Un laberinto burocrático y un grito de justicia social

 En la provincia de Corrientes, esta transición no es una senda pavimentada, sino un verdadero calvario que afecta tanto a los docentes provinciales como a aquellos que, habiendo prestado servicios a nivel nacional o en el ámbito de escuelas o instituciones privadas, se encuentran atrapados en las marañas de un sistema complejo y, en ocasiones, ineficiente.

Es imperativo abordar con la franqueza que exige la realidad la situación que padecen miles de educadores. La jubilación, que debería ser el merecido descanso tras una vida dedicada a la formación de futuras generaciones, se convierte para ellos en una batalla campal contra la burocracia, la desinformación y, lamentablemente, la desidia administrativa. He sido testigo de las angustias y frustraciones que esta coyuntura genera en un sector tan vital de nuestra sociedad.

Comencemos por la situación de los docentes provinciales de Corrientes. Su régimen previsional, anclado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, presenta particularidades que, lejos de simplificar el proceso, lo enredan. La normativa provincial, si bien en teoría busca proteger sus derechos, en la práctica se desdibuja una falta de agilidad que resulta inaceptable.

Uno de los obstáculos más recurrentes es la prueba de los servicios. La historia laboral de un docente provincial, marcada por licencias, suplencias, cambios de escuela, ascensos de jerarquía y, en ocasiones, períodos de discontinuidad, se convierte en un rompecabezas cuya reconstrucción recae íntegramente sobre el hombro del futuro jubilado. Las constancias de servicios, muchas veces son archivadas de manera deficiente en las instituciones educativas o en los propios organismos provinciales. Es habitual que se soliciten certificaciones de muchos años de antigüedad que resultan imposibles de obtener debido a la pérdida de registros o la desaparición de archivos. La carga de la prueba se traslada de forma desproporcionada al docente, quien se ve obligado a peregrinar de escuela en escuela, de archivo en archivo, en una búsqueda de antecedentes que solo dilata el trámite y genera un desgaste emocional insostenible.

Un docente debe iniciar sus trámites jubilatorios con al menos dos años de anticipación para poder llegar a la edad y jubilarse con un poco más de tranquilidad.

A esto se suma la valoración de los aportes y la correcta liquidación del haber inicial. El cálculo del haber jubilatorio de un docente provincial no es una ecuación lineal. Intervienen diversas variables como los cargos desempeñados, las bonificaciones percibidas, los regímenes especiales y los períodos de aportes simultáneos. La falta de claridad en los procedimientos de cálculo y la opacidad en la información generan una incertidumbre constante. No son pocos los casos en los que el haber inicial liquidado difiere significativamente de las expectativas del docente, obligándolo a iniciar reclamos administrativos y judiciales engorrosos que pueden extenderse por años, sumiendo al jubilado en una situación de vulnerabilidad económica.

Por otra parte, la falta de una digitalización integral y accesible de los legajos y expedientes se convierte en la gran barrera. Si bien se han realizado avances, el sistema aún dista de ser eficiente. La dependencia de expedientes físicos, que se extravían, se demoran en las distintas reparticiones o simplemente se "traspapelan", es una realidad que retrasa indefinidamente los trámites y alimenta la desesperación del futuro jubilado.

Ahora bien, la problemática no se circunscribe únicamente al ámbito provincial. Los docentes nacionales, aquellos que prestaron servicios en escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Nación o que realizaron aportes al sistema nacional (ANSES), también se enfrentan a un laberinto burocrático, aunque con sus propias particularidades.

La principal dificultad radica en la unificación de los servicios cuando existen aportes en diferentes cajas previsionales. Es común que un docente haya trabajado parte de su vida bajo el régimen provincial y otra parte en escuelas privadas, o en otras provincias. La tramitación de la jubilación en estos casos se convierte en un complejo ejercicio de coordinación entre organismos previsionales dispares. La famosa "prueba de servicios" aquí se duplica, triplica o se multiplica según la cantidad de cajas intervinientes. La ANSES, si bien ha avanzado en la digitalización, aún presenta demoras en la consolidación de los aportes y en la obtención de certificaciones de servicios provenientes de otras jurisdicciones.

La aplicación de los convenios de reciprocidad previsional también genera dificultades. Si bien estos convenios buscan garantizar la computación de todos los servicios prestados, su interpretación y aplicación no siempre son unívocas. Esto se traduce en demoras injustificadas y, en algunos casos, en la denegación de períodos de servicios que, de acuerdo a la ley, deberían ser reconocidos.

En suma, la situación de los docentes, tanto provinciales como nacionales, en el camino hacia su jubilación es una clara manifestación de la necesidad imperiosa de una reforma integral en la gestión previsional. No se trata de un problema menor o de casos aislados; es una realidad que afecta a un número significativo de personas.

Las soluciones deben ser estructurales y urgentes. Es fundamental la digitalización plena y la interoperabilidad de los sistemas de información entre la Caja de Jubilaciones Provincial, ANSES y los Ministerios de Educación. Esto permitiría la creación de legajos electrónicos únicos, accesibles tanto para la administración como para el propio docente, eliminando la necesidad de la peregrinación por oficinas y la presentación de papeles que se pierden.

Finalmente, es indispensable una revisión de la carga de la prueba en la acreditación de servicios. La administración, que posee los registros y el deber de garantizarlos, debe asumir un rol más activo en la reconstrucción de las historias laborales de los docentes, especialmente cuando se trata de períodos remotos. No se puede cargar sobre el hombro de quien ha dedicado su vida a la enseñanza la responsabilidad exclusiva de un sistema que, históricamente, ha sido deficiente en el resguardo de la información.

La jubilación de un docente no es un favor, es un derecho adquirido, fruto de años de dedicación y servicio. Es hora de que el Estado, en sus distintas jurisdicciones, asuma con seriedad la responsabilidad de garantizar que esta etapa de la vida sea vivida con la dignidad y la tranquilidad que nuestros maestros merecen. La burocracia no puede ser un muro infranqueable que atente contra la justicia social para quienes hoy solo anhelan el justo y merecido descanso.

(*) Abogada – Egresada de la UNNE

Especialista en derecho previsional y planificación patrimonial y sucesoria.

Por Silvia Zarza