¿Los animales tienen derechos?

No es la primera vez que ocurre, de nuevo un caso de maltrato animal. Esta vez, una yegua de arrastre, con signos evidentes de insuficiente alimentación, de trabajos extenuantes y, seguramente, también sometida a castigos físicos, fue abandonada a su suerte, por sus dueños o tenedores, después de haberse desplomado en la vía pública agotada por el cansancio y el trabajo extremo en carro de arrastre y carga.

Un claro ejemplo que revela, una vez más, que en muchos casos la perversidad del humano no tiene límites. La noticia, reportada por este diario en su edición del lunes 16 de junio, da cuenta de este hecho, aludiendo a que un tribunal administrativo de faltas de nuestra ciudad, aplicando disposiciones del recientemente sancionado Código de Convivencia, de 21/09/2023 (el maltrato animal, en general, está regulado en el Artículo 8.1.1.2 y el abandono en el Artículo 8.1.1.3), emitió un fallo ejemplar -y destacable por cierto-sancionando a los responsables del maltrato animal con una multa económica equivalente en pesos.

Pero, más allá de que se está ante una infracción de naturaleza administrativa y que los tribunales de faltas deben actuar, con arreglo a la ley, en situaciones de este tipo, el maltrato animal -en sus diversas modalidades-, también es un delito que está previsto en la Ley 14.346, vigente en Argentina desde el 27/09/1954 (ver Buompadre Jorge E., Delitos contra los animales, Editorial ConTexto, Resistencia, Chaco, 2023) cuyos responsables deben ser sometidos a una investigación penal obligatoria, por cuanto se trata de delitos de acción pública, que obligan a los funcionarios públicos (juez de Faltas, fiscales, etcétera) que toman conocimiento de los mismos en ejercicio de sus funciones, a formular la correspondiente denuncia ante las autoridades competentes (Artículo 71, Código penal; Artículos 269, 273, Código Procesal Penal Corrientes.; ver Buompadre Jorge E., Comentario al Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, Editorial ConTexto, 2019).

Tanto el maltrato como los actos de crueldad -que configuran situaciones o estados diferentes que se generan en la estructura física y/o psíquica de un animal, provocados por la acción delictiva- tienen en la ley mencionada, una misma penalidad: de 15 días a un año de prisión, escala penal que, por un lado, se muestra como de muy baja graduación (repárese en que el hurto de un chocolatín tiene una pena máxima de dos años) -motivo por el cual en el Anteproyecto de Código Penal 2024 impusimos una pena máxima de tres años-. Por otro lado se evidencia una escala claramente discutible, pues el grado de intensidad de una conducta de crueldad es mayor que el de una conducta de maltrato, de manera que -por imperativo del principio de proporcionalidad- el marco punitivo debería ser diferente en uno y otro caso.

Ahora bien, y respecto al caso que nos ocupa, debemos determinar qué delito se habría cometido (si es que se cometió alguno) al abandonar al animal en la vía pública. Si este solo fuera el caso, no habría delito, por cuanto la Ley 14.346 no castiga el abandono en sí mismo, sino en aquellas hipótesis en las que el abandono sea de un animal que haya sido utilizado en experimentaciones (Artículo 3.5). Claro que, si se determinó, vía examen de peritos, algún acto de violencia contra el animal abandonado (heridas, contusiones, roturas de huesos, etcétera), signos de mala o insuficiente alimentación, estado físico inadecuado para el trabajo, el arrastre de vehículos pesados o con carga excesiva, etcétera, entonces sí estaríamos frente a conductas delictivas que deben ser motivo de investigación penal, como actos de maltrato.

En definitiva, sea cuál fuere la conducta maltratadora seleccionada en el fallo del tribunal de faltas de mención, recaída sobre la yegua abandonada en la vía pública (seguramente la infracción pudo haber sido el maltrato genérico y/o el abandono de un animal doméstico, porque no tuve en mis manos la decisión judicial, sino solo la noticia periodística), lo que tenemos que entender como sociedad es que los animales no son cosas ni muebles, no son iguales a los objetos inanimados, sino que son seres vivos dotados de sensibilidad, que se manifiestan no solo por el hecho de existir, sino que, además, tienen emociones que los hacen susceptibles de sentirse alegres, tristes, enojados, con hambre, con sed, con miedos, etcétera.

Son seres sintientes, no son personas, pero sí son sujetos de derecho y, por ello, el orden jurídico les debe reconocer como tales. Si así no fuera, si no tuvieran derechos, si no fueran sujetos no humanos -porque el Código civil y Comercial, en el Artículo 227, los califica como cosas, muebles-, entonces no debería ser delito el acto de maltrato, porque las cosas carecen, por un lado, de la calidad de "víctimas" (una piedra o una silla, por ejemplo, no podrían ser sujetos pasivos de un acto de maltrato o de crueldad) y, por otro lado, no tienen un derecho a la vida o a la integridad física y psíquica, como sí lo tienen los animales a que hace referencia la Ley 14.346.

De modo que, si por esta ley, el legislador entendió que se puede hacer sufrir o matar un animal, entonces hay que admitir que los animales no son cosas, sino seres vivos, que tienen un estatus especial diverso de las cosas y que deben ser reconocidos por el Derecho.

Todos, como sociedad, debemos exigir a los legisladores que votamos, que articulen proyectos tendientes a lograr una reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, orientados a modificar la condición jurídica de los animales, siguiendo los lineamientos marcados por otros ordenamientos de nuestra región, como Colombia y Chile, y de Europa, como Alemania, Suiza, Austria, Francia, Bélgica, Portugal y España, normativas en las que se ha considerado a los animales lo que ellos son, por su propia naturaleza, seres vivos dotados de sensibilidad.

En síntesis, se debe reconocer de una vez por todas, una realidad incontestable, que los animales son seres vivos y, por ende, deben ser sometidos a un régimen jurídico distinto de las cosas, como se declara en el Artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que exige que los Estados respeten las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles.

Por Jorge Eduardo Buompadre