La discutida Ley de Narcomenudeo generó nuevos cortocircuitos

Miradas cruzadas y opiniones enfrentadas. El Gobierno provincial pisó el acelerador y pretende que salga, en lo inmediato, la Ley de Narcomenudeo. Los actores de la Justicia correntina se oponen. Aseguran que no cuentan con recursos, ni infraestructura, ni personal humano, ni logística. Incluso adujeron que ahora las cárceles correntinas están colapsadas y que no imaginan cuál será la situación tras la implementación de esta ley. Desde la Justicia Federal les señalaron que fijen una política criminal, les recordaron que son experiencias que se van implementando paulatinamente, pero sin pausas en las provincias y que fueron exitosas en aquellos distritos que lo incorporaron. Y, palabras más palabras menos, que dejen de quejarse.

Si la Legislatura correntina aprueba la Ley de Narcomenudeo, sería la Justicia Provincial – ya no la Federal – la que debería entender en las causas de la venta minorista de estupefacientes (la de los kioscos de drogas de los barrios, la de los narcodeliverys).

El proyecto fue presentado y es impulsado por el Gobierno de Gustavo Valdés. En julio pasado, el Senado correntino le dio media sanción al proyecto de Narcomenudeo y el expediente pasó a la Cámara de Diputados. Para la semana pasada estaba prevista la sesión en la que se esperaba el tratamiento de la iniciativa (fue incluido en el Orden del Día) y, de acuerdo a los números legislativos, todo estaba dado para su aprobación definitiva. Sin embargo, una nota de funcionarios de la Justicia Federal frenó el análisis del proyecto en el recinto. Tal misiva derivó en que la mayoría del oficialismo no fuera a la sesión y que cayera por falta de quórum.

Los funcionarios judiciales pidieron ser escuchados por los diputados. Entonces, la presidencia del cuerpo y la de la comisión de Asuntos Constitucionales fijaron para ayer a la mañana el encuentro de los legisladores con los actores de la Justicia Federal, pero se amplió la invitación a los representantes de la Justicia Provincial quienes, en definitiva, tendrán que lidiar con el problema en caso de que se apruebe el proyecto.

Y allí, uno a uno, los referentes de la Justicia local fustigaron duramente el texto del proyecto de ley.

El primero fue Diego Núñez Huel, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes (institución que nuclea a jueces, fiscales, defensores, asesores y secretarios). "Nuestra posición es contraria a la ley", aseveró en el inicio de su alocución. Dio dos razones. La primera, la presupuestaria. Recordó que la Provincia reformó el Código Procesal Penal y que ello debía venir con nuevos recursos ("inyección presupuestaria necesaria", dijo). Y que esto no pasó. Argumentó que lo mismo ocurriría con la Ley de Narcomenudeo. Y agregó que con escaso presupuesto, la Justicia correntina debía hacer frente a estos delitos que son entre el 60 y 70% de las causas narco.

El segundo punto sería que solo podrían investigar el último eslabón de la cadena narco y no podrían avanzar con la investigación "para arriba". "Tumbaremos el kiosquito, meteremos preso al vendedor, que es el eslabón sacrificable, pero los narcos pondrán otro kiosco a la vuelta. Y estaremos limitados para investigar la cadena de distribución", argumentó.

Alejandro Chain, ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), también hizo hincapié en la falta de recursos para hacer frente a la sumatoria de causas con las que deberían tratar en caso de aprobarse la ley. Y dejó en claro la falta de elementos para enfrentar la problemática: aseguró que ni siquiera conocen a ciencia cierta qué es lo que se consume en Corrientes.

El siempre verborrágico Eduardo Panseri, también ministro del STJ, fue elocuente en su durísima crítica al proyecto. Aseguró que "una orden de allanamiento sin una firma de un juez es inconstitucional", por el texto en el que establece que el fiscal puede ordenarlo. Al analizar la conformación de un organismo policial que se encargaría exclusivamente del narcomenudeo, recordó que recientemente un alto jefe de esa fuerza, encargado de la investigación de casos relacionados a la venta de drogas, fue destituido y que otro fue condenado por la Justicia Federal. Dijo que sería necesaria una organización, como la que posee la DEA, en el que los agentes no tengan diferenciación de jerarquías.

Panseri también apuntó a la falta de elementos para combatir la narcocriminalidad y puso como ejemplo el armamento que tiene Gendarmería contra el que portan los criminales. O las lanchas de Prefectura contra las embarcaciones de los traficantes.

El tema del dinero y los salarios también fue abordado por Panseri. Dijo que en los operativos de narcomenudeo siempre se secuestra dinero. Y que quien lo cuenta es un policía con un bajo salario.

César Sotelo, fiscal General, reprochó con dureza el texto del proyecto en el que se asevera que los recursos económicos deberían provenir del Estado nacional. Recordó que en acuerdos anteriores, la Nación nunca cumplió con lo pautado. "No nos van a dar ni para un chicle Bazooka", apuntó.

"Tenemos que hacer un trabajo integral porque no vamos a pelear contra el kiosquero, vamos a pelear contra las grandes organizaciones", señaló luego.

A su turno, la jueza de Ejecución de Condena de la provincia de Corrientes, María Teresa Zacaríaz, pintó un panorama sombrío de la situación carcelaria. Aseveró que en el complejo penitenciario número 1 hay hasta cinco presos en celdas preparadas para dos. "¿Qué haríamos si se consagra la Ley de Narcomenudeo? ¿Dónde pondríamos semejante cantidad de condenados?", se preguntó.

En la vereda de enfrente se pararon los representantes de la Justicia Federal. El primero en hablar fue Enzo Mario Di Tella, Defensor Público Oficial. Recordó que la provincia tiene 25 departamentos, 77 municipios y que solo existen tres jueces federales activos e igual número de fiscales. Y que las fuerzas federales no tienen asentamiento en la mayor parte del territorio. Destacó que es la policía provincial la que descubre el 80-90% de los delitos de narcomenudeo por su conocimiento del territorio.

Pero fue Carlos Schaffer, fiscal Federal de la provincia, quien más distancia tomó de sus pares de la Justicia correntina. Les recordó que la aplicación de esta ley en otras provincias es viejísima y que dio muy buenos resultados en los distritos donde se implementó. Dijo que solo falta una férrea decisión política. "Cuando resolvieron que no querían piqueteros, se acabaron los piquetes", argumentó. Apuntó que es destacable que cualquiera de las cinco fuerzas pueda investigar casos de estas características y que la falta de recursos a ellos también los afectó, pero que no les impidió continuar con las investigaciones y condenas (365 el año pasado).

Por lo pronto, el proyecto sería tratado el próximo miércoles. Y todo hace prever que será ley.