El Gobierno pide el tratamiento de la ley contra el narcomenudeo
El proyecto tiene media sanción del Senado. Ingresaría hoy a la Cámara de Diputados. Adhiere a una ley nacional de desfederalización parcial de la persecución de los delitos de narcotráfico. El Gobernador solicitó su tratamiento.
La llamada Ley de Narcomenudeo tomaría hoy estado parlamentario en la Cámara de Diputados de Corrientes que ya cuenta con media sanción del Senado Provincial. El gobernador Gustavo Valdés reclamó, en reiteradas ocasiones, el tratamiento de la iniciativa, ya que consideró que es una herramienta necesaria para la lucha contra el narcotráfico.
"Hay que preguntar a la oposición por qué no asistió", expresó el Mandatario provincial a la prensa respecto de la media sanción de la llamada Ley de Narcomenudeo en la Cámara de Senadores de Corrientes. El proyecto de ley que adhiere al Artículo N°34 de la Ley Nacional N°23.737, modificado por la Ley Nacional N°26.052, fue aprobada por la Cámara alta provincial con votos del oficialismo, que es mayoría en el cuerpo.
"Nos ayudará a mejorar el sistema de seguridad", manifestó el titular del Ejecutivo provincial a la prensa tras la inauguración de la Comisaría N°24 el pasado lunes, instalación ubicada en la zona del Campus Universitario "Deodoro Roca". Valdés, además, solicitó el tratamiento de la Ley de Arancelamiento de los Hospitales Públicos.
No fue la primera vez que el Gobernador reclamó el debate de ambas iniciativas, filtrándose de esta manera las pujas propias de la campaña electoral por la Gobernación. Ambas cámaras son caja de resonancia de este escenario, en el cual competirán varias fuerzas, muchas de ellas con representación legislativa.
En el caso de que el cuerpo sesione hoy, ya que hace prácticamente un mes no hay quorum, ingresaría el proyecto de ley que adhiere a la Provincia al Artículo N°34 de la Ley N°23.737 que modifica la Ley de "desfederalización parcial de la competencia penal en materia de estupefacientes", la Nº26.052.
Esta norma nacional fue promulgada en agosto de 2005 y, entre las modificaciones, señaló que se condicionó "la competencia material y territorial para ciertas figuras, fijando pautas para el destino de las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados", según indica la iniciativa.
"Tras la modificación que introdujo la Ley Nº26.052, el sistema dejó de ser unívocamente federal y se facultó a las provincias - mediante una ley de adhesión - para perseguir, juzgar y reprimir ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes. Así, de acuerdo con lo establecido por el Artículo 2°, podrían investigarse ciertos ilícitos, previstos en la Ley N°23.737, en la órbita de la Justicia provincial", expresa el proyecto.
La iniciativa indica que uno de los principales argumentos a favor de la desfederalización parcial es la descentralización en la administración de Justicia, ya que la ley permitiría que los casos más simples y que, no involucren a grandes organizaciones criminales, sean tratados por la Justicia provincial. Esto, lo que habitualmente se conoce como narcomenudeo. De esta manera, se intentaría evitar la sobrecarga de los juzgados federales.
"La descentralización permite que las provincias gestionen de manera más eficaz los problemas relacionados con las drogas en función de sus realidades específicas", sostiene el expediente que tiene media sanción de la Cámara alta provincial.
Piden contemplar la infraestructura
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes manifestó su opinión respecto del proyecto de ley conocido como de desfederalización parcial de la lucha contra el narcotráfico. A través de una nota enviada a la Cámara de Diputados de Corrientes expresaron que "desde un enfoque de eficiencia y eficacia judicial", su sanción sería "inconveniente". La iniciativa tiene media sanción del Senado.
Evaluaron que, de aprobarse dicho proyecto, "todas las causas que se inicien por estos hechos van a pasar a ser admitidas y gestionadas por el sistema judicial provincial en el fuero penal, que", aún se encuentra "en proceso de acomodamiento y readecuación al nuevo sistema procesal penal acusatorio". Explicaron que se requiere de una "estructura orgánica suficiente", esto implica jueces, fiscales, defensores, asesores, secretarios, funcionarios, asistentes, entre otros; como así, una "adecuada infraestructura material y tecnológica".