El proyecto de reforma laboral y su impacto previsional

"Carlos fue empleado metalúrgico y comenzó a trabajar durante los años noventa. En aquella época, las reformas laborales promovieron contratos temporales, pasantías prolongadas y acuerdos por productividad que no siempre generaban aportes. Había programas de promoción de empleo para los jóvenes. Carlos trabajó con continuidad durante años, pero bajo modalidades discontinuas. Cuando llegó a la edad para jubilarse, descubrió que gran parte de su historia laboral no figuraba en los registros de ANSES. Los empleadores habían aportado de forma intermitente algunos meses sí y otros no. Hoy, está jubilado gracias a una moratoria, que le permitió completar los años faltantes, pero su haber mensual es bajo y no refleja su verdadera trayectoria de trabajo. Su historia no es una excepción: es el reflejo de lo que ocurre cuando la flexibilización laboral se impone sobre la estabilidad, los derechos laborales y el impacto directo sobre el sistema previsional".

En estos días posteriores a las elecciones legislativas, el gobierno nacional presentó los lineamientos de un amplio proyecto de reforma laboral. Se trata de una iniciativa que busca modificar aspectos estructurales del régimen de trabajo argentino, con la consigna de reducir costos, fomentar el empleo formal y generar mayor competitividad.

Entre sus puntos más relevantes se incluyen la ampliación de la jornada laboral, la flexibilización de convenios colectivos, la posibilidad de pagar indemnizaciones en cuotas y la redefinición de beneficios no remunerativos. En apariencia, el objetivo es crear un marco más dinámico para la generación de empleo formal. Sin embargo, el impacto previsional de estas medidas puede ser negativo y muy preocupante.

En materia jubilatoria, el riesgo central reside en la expansión de los conceptos no remunerativos. Cuando una parte del salario pasa a abonarse bajo rubros que no integran la base de aportes —como almuerzos, útiles escolares o servicios de telefonía e Internet— ese dinero no genera contribuciones a la seguridad social. El trabajador recibe más en el bolsillo hoy, pero aporta menos para su jubilación mañana. Esa brecha no solo reduce su haber futuro, sino que también debilita la recaudación de ANSES y con ella la sustentabilidad de todo el sistema.

La reforma también introduce mayor flexibilidad en las formas de contratación y permite a las empresas adaptar jornadas mediante bancos de horas o acuerdos individuales. Si bien estas herramientas pueden mejorar la productividad, también fomentan una dinámica laboral más inestable, con interrupciones frecuentes y vacíos de aportes. Cada período sin contribución implica un obstáculo adicional para alcanzar los 30 años requeridos para jubilarse, aumentando la dependencia futura de moratorias o regímenes especiales o simplemente quedar sin la posibilidad de jubilarse o quedar excluido del sistema.

Otro punto crítico es la reducción de contribuciones patronales para quienes incorporen nuevos empleados. Aunque en el corto plazo puede incentivar la contratación, si esos beneficios se financian con menores aportes al sistema, el efecto final será un desequilibrio aún mayor entre ingresos y egresos previsionales.

Desde el Estado se sostiene que el propósito es "modernizar" las relaciones laborales. Pero esa modernización no puede desligarse de su impacto sobre el sistema jubilatorio, que depende directamente de los salarios y de la estabilidad en el empleo. Si se flexibiliza el trabajo, se fragmenta el salario y se debilita la continuidad contributiva, lo que se pone en riesgo no es sólo la seguridad y estabilidad del trabajador activo, sino la inclusión del futuro jubilado al sistema.

Por otro lado, la sustentabilidad del sistema previsional argentino ya enfrenta grande y serios riesgos, alta informalidad, bajos salarios y un envejecimiento demográfico creciente. Reducir los aportes o ampliar los mecanismos de pago no contributivo profundiza ese desequilibrio. En el corto plazo puede ofrecer alivio financiero a las empresas, pero a largo plazo implica jubilaciones más bajas, mayor dependencia del Estado y un sistema cada vez menos sustentable.

La verdadera reforma laboral que la Argentina necesita debe fortalecer la formalidad, pero también preservar el principio contributivo que sostiene el derecho a una jubilación digna. Se trata además de crear empleo, garantizar también, que ese empleo genere aportes reales y continuos.

Porque detrás de cada beneficio "no remunerativo" o de cada incentivo patronal hay una consecuencia silenciosa, un jubilado del futuro que cobrará menos de lo que merece.

El desafío no es técnico, es político, ético y moral. Se trata de decidir si el país avanza hacia un modelo que priorice la rentabilidad solamente o hacia uno que preserve el valor del trabajo digno, como base de la construcción de un país en desarrollo y en paz.

Una mirada al futuro y la necesidad de un nuevo pacto social

Toda reforma laboral, por su naturaleza, redefine las relaciones de poder entre el capital y el trabajo. Pero cuando se extiende su alcance al sistema previsional, redefine también el contrato social que une a las generaciones. El sistema jubilatorio es, en esencia, un pacto intergeneracional, los que hoy trabajan financian a los que ya se retiraron, con la expectativa de que, mañana, otros harán lo mismo por ellos. Si ese pacto se debilita, se erosiona la confianza en el Estado y en la justicia del sistema.

Por eso, cualquier transformación profunda debería acompañarse de una reforma previsional integral, debatida con responsabilidad y visión de largo plazo. No se trata de subir la edad jubilatoria o ajustar fórmulas, sino de asegurar que el trabajo formal vuelva a ser la puerta de entrada a una vida y una vejez digna.

La Argentina necesita un nuevo pacto social que reconcilie productividad con equidad, inversión con protección, eficiencia con humanidad. Porque ningún país se construye sacrificando a sus jubilados, y ningún futuro sostenible se levanta sobre la base de derechos debilitados.

El debate que hoy se abre en el Congreso no es solo económico. Es, en el fondo, una discusión sobre qué sociedad queremos ser. Y esa respuesta no puede medirse en balances contables, sino en valores: los que determinan si entendemos al trabajo como un costo o como el verdadero motor de la dignidad humana.

(* )Abogada egresada de la UNNE. Especialista en derecho provisional. planificación patrimonial y sucesoria.

Por Silvia Zarza