Condenado por abuso sexual de mujer con discapacidad auditiva
La víctima padece de sordera y no habla con la voz. Su atacante era del entorno familiar. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Justicia llevaron la acusación conjunta.
La Justicia de Corrientes halló culpable a un hombre por la violación de una mujer que padece discapacidad auditiva y tampoco habla con la voz. El delincuente la atacó en su casa del paraje El Caimán, departamento de San Miguel, donde la víctima estuvo todo el tiempo imposibilitada de pedir auxilio.
El concubino de la mujer y su hija habían salido rato antes hacia el pueblo desde una zona semirrural donde está ubicada la vivienda de la familia. Este dato lo conocía el autor del delito, puesto que era conocido de ellos e incluso los acercó hasta el poblado en su motocicleta.
A sabiendas de que la mujer con discapacidad quedó sola volvió hacia la zona, escondió la moto e ingresó a la vivienda donde la sometió sexualmente.
El ilícito ocurrió el 28 de enero de este año y el último viernes el Tribunal Oral Penal 1 declaró penalmente responsable al hombre que llegó imputado como autor del delito de "abuso sexual con acceso carnal".
Mañana, el Tribunal conformado por María Mercedes Leconte, Ana del Carmen Figueredo y Darío Ortiz, dará a conocer el monto de la pena que el violador, Héctor Daniel Ríos, deberá cumplir en prisión.
Para llegar al esclarecimiento del caso y el posterior fallo fue destacado el rol de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Santa Rosa y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia que facilitó la asesoría letrada gratuita del doctor Rudy Pérez Conrado, para accionar en una querella conjunta.
Sorteando las dificultades del caso llevaron adelante una Cámara Gesell en que actuaron de manera activa la licenciada Cynthia González Sequeira, miembro de Cuerpo de Psicología Forense de Santa Rosa, y dos peritos traductores de lenguaje de seña: uno oficial, Analía Montenegro, y otro de parte, Alejandro González. Así, hicieron honor a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, explicaron a época.
La mujer agredida hizo la denuncia después de recibir contención y acompañamiento en el Centro de Atención Integral de Violencia de Género. A partir de allí, el abogado Rudy Pérez, asesor jurídico penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tomó contacto con ella y asumió la representación como querellante gratuito durante el proceso.
Durante el debate, el Tribunal aplicó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional, subrayando la obligación de garantizar un acceso efectivo a la Justicia en casos de violencia contra personas en situación de vulnerabilidad.
"Desde el Ministerio garantizamos acceso real a la Justicia para quienes más lo necesitan. Este caso muestra cómo la Asesoría Penal Gratuita cumple un rol fundamental en la defensa de los derechos de las víctimas en situación de vulnerabilidad", resaltó el abogado.