Leconte, candidato para dar...

(Viene de la página 8).
Lo que planteamos los liberales es fomentar la inversión privada, sacarle el pie de encima al que produce por parte del Estado y darle todas las facilidades. Esos impuestos son distorsivos, ahuyentan la inversión y no son necesarios.
¿Cómo se implementarían esas medidas?
Corrientes recibe un importe de coparticipación todos los meses, y de todo lo que recibe, Ingresos Brutos y Sellos representan el 11%. La provincia podría eliminarlos y manejarse con lo que recibe de coparticipación. Para eso hay que bajar gastos, controlar el gasto político, y desde la Legislatura mi trabajo pretende auditar los privilegios que tiene la política.
Se debe gobernar siendo ciudadanos comunes. El político no debe tener privilegios. Hay que terminar con vehículos oficiales para la política. Una ambulancia, un móvil, una camioneta de la DPEC son necesarios.
Los funcionarios no deben tener vehículos provistos por el Estado. Sin caer en los excesos, hay cuestiones como la movilidad del gobernador o del presidente del STJ. Hay que auditar el manejo discrecional de los vales de combustible y otros gastos que se utilizan como herramientas políticas.
¿Qué piensa hacer con los cargos jerárquicos?
Nosotros proponemos reducir la planta jerárquica. Por ejemplo, eliminar la figura del viceintendente, que no cumple una función visible y no es necesaria. Antes se preveía que el titular del Concejo reemplace al intendente. También se debe derogar la reelección indefinida para los cargos de concejales y legisladores. Hay cuestiones para estudiar y bajar el gasto político y el gasto público.
Hay privilegios que se deben terminar, como la falta de acceso a la información pública, porque Corrientes no tiene una ley que posibilite ese acceso.
¿No alcanza con la Constitución?
Debería, pero si un ciudadano quiere pedir un informe de algo, es muy difícil que pueda acceder. Hay una ley nacional a la que no adherimos. Ya que habla de la Constitución, hay institutos constitucionales que no se implementan. Hace cinco años que no se designa al Defensor del Pueblo, no se divide el Ministerio en Defensoría, Fiscalías y Asesorías, pese a que hay un fallo de la Corte Suprema. Tampoco se designa un titular de la Dirección de Investigaciones Administrativas.
(Sigue en la página 10).