El desempleo se combate con crecimiento, no con precarización

Por estos días, Argentina se ve sacudida por debates acerca del futuro de las clases trabajadoras. Ese debate plantea sin tapujos derechos sí, derechos no. No es una discusión nueva porque la pelea por los derechos de los trabajadores es eterna si tenemos en cuenta que a lo largo de la historia las elites resolvieron que quienes cargan con el esfuerzo de producir bienes no se queden con el pedazo más grande de los beneficios que genera esa producción.

Un poco de historia

En la antigüedad, la esclavitud era la forma en que las elites gobernantes se apropiaban de la generación de riquezas, un flagelo que duró hasta bien entrado el siglo XX en algunos países y se mantiene para actividades ilegales como la producción, distribución y venta de drogas.

En la edad media existía el vasallaje porque el poderío económico radicaba en el dominio del territorio a manos de los señores feudales denominados nobles. Estos nobles cobraban a sus vasallos una renta por otorgar el permiso a producir en sus tierras y como puede verse en algunas películas de época hasta lo cobraban con el derecho a violar mujeres en la primera noche del matrimonio con alguno de sus súbditos. Así de brutales eran las relaciones económicas y sociales.

Con la llegada del capitalismo como sistema de producción, se produjo una gran transformación ya que la fabricación en masa creó un nuevo tipo de relación laboral que incluía el trabajo asociado de muchos obreros y también creció la conciencia del derecho a tener una vida digna.

Desde finales del siglo XIX esa pelea por derechos no es otra cosa que una puja por el reparto de las riquezas que se producen en el marco de las relaciones patrón-empleado que el capitalismo establece.

Argentina es un país que vive desde siempre en el ámbito de la cultura occidental, con todo lo bueno y lo malo que eso trae. En el marco de las relaciones económicas, Argentina nunca en 225 años de historia como país soberano tuvo un gobierno que represente a la izquierda, aunque Javier Milei y sus acólitos mientan todos los días al respecto.

La idea fija de la reforma laboral

Para suerte de la clase obrera y asalariada, entre 1890 y 1945 la política argentina resolvió a favor de equilibrar las relaciones entre patrones y empleados. Fue uno de los primeros países del mundo en regular las relaciones de trabajo a partir del reconocimiento del principio de que el Estado, a través de sus leyes, debe proteger al más vulnerable y el más vulnerable en esa relación es el obrero o empleado asalariado.

En ese marco, y por impulso de los pocos legisladores socialistas que llegaban al Congreso, durante la presidencia de Hipólito Yrigoyen se logró sancionar la ley de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de esparcimiento, se sumaron las vacaciones pagas, jubilación, la obra social, la prohibición del trabajo infantil, la ley de la silla que creaba el derecho a trabajar sentados.

Antes de esas leyes no había límite de jornada laboral y las fábricas argentinas de principio de siglo tenían una costumbre deleznable conocida como la "ley de la cama caliente", era que en la propia fábrica había dormitorios y cuando un obrero desfallecía de cansancio por trabajo continuo durante 14 a 16 horas, iba a despertar al compañero que estaba en el catre para que ocupe su lugar en la línea de producción y se dormía en la improvisada cama.

Pongan atención de lo que hablamos. Hizo falta legislar para imponer el criterio de que un empleado tenga una silla en su lugar de trabajo, hubo que prohibir taxativamente el trabajo infantil y conseguir esa legislación no fue gratuita; hubo mucha represión y muerte detrás de cada avance legislativo en la materia.

Todas esas leyes que se hicieron efectivas a partir de 1946 y no fueron impedimento para que Argentina pudiera tener pleno empleo, con mejor o peor suerte hasta 1976.

Argumentos falaces

Pero analicemos argumentos. "Las leyes laborales impiden la libre contratación de empleados". Nada más falso porque Argentina vivió una explosión de pleno empleo en cada período de vigencia del estado derecho desde 1945 en adelante hasta 1976, con picos de desempleo en cada gobierno de facto que llegaba después de un golpe de estado financiado por las patronales y aprovechado por los militares para hacerse del poder.

Lamentablemente, para las clases asalariadas desde ese fatídico año nunca más fue lo mismo.

Fue desde la dictadura de José Alfredo Martínez de Hoz, representante de las patronales concentradas, y el general Jorge Rafael Videla, en que se instrumentaron políticas de flexibilización laboral y eliminación progresiva de derechos laborales que nunca más fueron iguales, para imponerla no dudaron en matar y hacer desaparecer trabajadores y dirigentes gremiales.

El desempleo empezó a crecer desde 1980 y lamentablemente no se detuvo ni con el regreso de la democracia. Desde ese año a 1990, se mantuvo en un promedio de 6 a 7 por ciento, pero con las leyes de flexibilización laboral que impuso Domingo Cavallo con la firma de Carlos Menem, las privatizaciones de las empresas estatales y otorgar "facilidades para la rotación laboral", eufemismo con el cual se disfraza el despido arbitrario la escalada no se detuvo y llegó a picos cercanos al 20%. (Ver infografía adjunta)

Desde 2003 a 2023, la curva descendió de la mano del crecimiento económico y también hubo medidas legales que restablecieron derechos laborales, como la doble indemnización por despido y un Gobierno que, por lo menos en el discurso, decía defender a los trabajadores.

