Las críticas de jueces y fiscales a la propuesta del Poder Ejecutivo
El 23 de septiembre, referentes del Poder Judicial de Corrientes manifestaron en el Palacio Legislativo objeciones a la iniciativa que busca provincializar la competencia sobre causas de narcomenudeo. En un encuentro público, magistrados y fiscales coincidieron en que la norma carece de respaldo presupuestario, limita la investigación a eslabones menores de la cadena delictiva y agravaría la crisis penitenciaria.
Diego Núñez Huel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes, sentó la postura institucional: "Nuestra posición es contraria a la ley". Explicó que la provincia ya reformó el Código Procesal Penal sin recibir los recursos necesarios y que lo mismo ocurriría con esta iniciativa.
Además, señaló que la Justicia provincial solo podría actuar sobre el último eslabón de la cadena narco: "Tumbaremos el kiosquito, meteremos preso al vendedor, pero los narcos pondrán otro a la vuelta. Estaremos limitados para investigar la distribución".
En la misma línea, el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Chaín, advirtió que no existe ni presupuesto ni herramientas suficientes para afrontar el cúmulo de causas que se sumarían. Incluso reconoció que no se tiene certeza sobre qué drogas se consumen en Corrientes.
Más duro aún fue el ministro especialista en Derecho Penal del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Panseri, quien cuestionó que el proyecto habilite a los fiscales a ordenar allanamientos sin firma judicial: "Es inconstitucional". También alertó sobre la creación de un organismo policial para perseguir el narcomenudeo, recordando casos recientes de corrupción en las fuerzas. "Necesitaríamos una estructura como la DEA, en que los agentes no tengan diferenciación jerárquica", afirmó. Agregó que los recursos materiales son insuficientes: desde el armamento hasta las embarcaciones con las que se enfrentan a los traficantes.
El fiscal general César Sotelo se sumó a los cuestionamientos y planteó sus dudas en relación a que el Gobierno nacional cumpla con los aportes de los fondos: "En los acuerdos anteriores nunca cumplieron. No nos van a dar ni para un chicle Bazooka". Aclaró que la lucha contra las drogas debe ser integral y apuntar a las grandes organizaciones, no solo a los vendedores barriales.
Por último, la jueza de Ejecución de Condena, María Teresa Zacarías, alertó sobre el hacinamiento carcelario: "En el complejo penitenciario número 1 hay hasta cinco presos en celdas para dos. ¿Qué haríamos si se consagra la ley de narcomenudeo? ¿Dónde pondríamos semejante cantidad de condenados?".
Las voces del Poder Judicial coinciden: sin recursos ni una estrategia integral la ley de narcomenudeo no solo resultaría ineficaz, sino que podría profundizar los problemas existentes en la Justicia y el sistema penitenciario de Corrientes.