salud administra directamente la sustancia letal y la muerte asistida, donde el médico prescribe la sustancia para que el paciente se la autoadministre.

Ambas opciones están reservadas para casos de enfermedad grave e incurable con pronóstico fatal próximo o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

Requisitos

En detalle, el texto establece un conjunto de condiciones rigurosas que deben cumplirse de manera acumulativa. Condición del solicitante: debe ser mayor de edad y contar con nacionalidad argentina o crucialmente ser residente por al menos doce meses consecutivos. Consentimiento informado: la solicitud debe ser libre, informada y reiterada, formalizada por escrito ante escribano público o juzgado con presencia de dos testigos.

Es fundamental que el paciente haya recibido información completa sobre alternativas, incluyendo los cuidados paliativos. Solicitudes reiteradas: el proyecto exige la presentación de dos solicitudes formales, las cuales son revocables en cualquier momento sin necesidad de formalidad.

El proceso diseñado es intrincadamente secuencial para blindar la decisión. Comprende: 1. Evaluación Médica Inicial. El médico responsable verifica los requisitos. Si no se cumplen, el paciente puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación (CGE) en 15 días. 2. Proceso Deliberativo. Si se cumplen las bases, se inicia un periodo deliberativo donde participan especialistas en psiquiatría y psicología para confirmar la madurez del juicio y la inequívoca voluntad del paciente.

3. Consulta externa: tras el consentimiento final por escrito, se requiere un informe de un médico consultor independiente que corrobore el cumplimiento de las condiciones. 4. Verificación Previa de la CGE: si el informe es positivo, el médico notifica al presidente de la CGE, quien designa a dos miembros (médico y abogado) para realizar una verificación previa que, de ser favorable, constituye la resolución para proceder.

La iniciativa aborda varios aspectos sensibles. Uno de ellos es la objeción de conciencia: se permite explícitamente a los profesionales sanitarios, siempre que los establecimientos garanticen la derivación y la prestación asistencial no se vea menoscabada. También define que la prestación debe ser cubierta de forma integral y gratuita por el sistema de salud (público, obras sociales y prepagas).

Promueve modificación del Código Penal, ya que propone la incorporación del Art. 83 bis, estableciendo que la eutanasia o muerte asistida realizada bajo el marco legal no será considerada delito. Paralelamente, se castigará la dilación o negativa injustificada a realizar el procedimiento autorizado.

El caso Ludueña

La solicitud de una mujer de 63 años, María del Carmen Ludueña, de acceder a la eutanasia, puso nuevamente bajo la lupa del sistema judicial y social argentino la tensión existente entre el derecho a morir dignamente y la prohibición explícita de la asistencia médica para morir. El caso, que llegó hasta la Suprema Corte bonaerense, obliga a examinar los límites de la legislación vigente y la necesidad de una respuesta legislativa ante el sufrimiento refractario.

Ludueña, residente de la localidad de Moreno, padece desde 2001 una artritis reumatoidea poliarticular, seropositiva y erosiva en su forma más grave. Después de siete años postrada en su cama, con dolores crónicos que desafían cualquier tratamiento analgésico, su pedido de eutanasia fue denegado tanto en primera como en segunda instancia.

El rechazo judicial inicial fue calificado como in limine (de plano), es decir sin siquiera adentrarse en el análisis de sus condiciones particulares de sufrimiento. La fundamentación del rechazo se basó en un punto ineludible: la eutanasia no está tipificada como legal en el ordenamiento jurídico argentino. Por lo tanto, la resolución final de su situación, en ausencia de una ley que habilite la asistencia médica para morir deberá ser dictada exclusivamente por la vía judicial, caso por caso.

Pioneros hace 13 años

Argentina fue pionera en la región al sancionar en 2012 la Ley de Muerte Digna (Ley 26.742). Esta normativa consagró un avance fundamental en el respeto a la autonomía del paciente, permitiendo que una persona que padezca una enfermedad irreversible, incurable o en estado terminal pueda rechazar tratamientos médicos que únicamente busquen prolongar su vida a costa de causarle sufrimiento.

Sin embargo, la Ley de 2012 establece una distinción crucial: habilita el retiro de soportes vitales y el rechazo a tratamientos, pero no incluye ni regula la eutanasia activa ni el suicidio asistido. Es en esta frontera en la que el caso de Ludueña encuentra su principal obstáculo legal.