Entre 2003 y 2023, el desempleo osciló entre el pico de 14% ese año y el piso de 5% en 2023 con picos del 11% durante la pandemia, según lo refleja la EPH.

Vale aclarar que en estas dos décadas también hubo cierto maquillaje a las cifras de desempleo, ya que a los fines estadísticos de la EPH se considera ocupado a quien recibe planes sociales, pero eso no disimula la crisis de empleo que padece.

Si se buscan estadísticas sobre aportes de la Asignación Universal por Hijo, se podrá verificar que la cantidad de chicos beneficiarios de la AUH oscila del 35% al 54% en las cuatro provincias del NEA. La provincia del Chaco es la que más alto porcentaje de chicos percibe de este beneficio. El promedio para el NEA es de 43. Teniendo en cuenta la cantidad de menores a 18 años por provincia y restando los chicos que perciben algún tipo de beneficio se demuestra que entre el 22% y el 37% no percibe ningún tipo de asistencia.

Si se suman estos porcentajes entre el 72% y el 85% con un promedio para la región de 76,5% de los menores a los 18 años viven en hogares con serios problemas laborales, porque vale aclarar que para percibir la AUH los padres deben demostrar que no tienen empleo registrado.

Para completar, según el INDEC la tasa de desempleo del segundo trimestre del presente año es de 7,6% y el índice de subocupación es 11,6%, es decir hay un 19,4% de argentinos en condiciones trabajar, con problemas laborales durante la gestión libertaria.

Otra frase que no tiene sustento es "hay que terminar con la industria del juicio laboral". No hay industria del juicio laboral porque si no, los tribunales del fuero no darían abasto en estos tiempos en que cierran empresas, sobre todo las PYMES, todos los días o bien grandes industrias que licencian y presentan el recurso preventivo de crisis porque sus ventas no le pueden garantizar rentabilidad, por lo menos la rentabilidad que desean.

En la década de los 90 se flexibilizaron las leyes laborales, pero cayó la producción industrial casi hasta la extinción y fue esa crisis la que llevó a Néstor y Cristina Kirchner al poder en 2003. En ese Gobierno hubo crecimiento a "tasas chinas" de la mano de los precios de las exportaciones, sobre todo de la soja, y con el restablecimiento de ciertas leyes laborales, aunque con tolerancia a la precariedad laboral hubo disminución del desempleo no porque los empresarios de cualquier tamaño tuvieran miedo a los juicios laborales, sino porque vendían más, necesitaban producir más y contrataban más.

Además, vale explicar que el criterio que enarbola Milei y es acompañado por los empresarios argentinos es que el contrato laboral es un contrato paritario, por eso es que argumentan que debe ser libre y dejarlo a criterio de patrón y empleado sin ninguna intervención de la autoridad estatal. Otra burda mentira: no hay paridad entre patrón y empleado, así como no hay paridad entre propietario e inquilino porque Milei quiere aplicar en el mundo del trabajo el mismo principio con el cual derogó la ley de alquileres a través de un DNU.

Viejas formas de explotación

Es cierto que hay trabajadores con modalidades que requieren actualizaciones legales, que regulen sus tareas para que no sean sometidos a condiciones de explotación de la edad media y evitar la legalización del abuso. Los trabajadores de aplicaciones son víctimas de un sistema feudal, porque en el capitalismo tradicional es el empresario quien se hacer cargo del costo de los medios de producción, pero en el tecnofeudalismo que se impone desde los centros de poder es el trabajador de Uber el que corre con los gastos de mantenimiento del auto.

En diálogo con referentes gremiales, este cronista aprendió que un operario de Rappi o Pedidos Ya es esencialmente un gastronómico, pero no se le reconoce ese derecho. Lo mismo pasa con los empleados de call center por su tarea son telefónicos, pero como el convenio de comercio paga menos, los encuadran entre los mercantiles.

Demás está decir que estas actividades están en auge por la crisis que afrontamos a nivel global. Si se miran las gráficas de desempleo histórico, también de podrá comprobar que la cantidad de empleo disminuye en coincidencia con las crisis recurrentes que padecemos los argentinos.

El crecimiento de una empresa no depende de más o menos leyes laborales, depende de la bonanza o crisis económica que afecta a una sociedad. Con o sin leyes de protección laboral si hay crecimiento, si el mercado interno tiene capacidad de compra, se vende más y hace falta producir más, se contrata más y se mejoran los ingresos; independientemente de si se puede o no echar gente sin indemnizarla.

De hecho, desde que asumió Milei extendió el período de prueba de muchas empresas y la rotación de jóvenes en comercios, call centers y otras empresas de servicios es brutal y perjudicial, ya que los contratan por 3 o 4 meses y los despiden para ubicar a otros que también saben que su trabajo no será estable. Un altísimo porcentaje de esos contratos se hace sin registrar.

Ese derecho patronal a explotar un joven por tres o cuatro meses, hasta cinco, no detiene el cierre de empresas porque puede seguir así por toda la eternidad, pero si la gente no entra al local a comprar no puede pagar salarios ni hacer sustentable su emprendimiento.