Colaboración
Los jubilados financian el ajuste
Desde hace años, cada cambio en la fórmula de movilidad previsional promete mejorar la situación de los adultos mayores, pero en los hechos ocurre lo contrario, quienes ya atravesaron una vida de trabajo vuelven a ser los que sostienen el ajuste fiscal. El nuevo índice combinado repite este patrón. Aunque técnicamente se presente como una herramienta de "ordenamiento" y "sustentabilidad", sus efectos concretos consolidan una transferencia silenciosa de recursos desde los jubilados hacia el Estado, sin evaluar el impacto humano.
En estos días fue publicado en los medios el índice combinado que se aplica es para la determinación del haber inicial, producto del prorrateo de los haberes de los últimos 10 años, para aquellas personas que se jubilen a partir del 1/12/2025.
La crítica central es que la movilidad no acompaña la inflación real.
Los haberes que surgen de la determinación inicial se actualizan muy por debajo de la variación de precios, mientras los gastos esenciales medicamentos, alquileres, alimentos y servicios aumentan mucho más rápido. La pérdida de poder adquisitivo no es ocasional: es sistemática. Cada trimestre, la capacidad de compra retrocede. Un jubilado que necesita medicación crónica pierde autonomía económica y, con ella, calidad de vida.
Hoy en día el haber inicial del jubilado representa apenas un 50% del soñado 82% movil.
El problema no termina en la fórmula, empieza antes. El haber inicial está profundamente desactualizado y el sistema previsional argentino fue abandonando el principio de sustitución adecuada, que establece que la jubilación debe representar una parte razonable del salario previo. Hoy, el puente entre vida activa y retiro está roto. Una persona que aportó durante décadas queda atada a un monto inicial que no refleja su historia laboral. Y si ese punto de partida ya es insuficiente, ninguna fórmula posterior podrá corregirlo.
Para comprender la dimensión humana del ajuste, basta observar historias cotidianas como la de Don Ernesto, un metalúrgico que trabajó desde los 17 años. Al jubilarse, cobró apenas un tercio de su salario en actividad. Entre medicamentos cardíacos, alimentos y servicios, el ingreso no alcanzó. Con el correr de los meses, los aumentos por el IPC aplicado de dos meses atrás, siempre quedaron por detrás de la inflación. Ernesto terminó dejando su casa alquilada para mudarse con su hija. Aquella autonomía que imaginaba para su vejez se convirtió en una lucha permanente por sostener lo básico. Su historia no es excepcional, es la historia que se repite en casi 6 millones de jubilados en todo el país.
En ninguna ciudad de nuestro país, una jubilación mínima alcanza a cubrir un alquiler y mucho menos los costos de salud entre otros que tiene que afrontar la vejez y que hacen que la vulnerabilidad se profundice. Muchos adultos mayores reducen medicamentos, cambian alimentos frescos por opciones más baratas y dejan de usar calefacción o refrigeración sus hogares.
La movilidad previsional, lejos de ser una herramienta protectora, administra una caída sistemática del nivel de vida.
A este panorama se suma un debate que vuelve a la agenda política, el aumento de la edad jubilatoria a 70 años como supuesta salida para la sustentabilidad del sistema. Se trata de una discusión que suele plantearse desde el cálculo fiscal, no desde la realidad social. ¿Puede un país con altos índices de informalidad, trabajos precarios y desgaste físico en múltiples actividades exigir a su población trabajar hasta los 70 años?
La idea de "trabajar más años para sostener el sistema" es, en muchos casos, una simplificación peligrosa. La sustentabilidad previsional no se logra retrasando el retiro de quienes ya están agotados por décadas de actividad, sino fortaleciendo la base del sistema, fomentando la creación de empleo formal; reduciendo la evasión y el trabajo no registrado; mejorando la fiscalización; generando nuevos instrumentos de financiamiento; y, sobre todo, con un compromiso real del Estado para garantizar los recursos de la seguridad social. El problema no se resuelve haciendo que las personas trabajen más años, se resuelve haciendo que el sistema funcione mejor.
Además, un aspecto pocas veces mencionado es el rol del sistema financiero. En todo el mundo, los regímenes previsionales se complementan con instrumentos de ahorro e inversión a largo plazo que permiten diversificar el financiamiento. En Argentina, la escasa profundidad del mercado de capitales y la falta de políticas estables impiden que existan alternativas complementarias que alivien la carga sobre el Estado. Ampliar el sistema financiero, fomentar el ahorro previsional voluntario y crear herramientas accesibles y seguras permitiría generar recursos adicionales sin cargar todo el peso sobre los jubilados.
La verdadera reforma no debe girar en torno a una edad jubilatoria más alta, sino alrededor de un modelo que combine sostenibilidad económica con dignidad humana.
Finalmente, la preocupante realidad es que en el país son los jubilados quienes sostienen gran parte del equilibrio fiscal proclamado.
Pero incluso en medio de este panorama duro, todavía queda una pregunta que interpela a toda la sociedad, ¿qué lugar estamos dispuestos a darles a nuestros abuelos, que construyeron con su trabajo la Argentina que hoy habitamos? No se trata solo de números, fórmulas o porcentajes. Se trata de vidas. De historias. De hombres y mujeres que durante treinta o cuarenta años se levantaron temprano, trabajaron, criaron familias, impulsaron comercios, sostuvieron industrias, cuidaron hogares, edificaron barrios y mantuvieron en funcionamiento un país que muchas veces no les devolvió lo que merecían.
La movilidad, la edad jubilatoria, el financiamiento del sistema previsional, todo eso importa; pero ninguna reforma será completa si pierde de vista el factor más importante, y eso es "la dignidad humana". No es posible construir un país equilibrado dejando atrás a sus adultos mayores ni resignándose a que la vejez sea una etapa de sacrificio silencioso. Ningún plan económico serio puede sostenerse sobre la renuncia de quienes ya hicieron su parte. Lo justo es que, al llegar a esa etapa, el Estado les devuelva cuidado, seguridad y respeto.
Argentina necesita entender que la sustentabilidad del sistema no se logrará extendiendo la edad jubilatoria ni con más ajuste a los jubilados. La verdadera sustentabilidad surge del compromiso político, de una administración eficiente, de un sistema financiero capaz de acompañar, y de una sociedad que no mire para otro lado porque un país que cuida a sus mayores se cuida a sí mismo. Y un país que los abandona está dejando de creer en su futuro.
Una Nación que honra a quienes trabajaron toda su vida no solo cumple su Constitución, también honra su propia historia. Los jubilados no son una carga. Son la raíz. Y ningún árbol crece fuerte si descuida sus raíces.
